Cecilia Camarena Espinoza

Expediente 285/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
285/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Cecilia Camarena Espinoza
  • CECILIA CAMARENA ESPINOZA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Realícense las anotaciones en los libros de control de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que a consideración de este tribunal, carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio se concedió la suspensión de plano, a consideración del suscrito, e El presente expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse análogamente en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I del ordinal 18 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberán conservarse todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida cautelar.

  2. Principal

    Vista la notificación realizada por la actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito a la directa quejosa se advierte que ratificó la demanda de amparo. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece.- En ese sentido, de acuerdo con las constancias relativas a las diligencias efectuadas por la actuaria judicial adscrita a este órgano de amparo, se advierte que en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.- Lo anterior conlleva a establecer que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por la detención que se tilda de inconstitucional. Es así, pues al haber ya quedado en libertad la impetrante de garantías, se torna improcedente la acción constitucional al carecer de materia para analizar el acto motivo de reclamo, pues a ningún fin práctico conduciría ocuparse de su examen constitucional cuando sus efectos ya no están vigentes en la esfera jurídica de la quejosa, ni lo estarán, precisamente por haberse materializado la pretensión final de dicha justiciable -hacer cesar su detención, al recobrar la libertad deambulatoria que le había sido temporalmente restringida a consecuencia de un arresto administrativo-. Sin que además se advierta que tal detención reclamada, haya dejado huella en la esfera jurídica de la peticionaria que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, al haber desparecido en definitiva las consecuencias del acto que violentaba sus derechos humanos. En razón de lo anterior, ante la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia invocada, procede DESECHAR la demanda de amparo, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado.

