Cecilia de Jesús Jiménez Montoya y Otros.

Expediente 1471/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1471/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2016

Partes del expediente

  • Cecilia de Jesús Jiménez Montoya y Otros.
  • Cecilia de Jesús Jiménez Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de octubre de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º., segundo párrafo, agréguese el oficio suscrito por el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual devuelve sin diligenciar el exhorto electrónico número 218/2016 del índice de este juzgado; en tal virtud, dese de baja la comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo. En ese sentido, de las actuaciones practicadas por el actuario adscrito al Juzgado exhortante, se advierte que no fue posible notificar a la quejosa Celia de Jesús Jiménez Montoya, el auto de seis de septiembre del año en curso, pues indicó que los datos del domicilio con los que contaba no eran suficientes para su localización; en consecuencia, se ordena notificarle el referido auto por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por último, incorpórese a los autos el oficio 38331/2016, signado por el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual acusa recibo del exhorto remitido por este órgano jurisdiccional e indica que procedió a su diligenciación.

  3. Principal

    MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Secretario encargado del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que remite la demanda de amparo promovida por Cecilia de Jesús Jiménez Montoya, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, al haberse declarado incompetente para conocer de la misma por razón de territorio; al efecto, toda vez que la autoridad declinante en acuerdo de veintinueve de agosto último, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo toda vez que argumenta que el acto reclamado pretende ejecutarse en esta Ciudad de Oaxaca, en consecuencia, ya que se comparte el criterio sostenido por el Juez declinante, este Juzgado Primero de Distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de garantías, por lo que acúsese el recibo respectivo. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1471/2016. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, la promovente del amparo reclama del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad: 1. El cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, dictado en su contra, con la amenaza de la suspensión del suministro de energía eléctrica. 2. La orden de pago injustificado con cantidades excesivas y suspensión de energía eléctrica dictada en su contra. Como antecedentes de dichos actos, señala: 1. Que el dieciséis de febrero del año en curso, llegaron a su domicilio unas personas diciendo que eran empleados de la Comisión Federal de Electricidad, enviados por el Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio laboral en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la intención de retirar su medidor tradicional, pretendiendo cambiarlo por uno digital/electrónico, a lo cual se opuso, dado que no sabe utilizarlo, y aquellos le dijeron que posteriormente le darían un curso a todos los Chiapanecos, para aprender a usarlos; con lo cual no está de acuerdo, a lo que le dijeron que es obligatorio y le comentaron que cada vez que se quede sin energía eléctrica en su casa, deberá ir a recargar una tarjeta que le dejarían, en cajero automático llamado Cefemático; por lo que estima que con esas acciones vulneran sus derechos fundamentales, al pretender realizar un cambio de medidor de lectura del suministro de energía eléctrica en su domicilio, que jamás solicitó y la inminente suspensión unilateral del servicio, sino acepta ese cambio y si no paga el arbitrario recibo que pretender cobrarle. Así también, la quejosa manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. En el caso, contra los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En el caso, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de Amparo, ya que señala que en esa fecha llegaron a su domicilio unas personas diciendo que eran empleados de la Comisión Federal de Electricidad, enviados por el Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio laboral en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la intención de retirar su medidor tradicional, pretendiendo cambiarlo por uno digital/electrónico, sin que lo permitiera; que le dijeron que es obligatorio y le comentaron que cada vez que se quede sin energía eléctrica en su casa, deberá ir a recargar una tarjeta que le dejarían, en un cajero automático llamado Cefemático; que le suspenderán el servicio si no acepta ese cambio y si no paga el recibo que pretenden cobrarle. Por lo que resulta evidente que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, desde el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; por tanto, si su demanda la presentó hasta el tres de agosto de dos mil dieciséis, como se advierte de la cuenta asentada por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que la quejosa contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del quejoso en este medio de control, si previamente consintió. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Se tienen por autorizadas a las personas que señala, únicamente para recibir notificaciones, esto es, sin las amplias facultades previstas por el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no conferírselas. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Avenida Primavera, esquina con calle Roble número ciento treinta y cuatro, fraccionamiento "El Bosque", en la Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente a la quejosa Cecilia de Jesús Jiménez Montoya el presente auto, y la requiera para que en el plazo de tres días, señale domicilio en esta ciudad de Oaxaca, para recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; sin que se estime necesario acusar recibo, en atención a que éste se consulta electrónicamente. Hecho que sea lo anterior, lo devuelva por la misma vía. Se autoriza a la Secretaria adscrita para que gire electrónicamente el exhorto de que se trata. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese, por exhorto a la quejosa.

