Cecilia del Carmen Martínez Chavez
Expediente 394/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Cecilia del Carmen Martínez Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Devolución de tomo anexo. Devuélvase a la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca, el legajo de copia certificada del juicio agrario 907/2017, que anexó al rendir el informe justificado respectivo. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Relevancia documental. De conformidad con el artículo 15, fracción X, del Acuerdo General invocado previamente, este asunto se considera de relevancia documental, por versar sobre materia agraria; por tanto, se conservará en su integridad en original. 7. Plazo de resguardo. Con fundamento en el artículo 16 del mismo acuerdo general, este expediente será transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. 8. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 10. Incidente de suspensión. Por último, como se advierte de la certificación de cuenta este juicio de amparo se tramitó con incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en el cuaderno relativo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 394/2022 MESA III-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, en esta data (veintiuno de junio del año en curso) causó ejecutoria la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el juicio. 2. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", concretamente, en el capítulo 7, en particular en el apartado 7.5, punto 4, se comunica a las partes que este expediente se considera de relevancia documental, por versar sobre materia agraria. 3. Precisión del destino (conservable). En esas condiciones, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15, fracción X, del Acuerdo General invocado previamente, al considerarse de relevancia documental, por versar sobre materia agraria; se conservará en su integridad el original de este incidente. 4. Plazo de resguardo. Por ello, con fundamento en el artículo 16 del mismo acuerdo general, este expediente será transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable y de relevancia documental. 5. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 7. Se pone a disposición de la parte quejosa billete de depósito. Por otro lado, toda vez que en auto de veinte de abril de dos mil veintidós se ordenó la devolución del billete de depósito N 929571 por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, para garantizar la suspensión provisional de los actos reclamados. En consecuencia, tal garantía queda a su disposición, dentro del término de dos años, contados a partir del siguiente al en que surtió efectos la notificación del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, como lo dispone el numeral 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación (fecha en que pudo ser exigida jurídicamente la devolución). Con apercibimiento que de no comparecer para la devolución de tal billete, en ese lapso, el mismo prescribirá a favor del erario federal, en términos del artículo citado en el párrafo que antecede. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 394/2022 Acuerdo: INC 394/2022 MESA III-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, en esta data (veintiuno de junio del año en curso) causó ejecutoria la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el juicio. 2. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", concretamente, en el capítulo 7, en particular en el apartado 7.5, punto 4, se comunica a las partes que este expediente se considera de relevancia documental, por versar sobre materia agraria. 3. Precisión del destino (conservable). En esas condiciones, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15, fracción X, del Acuerdo General invocado previamente, al considerarse de relevancia documental, por versar sobre materia agraria; se conservará en su integridad el original de este incidente. 4. Plazo de resguardo. Por ello, con fundamento en el artículo 16 del mismo acuerdo general, este expediente será transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable y de relevancia documental. 5. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 7. Se pone a disposición de la parte quejosa billete de depósito. Por otro lado, toda vez que en auto de veinte de abril de dos mil veintidós se ordenó la devolución del billete de depósito N 929571 por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, para garantizar la suspensión provisional de los actos reclamados. En consecuencia, tal garantía queda a su disposición, dentro del término de dos años, contados a partir del siguiente al en que surtió efectos la notificación del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, como lo dispone el numeral 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación (fecha en que pudo ser exigida jurídicamente la devolución). Con apercibimiento que de no comparecer para la devolución de tal billete, en ese lapso, el mismo prescribirá a favor del erario federal, en términos del artículo citado en el párrafo que antecede. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 394/2022 MESA 3 Visto para resolver el juicio de amparo 394/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito de demanda depositado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en este municipio y turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, Cecilia del Carmen Martínez Chávez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca y de otra autoridad, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de uno de abril de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 394/2022, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento, en auto de seis de abril de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformo el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto se reclama a autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de la totalidad de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca: La falta de emplazamiento al juicio agrario 907/2017. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. El magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca, al rendir el informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Existencia que se corrobora con la copia certificada del expediente agrario 907/2017, que remitió el magistrado responsable; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la parte quejosa contar con el interés jurídico para acudir a esta vía constitucional. Los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello, se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o a virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras conviene precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En tanto que para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. Es dable destacar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, registro 2019456, del texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En el caso, la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio agrario 907/2017; juicio en el que refirió se disputan parte del terreno del cual es legítima poseedora, con base en la constancia de posesión de treinta y uno de marzo de dos mil veinte. Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente agrario se advierte que: ? Guadalupe Martínez Avendaño mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil diecisiete demandó a Antonio Armando Aragón, entre otras prestaciones, la restitución del predio ubicado en Privada Libertad 68, interior 2, Colonia Centro, San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca. ? Mediante sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la responsable determinó lo siguiente: Con base en lo anterior, se afirma, la parte quejosa no acreditó su interés jurídico en este juicio de amparo, en primer término, porque la autoridad responsable, al emitir la sentencia correspondiente, determinó improcedente la acción intentada por la parte actora y dejó a salvo los derechos de las partes; de ahí que la sentencia no tuvo ningún alcance declarativo y, por tanto, no existe ejecución alguna derivada de la resolución, lo que evidencia que la determinación dictada en el juicio donde reclama la falta de emplazamiento no le ocasiona ningún perjuicio. En segundo término, porque al momento en que se inició el juicio agrario, esto es, once de agosto de dos mil diecisiete, no tenía ningún derecho que defender en relación al terreno que aduce tiene en posesión con base en el acta de posesión de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, ya que fue hasta dos años después del inicio del juicio en que adquirió la posesión del predio que pretende defender en este juicio de amparo. Por ello, la parte quejosa no demostró la afectación que le ocasiona la falta de llamamiento al juicio agrario 907/2017. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, página 3797, registro 2023700, del texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉSTE EL TERCERO EXTRAÑO CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA DE UN INMUEBLE, PORQUE NO CONTIENE MANDATO DE EJECUCIÓN SOBRE SUS BIENES, NI DECLARA LA NULIDAD DEL TÍTULO CON EL QUE SE OSTENTA CON DICHA CALIDAD. Hechos: Los terceros extraños promovieron juicio de amparo para reclamar la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil sobre prescripción positiva respecto a un inmueble, en el que se determinó procedente la acción. El Juez de Distrito sobreseyó, porque el acto reclamado no afecta el interés jurídico de los quejosos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la sentencia que declara la prescripción positiva de un inmueble no contiene mandato de ejecución sobre los bienes del quejoso, ni declara la nulidad del título con el que se ostenta como tercero extraño, por lo que no afecta sus derechos y, por ende, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en su contra. Justificación: Lo anterior, porque las sentencias declarativas, como su propio nombre lo indica, resuelven únicamente sobre la declaración de un hecho, un derecho o un deber relacionado con determinada situación jurídica, la cual es anterior a la existencia del procedimiento, por lo que el objeto de la resolución es confirmar o rechazar aquéllas. En ese sentido, la acción de prescripción adquisitiva o positiva tiene una naturaleza meramente declarativa, razón por la cual es necesario que la prescripción ya esté consumada al tiempo de ejercitarse la acción, puesto que quien la deduce afirma que se ha convertido en propietario del bien controvertido, por haberlo poseído por el tiempo y con todos los requisitos exigidos por la ley para prescribir. Por tal razón, dicha sentencia tiene carácter declarativo, sin que sus efectos impliquen una condena o ejecución. Además, la acción presupone el reconocimiento de la posesión invocada por la parte actora, ya que es ésta quien señala tenerla y no el demandado, por lo que en caso de acreditarse dicho requisito en conjunción con los demás señalados por la ley, la consecuencia jurídica es generar la propiedad. Precisamente, por esa circunstancia, debido a que la posesión constituye un elemento de la acción y al acreditar que el demandado no la posee, la sentencia no tiene el alcance jurídico de ordenar el lanzamiento, entrega de la posesión del inmueble por parte del demandado o que se ordene poner en posesión a los actores que obtuvieron la declaración de haber adquirido la propiedad del bien en disputa por prescripción positiva; por ello, no existe ejecución alguna derivada de la resolución. Así como la tesis del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1803, registro 2005906, del texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. CARECE DE ÉSTE EL QUEJOSO QUE, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO SUMARIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PRO FORMA). Conforme a la doctrina judicial, el interés jurídico en el juicio de amparo se entiende como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa afectación cese; por tanto, carece de éste el quejoso que, ostentándose como tercero extraño a juicio, reclama la falta de emplazamiento al juicio sumario civil de otorgamiento y firma de escritura, pues aun cuando resultara ser propietario del bien inmueble que fue materia de ese procedimiento, el efecto de la sentencia que ahí se pronuncia, por la propia naturaleza de la acción pro forma, no lo priva de derecho de propiedad o posesión alguno, pues su única finalidad es lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que, aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, sin prejuzgar sobre el mejor derecho de propiedad del vendedor (demandado en el juicio natural) o de algún tercero". Precisiones: No pasa inadvertido que: I. No se hubiere requerido a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al actuario del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca, con motivo que reclama la falta de emplazamiento. II. No se hubiere llamado como terceros interesados a la parte demandada del juicio agrario. Sin embargo, lo anterior se consideró innecesario atendiendo el sentido de esta determinación. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Cecilia del Carmen Martínez Chávez, contra la falta de emplazamiento al juicio agrario 907/2017 atribuible al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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