Cecilia Castañeda Saucedo y Otros.

Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
343/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Castañeda Saucedo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la tercera interesada manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el alegato 558/2021 signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. En atención a su contenido, téngase por presentada su opinión ministerial respecto de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa en el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Administración Postal Número Dos "Palmas" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el siete de octubre de año en curso, remite copia certificada del acuse correspondiente al comunicado 22867/2021, a efecto de notificar al tercero interesado Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, con sede en esa localidad, de lo que se desprende fue entregado el cuatro de octubre del año en curso. En atención a lo anterior, toda vez que la oficiante ha dado cumplimiento al requerimiento de mérito, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Ahora, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y al tercero interesado en proveído de veinticuatro de septiembre del año actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional.  Por oficio ***, la autoridad responsable, remitió las constancias con las que adujó acatar la ejecutoria de amparo.  Luego, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable 1.Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Deje sin efecto la resolución incidental de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace a los aquí quejosos. 2. Emita una nueva determinación, en la que deberá reiterar todo lo que no fue materia de análisis en el presente asunto y, siguiendo las directrices establecidas en esta ejecutoria, de forma exhaustiva funde y motive lo atinente a la aplicabilidad o inaplicabilidad para los quejosos de las prestaciones que fueron pretendidas, particularmente, los incrementos salariales que solicitaron, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 42, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, vigente en el momento de los hechos. 3. Acatado lo cual resuelva lo que en derecho corresponda. TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno en observancia al cumplimiento dado al efecto indicado en el inciso 1), la autoridad responsable 1.Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dejó sin efecto la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ***. En cuanto al efecto en el inciso 2), el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dicto una nueva resolución interlocutoria de planilla de liquidación de laudo en el expediente laboral *** antes ***, en el que se advierte que señalo con certeza las prestaciones a las que fue condenada la parte patronal, así como los periodos y el salario por el que se habrá de cuantificar dicha condena. Asimismo, al proceder a cuantificar las prestaciones pretendidas, particularmente en los incrementos que solicitaron, señaló que no eran aplicables para los actores de dicho juicio, bajo el argumento de: [.] Si bien es cierto le asiste el derecho al pago de los salarios caídos con los incrementos que se hubieren generado, no menos cierto resulta que, de las mismas especificaciones de las documentales se aduce que se otorga a los trabajadores sindicalizados, inclusive, se hace mención de que no deberán ser inferiores a los incrementos autorizados para el salario mínimo del país; luego entonces, tomando en consideración la época en que acontecieron los hechos, el artículo 42, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, establecía como obligaciones de los titulares, preferir, en igualdad de condiciones, de conocimiento, aptitudes y antigüedad a los trabajadores sindicalizados, respecto de quienes no lo estuvieren; entre otros supuestos, sin embargo en el presente asunto no nos encontramos ante un caso de elección, selección o bien, de que el patrón opte por uno y otro trabajador, sino por el contrario, la parte actora pretende que se parta de una cuantificación de aumento salarial basada en una copia fotostática simple, en la que no se advierte procedimiento alguno de legalización y cuya naturaleza le resta valor probatorio, máxime que de las Condiciones Generales aludidas, no se encuentran sancionadas por la Autoridad Registral ni en los términos en que hubiere sido, para así estar en aptitud de determinar que lo asentado en ellas permean a la generalidad de los trabajadores, dado que de lo alegado se establece que es aplicable a los trabajadores que en uso de su derecho de asociación, se encuentren sindicalizados, lo que en el asunto que hoy nos ocupa no se encuentra demostrado. Por tanto, atendiendo a la realidad y contexto histórico, económico y social que imperaba en los años motivo de cálculo, al no existir otro medio probatorio eficaz y eficiente, esta Autoridad Laboral, en aras de salvaguardar a la finalidad del incidente liquidación, retoma los decretos en los que se contiene las mejoras salariales a nivel nacional, que se encuentran publicadas en las Resoluciones del Honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que fija Los Salarios Generales y Profesionales anualmente. En ese sentido, para allegarse de elementos para mejor proveer para la cuantificación de las prestaciones condenadas al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas tomó en cuenta los Diarios Oficiales de la Federación del dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho y dos mil diecinueve publicados en las Resoluciones del Honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con fundamento en los preceptos legales siguientes: ". El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece tácitamente que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y consecuencia de ello, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a lo establecido en la ley, siendo también aplicable el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo aplicado supletoriamente a la Ley Burocrática del Estado, el cual instituye que los salarios mínimos deberán fijarse cada año y comenzaran a regir el primero de enero del año siguiente, precepto legal que se encuentra relacionado con el apartado B fracción IV, del artículo 123 de la Constitución donde determina que los salarios serán fijados en los presupuestos, sin que en la especie su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, y que en ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las Entidades de la república; de ahí que se tenga y se tome en consideración las medidas porcentuales emitidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de aplicabilidad en la Zona económica "C" en la que se ubica nuestro Estado para sus efectos, de acuerdo a los preceptos antes señalados y concatenados con los artículos 90,91,92,93,94,95,96, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, de ahí que se reitere que este Juzgado se allegue a las medidas porcentuales emitidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y de acuerdo al artículo 843 de la ley Federal del Trabajo en vigor de aplicación supletoria a la ley de la materia." Finalmente, respecto al efecto dado al inciso 3) la autoridad responsable aprobó la planilla de liquidación con sus respectivas modificaciones, en consecuencia, condeno a la parte patronal las cantidades mencionadas en la resolución interlocutoria y ordenó notificar personalmente a las partes, y en su oportunidad se archive dicho asunto. Por consiguiente, la autoridad responsable al fundar y motivar de manera concreta, precisa y congruente su determinación, restituyo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Administración Postal Número Dos "Palmas" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el siete de octubre de año en curso, remite copia certificada del acuse correspondiente al comunicado 22867/2021, a efecto de notificar al tercero interesado Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, con sede en esa localidad, de lo que se desprende fue entregado el cuatro de octubre del año en curso. En atención a lo anterior, toda vez que la oficiante ha dado cumplimiento al requerimiento de mérito, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Ahora, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y al tercero interesado en proveído de veinticuatro de septiembre del año actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional.  