  4. Principal

    "..NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Secretario encargado del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que remite la demanda de amparo promovida por Cecilia de Jesús Jiménez Montoya, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, al haberse declarado incompetente para conocer de la misma por razón de territorio; al efecto, toda vez que la autoridad declinante en acuerdo de veintinueve de agosto último, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo toda vez que argumenta que el acto reclamado pretende ejecutarse en esta Ciudad de Oaxaca, en consecuencia, ya que se comparte el criterio sostenido por el Juez declinante, este Juzgado Primero de Distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de garantías, por lo que acúsese el recibo respectivo. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1471/2016. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, la promovente del amparo reclama del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad: 1. El cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, dictado en su contra, con la amenaza de la suspensión del suministro de energía eléctrica. 2. La orden de pago injustificado con cantidades excesivas y suspensión de energía eléctrica dictada en su contra. Como antecedentes de dichos actos, señala: 1. Que el dieciséis de febrero del año en curso, llegaron a su domicilio unas personas diciendo que eran empleados de la Comisión Federal de Electricidad, enviados por el Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio laboral en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la intención de retirar su medidor tradicional, pretendiendo cambiarlo por uno digital/electrónico, a lo cual se opuso, dado que no sabe utilizarlo, y aquellos le dijeron que posteriormente le darían un curso a todos los Chiapanecos, para aprender a usarlos; con lo cual no está de acuerdo, a lo que le dijeron que es obligatorio y le comentaron que cada vez que se quede sin energía eléctrica en su casa, deberá ir a recargar una tarjeta que le dejarían, en cajero automático llamado Cefemático; por lo que estima que con esas acciones vulneran sus derechos fundamentales, al pretender realizar un cambio de medidor de lectura del suministro de energía eléctrica en su domicilio, que jamás solicitó y la inminente suspensión unilateral del servicio, sino acepta ese cambio y si no paga el arbitrario recibo que pretender cobrarle. Así también, la quejosa manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. En el caso, contra los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En el caso, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de Amparo, ya que señala que en esa fecha llegaron a su domicilio unas personas diciendo que eran empleados de la Comisión Federal de Electricidad, enviados por el Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio laboral en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la intención de retirar su medidor tradicional, pretendiendo cambiarlo por uno digital/electrónico, sin que lo permitiera; que le dijeron que es obligatorio y le comentaron que cada vez que se quede sin energía eléctrica en su casa, deberá ir a recargar una tarjeta que le dejarían, en un cajero automático llamado Cefemático; que le suspenderán el servicio si no acepta ese cambio y si no paga el recibo que pretenden cobrarle. Por lo que resulta evidente que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, desde el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; por tanto, si su demanda la presentó hasta el tres de agosto de dos mil dieciséis, como se advierte de la cuenta asentada por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que la quejosa contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del quejoso en este medio de control, si previamente consintió. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Se tienen por autorizadas a las personas que señala, únicamente para recibir notificaciones, esto es, sin las amplias facultades previstas por el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no conferírselas. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Avenida Primavera, esquina con calle Roble número ciento treinta y cuatro, fraccionamiento "El Bosque", en la Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente a la quejosa Cecilia de Jesús Jiménez Montoya el presente auto, y la requiera para que en el plazo de tres días, señale domicilio en esta ciudad de Oaxaca, para recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; sin que se estime necesario acusar recibo, en atención a que éste se consulta electrónicamente. Hecho que sea lo anterior, lo devuelva por la misma vía. Se autoriza a la Secretaria adscrita para que gire electrónicamente el exhorto de que se trata. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese, por exhorto a la quejosa.

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