  3. Principal

    Con efectos de notificación personal para la parte quejosa, se notifica el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, por medio de la presente lista que se publica en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, así como en los estrados de este juzgado, hoy diez de marzo de dos mil veintitrés, en virtud de no haber comparecido hasta las quince horas del día nueve de marzo de dos mil veintitrés; a pesar de haber dejado CITATORIO en el domicilio señalado en autos para recibir notificaciones, proveído que en síntesis dice: "... Vista la notificación realizada por la actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito a la directa quejosa se advierte que ratificó la demanda de amparo. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece.- En ese sentido, de acuerdo con las constancias relativas a las diligencias efectuadas por la actuaria judicial adscrita a este órgano de amparo, se advierte que en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.- Lo anterior conlleva a establecer que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por la detención que se tilda de inconstitucional. Es así, pues al haber ya quedado en libertad la impetrante de garantías, se torna improcedente la acción constitucional al carecer de materia para analizar el acto motivo de reclamo, pues a ningún fin práctico conduciría ocuparse de su examen constitucional cuando sus efectos ya no están vigentes en la esfera jurídica de la quejosa, ni lo estarán, precisamente por haberse materializado la pretensión final de dicha justiciable -hacer cesar su detención, al recobrar la libertad deambulatoria que le había sido temporalmente restringida a consecuencia de un arresto administrativo-. Sin que además se advierta que tal detención reclamada, haya dejado huella en la esfera jurídica de la peticionaria que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, al haber desparecido en definitiva las consecuencias del acto que violentaba sus derechos humanos. En razón de lo anterior, ante la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia invocada, procede DESECHAR la demanda de amparo, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado...".- Lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.- Doy Fe.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo, contra actos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, consistentes en ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, con motivo de un arresto administrativo; actos que a su consideración son violatorios de derechos humanos. Regístrese en los libros de control concernientes de este Juzgado bajo el número que le corresponde 285/2023, y acorde a las disposiciones legales aplicables, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente asunto, para que en el ámbito de las labores que corresponden a sus puestos, verifiquen que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento -oficialía de partes-, auto, resolución -personal operativo y secretarios de mesas de trámite- y constancia de notificación respectiva -actuarias y personal operativo a su cargo-, a fin de que coincidan en su totalidad, con la salvedad indicada previamente. Lo anterior hágase del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, para la compensación de turno correspondiente. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora bien, toda vez que en la demanda de amparo se señala que la directamente quejosa es objeto de actos de ataques a su libertad fuera de procedimiento, con motivo de un arresto administrativo; se decreta la suspensión de plano de tales actos, así como de cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, para el efecto de que cesen de inmediato, esto es, para que la quejosa Cecilia Camarena Espinoza, sea puesta en inmediata libertad, ya que el arresto tiene como finalidad vencer la resistencia de un sujeto al acatamiento de un mandato, el cual tiene una duración limitada en el tiempo, de lo que resulta que la brevedad de la medida impone la necesidad de que se otorgue la suspensión de la ejecución de dicha orden de inmediato y sin requisito de efectividad alguno, ya que de lo contrario, mientras se cumplieran tales requisitos, se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado, contrariando los fines de la suspensión. REQUERIMIENTO A LAS RESPONSABLES. Ahora bien, en caso de que la detención de la quejosa obedezca a la comisión de un delito y no hubiera sido puesto a disposición del Ministerio Público, se concede para que sea puesta de inmediato a disposición de la autoridad ministerial, a fin de que determine su libertad o su retención hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis según sea el caso, debiendo informar a este Juzgado dentro del término de veinticuatro horas, la fecha y hora exactas de la detención o puesta a disposición del Ministerio Público de la quejosa; caso contrario, es decir, si la detención no tiene relación con la comisión de un delito o con fines de extradición, se ordena sea puesta en inmediata libertad. Asimismo, para que de ser el caso que la solicitante del amparo esté a disposición del Ministerio Público, éste resuelva su situación jurídica dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental, o bien, de noventa y seis horas en casos de delincuencia organizada, contadas a partir del momento en que se hubiere puesto a su disposición, esto es, decrete su libertad o la consigne ante la autoridad judicial correspondiente. En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la directa quejosa, por caso urgente, ésta deberá ser puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Lo anterior de acuerdo a lo previsto en los ordinales 164 y 165 de la Ley de Amparo. De igual manera, si la detención de la solicitante de la tutela federal obedeció a la cumplimentación de una orden de aprehensión dictada por autoridad judicial, deberá ponerse a la agraviada a disposición de la misma, sin dilación alguna y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades que ejecutaron la detención. En igual sentido, se previene a la autoridad responsable a efecto de que preste todas las facilidades a la actuaria de esta adscripción, a fin de que el personal correspondiente reciba el oficio en el que se le comunica el presente proveído; asimismo, para que permita a la fedataria referida el libre acceso a sus instalaciones, a efecto de que se entreviste con la directa quejosa Cecilia Camarena Espinoza, en forma confidencial y segura. Atento a ello, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro plazo máximo de veinticuatro horas, informe las medidas adoptadas a fin de cumplir con la suspensión de plano decretada; para lo cual deberá agregar al informe solicitado copia certificada de las constancias que así lo acrediten. SE COMISIONA A LA ACTUARIA. En razón de lo anterior, y tomando en consideración que de lo expuesto por el promovente se advierte que la directa quejosa se encuentra detenida en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con sede en esta ciudad; comisiónese a la actuaria adscrita a este Juzgado, para que se constituya en dicho lugar, a fin de que la autoridad responsable: Haga comparecer a la directamente agraviada; Acceda a que dicha fedataria requiera a la directa quejosa, en ese mismo acto, para que exprese si ratifica o no su demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con lo que dispone el texto del artículo 15 de la Ley de Amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo en ese acto o dentro del plazo de tres días, se tendrá por no presentada dicha demanda y quedarán sin efecto legal las providencias que se hubieren tomado; y, Para el caso de no encontrarla, pongan a la vista de la fedataria pública los libros respectivos de control de detenidos o similares, a fin de que constate y corrobore si existe algún indicio de la detención de la quejosa Cecilia Camarena Espinoza, debiendo proporcionar toda la información que pueda resultar conducente para su localización. De igual modo, se autoriza a la actuaria de la adscripción, para el caso de que no se localice a la directa quejosa en el lugar que se indica, investigue el sitio en que se encuentre, conforme a la información que obtenga en las aludidas instalaciones; y para el caso de que se ubique dentro de la residencia de este juzgado, ahí practique la notificación respectiva, debiendo cerciorarse si se encuentra en alguna situación que ponga en riesgo su integridad física o psicológica. Se apercibe a la autoridad responsable que de no atender estrictamente a las prevenciones apuntadas e informarlo dentro del término señalado, se podrá actualizar la hipótesis del delito contemplado en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, pudiendo hacerse acreedora a una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

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