Por oficio ***, la autoridad responsable, remitió las constancias con las que adujó acatar la ejecutoria de amparo.  Luego, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable 1.Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Deje sin efecto la resolución incidental de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace a los aquí quejosos. 2. Emita una nueva determinación, en la que deberá reiterar todo lo que no fue materia de análisis en el presente asunto y, siguiendo las directrices establecidas en esta ejecutoria, de forma exhaustiva funde y motive lo atinente a la aplicabilidad o inaplicabilidad para los quejosos de las prestaciones que fueron pretendidas, particularmente, los incrementos salariales que solicitaron, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 42, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, vigente en el momento de los hechos. 3. Acatado lo cual resuelva lo que en derecho corresponda. TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno en observancia al cumplimiento dado al efecto indicado en el inciso 1), la autoridad responsable 1.Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dejó sin efecto la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ***. En cuanto al efecto en el inciso 2), el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dicto una nueva resolución interlocutoria de planilla de liquidación de laudo en el expediente laboral *** antes ***, en el que se advierte que señalo con certeza las prestaciones a las que fue condenada la parte patronal, así como los periodos y el salario por el que se habrá de cuantificar dicha condena. Asimismo, al proceder a cuantificar las prestaciones pretendidas, particularmente en los incrementos que solicitaron, señaló que no eran aplicables para los actores de dicho juicio, bajo el argumento de: [.] Si bien es cierto le asiste el derecho al pago de los salarios caídos con los incrementos que se hubieren generado, no menos cierto resulta que, de las mismas especificaciones de las documentales se aduce que se otorga a los trabajadores sindicalizados, inclusive, se hace mención de que no deberán ser inferiores a los incrementos autorizados para el salario mínimo del país; luego entonces, tomando en consideración la época en que acontecieron los hechos, el artículo 42, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, establecía como obligaciones de los titulares, preferir, en igualdad de condiciones, de conocimiento, aptitudes y antigüedad a los trabajadores sindicalizados, respecto de quienes no lo estuvieren; entre otros supuestos, sin embargo en el presente asunto no nos encontramos ante un caso de elección, selección o bien, de que el patrón opte por uno y otro trabajador, sino por el contrario, la parte actora pretende que se parta de una cuantificación de aumento salarial basada en una copia fotostática simple, en la que no se advierte procedimiento alguno de legalización y cuya naturaleza le resta valor probatorio, máxime que de las Condiciones Generales aludidas, no se encuentran sancionadas por la Autoridad Registral ni en los términos en que hubiere sido, para así estar en aptitud de determinar que lo asentado en ellas permean a la generalidad de los trabajadores, dado que de lo alegado se establece que es aplicable a los trabajadores que en uso de su derecho de asociación, se encuentren sindicalizados, lo que en el asunto que hoy nos ocupa no se encuentra demostrado. Por tanto, atendiendo a la realidad y contexto histórico, económico y social que imperaba en los años motivo de cálculo, al no existir otro medio probatorio eficaz y eficiente, esta Autoridad Laboral, en aras de salvaguardar a la finalidad del incidente liquidación, retoma los decretos en los que se contiene las mejoras salariales a nivel nacional, que se encuentran publicadas en las Resoluciones del Honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que fija Los Salarios Generales y Profesionales anualmente. En ese sentido, para allegarse de elementos para mejor proveer para la cuantificación de las prestaciones condenadas al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas tomó en cuenta los Diarios Oficiales de la Federación del dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho y dos mil diecinueve publicados en las Resoluciones del Honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con fundamento en los preceptos legales siguientes: ". El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece tácitamente que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y consecuencia de ello, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a lo establecido en la ley, siendo también aplicable el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo aplicado supletoriamente a la Ley Burocrática del Estado, el cual instituye que los salarios mínimos deberán fijarse cada año y comenzaran a regir el primero de enero del año siguiente, precepto legal que se encuentra relacionado con el apartado B fracción IV, del artículo 123 de la Constitución donde determina que los salarios serán fijados en los presupuestos, sin que en la especie su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, y que en ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las Entidades de la república; de ahí que se tenga y se tome en consideración las medidas porcentuales emitidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de aplicabilidad en la Zona económica "C" en la que se ubica nuestro Estado para sus efectos, de acuerdo a los preceptos antes señalados y concatenados con los artículos 90,91,92,93,94,95,96, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, de ahí que se reitere que este Juzgado se allegue a las medidas porcentuales emitidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y de acuerdo al artículo 843 de la ley Federal del Trabajo en vigor de aplicación supletoria a la ley de la materia." Finalmente, respecto al efecto dado al inciso 3) la autoridad responsable aprobó la planilla de liquidación con sus respectivas modificaciones, en consecuencia, condeno a la parte patronal las cantidades mencionadas en la resolución interlocutoria y ordenó notificar personalmente a las partes, y en su oportunidad se archive dicho asunto. Por consiguiente, la autoridad responsable al fundar y motivar de manera concreta, precisa y congruente su determinación, restituyo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

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