Cecilia Corro Castro y Otros.
Expediente 807/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- D. U. O. C. y Otros.
- Cecilia Corro Castro y Otros.
- Cecilia Corro Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que obran en la Secretaría de este Juzgado las copias simples deducidas del expediente familiar ****, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en la ciudad de Oaxaca, que la titular de dicho Juzgado remitió en apoyo al informe previo rendido en autos, mismo que se ordenó manejar en un cuaderno de pruebas anexo a los presentes autos; en consecuencia, devuélvanse las copias de que se trata a la autoridad responsable antes referida. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, transcurrió el término previsto en la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la determinación en que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, dictada por este Juzgado el diecinueve de julio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se púbica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En diverso tenor, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y fue declarada sin materia la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación intitulado: "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SOLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Jueza Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante los cuales rinde su informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental, las constancias que se anexan al oficio de cuenta. Cabe precisar que de las constancias de autos se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado electrónicamente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el siete de julio de dos mil veintidós -remitida en esa fecha a este juzgado federal-, Cecilia Corro Castro, por propio derecho y en representación del menor de edad, de identidad reservada, con iniciales D.U.O.C., solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca, que en esencia se hizo consistir en los efectos del acuerdo y comparecencia de ocho de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente familiar 245/2022 de su índice, específicamente en los puntos siguientes: A) Otorgó la guarda y custodia provisional del menor de edad de identidad reservada, con iniciales D.U.O.C. a David Ortiz Herrera. B) La omisión de fijar un régimen de visitas y convivencias entre la promovente de amparo Cecilia Corro Castro y el menor de edad de identidad reservada, con iniciales D.U.O.C. 2. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, entre otras cosas, se admitió la demanda de amparo promovida, se solicitó a la responsable su informe justificado, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, que acepta la existencia del acto reclamado, pues la Jueza Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca; sin embargo, remitió constancias en su informe respecto del acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, del expediente familiar 245/2022 de su índice, de las que se obtiene que el titular de ese juzgado, ante el conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo, dejó sin efecto la medida provisional adoptada en audiencia de ocho de junio de este año, al haber cambiado las circunstancias bajo las cuales determinó concederla, por lo que dejó sin efecto la guarda y custodia provisional a favor de David Ortiz Herrera respecto del infante de identidad reservada. Lo anterior, puesto que al no haber medida provisional sobre la guarda y custodia, tampoco puede haber providencia respecto de las visitas y convivencias. Así el acto reclamado por la parte quejosa dejó de existir. Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir el acto y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 196820, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa la fracción XXI del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós), ya que es innecesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con registro digital 191450, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Hágase del conocimiento de las partes, lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes NOTIFÍQUESE, Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Jueza Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante los cuales rinde su informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental, las constancias que se anexan al oficio de cuenta. Cabe precisar que de las constancias de autos se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado electrónicamente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el siete de julio de dos mil veintidós -remitida en esa fecha a este juzgado federal-, Cecilia Corro Castro, por propio derecho y en representación del menor de edad, de identidad reservada, con iniciales D.U.O.C., solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca, que en esencia se hizo consistir en los efectos del acuerdo y comparecencia de ocho de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente familiar 245/2022 de su índice, específicamente en los puntos siguientes: A) Otorgó la guarda y custodia provisional del menor de edad de identidad reservada, con iniciales D.U.O.C. a David Ortiz Herrera. B) La omisión de fijar un régimen de visitas y convivencias entre la promovente de amparo Cecilia Corro Castro y el menor de edad de identidad reservada, con iniciales D.U.O.C. 2. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, entre otras cosas, se admitió la demanda de amparo promovida, se solicitó a la responsable su informe justificado, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, que acepta la existencia del acto reclamado, pues la Jueza Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca; sin embargo, remitió constancias en su informe respecto del acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, del expediente familiar 245/2022 de su índice, de las que se obtiene que el titular de ese juzgado, ante el conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo, dejó sin efecto la medida provisional adoptada en audiencia de ocho de junio de este año, al haber cambiado las circunstancias bajo las cuales determinó concederla, por lo que dejó sin efecto la guarda y custodia provisional a favor de David Ortiz Herrera respecto del infante de identidad reservada. Lo anterior, puesto que al no haber medida provisional sobre la guarda y custodia, tampoco puede haber providencia respecto de las visitas y convivencias. Así el acto reclamado por la parte quejosa dejó de existir. Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir el acto y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 196820, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa la fracción XXI del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós), ya que es innecesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con registro digital 191450, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Hágase del conocimiento de las partes, lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes
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