Cecilia Consuelo Rosalia Serrano Izquierdo

Expediente 1488/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1488/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
31/12/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Consuelo Rosalia Serrano Izquierdo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese para que obre como corresponda y sin que haya lugar a emitir mayor acuerdo, el oficio del delegado de las autoridades responsables del Congreso del Estado de Morelos; por medio del cual informa que ya fueron remitidas las constancias relativas al fallo protector, lo anterior, toda vez que el treinta de noviembre pasado, se dio vista a las partes con las constancias que allega con la misiva de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por lista el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa. ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito con anexo presentado por *************, por el que subsana la prevención formulada en autos. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro , y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia . Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama: El auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente de origen *********, del índice de la responsable Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el cual, se ordena la venta del bien inmueble materia de dicha ejecución, mismo que refiere se encuentra ubicado en *************. Causales de improcedencia. Así las cosas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la intelección de los preceptos transcritos, se colige que la causal de improcedencia en cita, se verifica a partir de la interpretación en sentido contrario de dos hipótesis normativas, a saber: La primera, atendiendo a la naturaleza del procedimiento de origen, en el que los actos reclamados son considerados como dictados en la fase de ejecución, donde la regla general, contenida en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107, invocado, refiere que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, dictados fuera o después de concluido el juicio. Y la segunda, como regla específica, la establece el párrafo segundo de la porción normativa citada en último término, que señala que el juicio constitucional procede contra actos de ejecución de sentencia que constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante esa secuela ejecutiva que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al estado final del asunto en cuestión. De lo expuesto se obtiene que el medio de regularidad constitucional de que se trata es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de ejecución de sentencia que no reúnan las características apuntadas. En relación con el escenario jurídico planteado en el párrafo precedente, el designio de la causal de improcedencia en estudio, estriba en la búsqueda de armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal que también rigen en la etapa de ejecución de las contiendas jurisdiccionales y, así evitar que se utilice la vía constitucional para fines meramente dilatorios que, de tolerarse, resultarían sendos vehículos hacia la obstaculización en el cumplimiento de las resoluciones ejecutoriadas, esto es, de la cosa juzgada, si se llegara a permitir la promoción de tantas demandas de amparo como actos ejecutivos se emitan durante las fases comprendidas después de concluidos los juicios naturales. Sin que con ello se limite el derecho del quejoso a impugnar en sede constitucional las violaciones cometidas en su perjuicio dentro de esos procesos de ejecución de sentencia o laudo, pues la propia Ley de Amparo establece la posibilidad de combatirlas de forma conjunta con la última resolución que ponga fin a al procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, la última resolución emitida en la fase de ejecución, se define como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el acato total de la resolución definitiva, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, se ordene el archivo definitivo del expediente. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.32/2001, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Se debe precisar que el criterio reseñado parte del estudio del artículo 114 de la legislación de la materia abrogada, empero, aun así es orientador en este caso dado que en la Ley de Amparo vigente, en específico en la fracción IV del artículo 107, el legislador de igual manera condicionó la procedencia de la acción constitucional hasta el dictado del último acto de ejecución, precisamente, con el objetivo de evitar abusos en la tramitación de la acción constitucional y mantener la disposición de orden público en el cumplimiento de las sentencias. Ahora, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado elauto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente de origen ***********, del índice de la responsable Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el cual, se ordena la venta del bien inmueble materia de dicha ejecución, mismo que refiere se encuentra ubicado en ****************. Ahora bien, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, como ya se vio, debe de entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo que el acto combatido en este juicio constitucional no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, por no ser las que determina, aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de una actuación que forma parte de la ejecución de una sentencia, contra la cual sólo procede el amparo ante un juzgador constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. De tal manera que el acto reclamado no es autónomo dentro del procedimiento de origen, pues el acuerdo que se reclama está directamente relacionado con la ejecución del fallo, ya que se trata de un proveído de mero trámite que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno del quejoso para que sea considerado de imposible reparación; como consecuencia, sólo se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. De ahí que el acto mencionado no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente. En ese sentido, la resolución reclamada no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Aunado a lo anterior, de igual forma se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Pues como quedó demostrado, la quejosa es parte demandada en el juicio de origen ***********, del que emana el acto reclamado, el cual se encuentra en etapa de ejecución. La causa de improcedencia se surte en razón de que, procede el recurso de queja, esto es, el acto que reclama la promovente tiene forma de reparación, ya que la resolución dictada puede ser revocada, modificada o confirmada, a través del recurso de queja previsto por el artículo 590 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos . Lo anterior, es así en virtud de que el expediente natural ya se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, asimismo, la promovente señala como acto reclamado auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente de origen **********, del índice de la responsable Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el cual, se ordena la venta del bien inmueble materia de dicha ejecución, mismo que refiere se encuentra ubicado en **************, por lo que resulta inconcuso que dicho proveído es recurrible por medio del medio de impugnación citado con antelación. En consecuencia, dado que el recurso de queja constituye un medio de defensa respecto del cual la impetrante de garantías tiene obligación de agotar en su calidad de parte, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, medio de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, tomo 67, Julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la ley de amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por lo expuesto, al actualizarse las causas de improcedencia prevista por el artículo actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, del mismo ordenamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada autos. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, allegue copia certificada de las constancias con las que acredite dar cabal cumplimiento al fallo protector; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de los numerales 193 y 258 de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad aquí requerida, que según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, el retraso en el cumplimiento del fallo protector, por medio de evasivas o procedimientos ilegales, será considerado como incumplimiento, por lo que, de ser el caso, se dará inicio al procedimiento de inejecución, y se procederá conforme al diverso 192 de la referida ley. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues en su caso la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, la autoridad responsable deberá cumplir el fallo protector, pues de lo contrario, se harán efectivas las medidas de apremio aludidas. Notifíquese.

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