Cecilia Aracelly Blanco Palma
Expediente 2010/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2010/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Cecilia Aracelly Blanco Palma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 2010/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ********************, en la que señaló como autoridades responsables al Secretario de Seguridad Pública del Estado. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos de autoridad distintas de la judicial, con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: (...) La retención del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, color rojo, número de serie ********************, con placas de circulación********************del Estado de Yucatán. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública, con residencia en esta capital, pues así lo señalaron al rendir sus informes justificados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, julio de 1994, visible a página 391, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la responsable; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En la especie, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Esto, porque la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico respecto del bien mueble que aduce de su propiedad, ya que no exhibió documento idóneo y suficiente para acreditar que el acto que reclama afecta de manera personal y directa algún derecho subjetivo. De la intelección de los numerales antes transcritos, se desprende que para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico a tutelar por parte del órgano de control constitucional. El interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por la responsable; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura 1a./J. 168/2007, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225 que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En este orden de ideas, el juicio de amparo sólo puede promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto de autoridad y que, por ello, resiente un agravio de manera personal y directa en sus derechos subjetivos. Así, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. En el caso concreto, la quejosa reclama la retención del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, color rojo, número de serie ********************, con placas de circulación********************del Estado de Yucatán, el cual -aduce- es de su propiedad y para acreditar su dicho exhibió como medios de prueba: a) Copia simple de la factura ********************, expedida por ********************, a nombre de ********************(foja 10). b) Copia simple de la carta factura de once de julio de dos mil veintitrés expedida por ********************, y como cliente ********************(foja 9). c) Copias simple de la credencial de elector a nombre de ********************(fojas 8). Sin embargo, dichas documentales son insuficientes para acreditar el interés que le asiste para acudir a esta instancia constitucional. En efecto, las probanzas referidas en los incisos a) y b), por su naturaleza de copias simples, carecen de todo valor probatorio por la facilidad de su confección, modificación o alteración, conforme lo dispone el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Por otro lado, el diverso medio probatorio consistente en la copia simple de la credencial para votar a nombre de la quejosa, aunado a que fue exhibida en copia simple, no se encuentra encaminada a acreditar el interés jurídico sobre el bien mueble. Al respecto, debe decirse que, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no a base de presunciones, como o dispone la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, visible a página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Así, en tratándose del interés jurídico, la carga de la prueba recae enteramente en la parte quejosa, quien es la interesada en acreditar sus pretensiones, sin que este órgano federal se encuentre en posibilidad de perfeccionar sus medios probatorios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.6 K sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003, visible a página 1030, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías." Por consiguiente, si como ha quedado precisado, la parte quejosa no demostró el interés jurídico que le asiste para promover el juicio de amparo en que se actúa, es de concluir que, como se adelantó, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra el acto de las autoridades responsables, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa, la determinación de 30 de octubre de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se declararon inhábiles los días diecinueve a veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, virtud a que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las diez horas con cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Comisaría Municipal de San Rafael, Municipio de Maxcanú, Yucatán, no han dado continuidad al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente; requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días siguientes al en que se le notifique este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo. "(.) 19. Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario constitucional, se advierte que la responsable Comisaría Municipal de San Rafael, Municipio de Maxcanú, Yucatán, ha sido omisa en dar respuesta al escrito presentado por ****** el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó se le informe el motivo por el cual se realizaron actos que dañaron las construcciones ubicadas en el tablaje ***** de esa localidad, de su propiedad, así como cuáles serán las indemnizaciones que se le otorgarán por esas afectaciones y el tiempo en las que le serán entregadas. 20. Pues incluso se presumió cierto el acto reclamado, al no haber rendido su informe justificado dentro del plazo que le fue otorgado. 21. En esas condiciones, el proceder de la responsable vulnera el derecho constitucional establecido en el artículo 8° de la Norma Suprema, por lo que lo procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. OCTAVO. Efectos de la sentencia 22. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo para que el efecto que la Comisaría Municipal de San Rafael, Municipio de Maxcanú, Yucatán, realice lo siguiente: 23. a) Dé inmediata contestación en forma congruente, exhaustiva y completa al escrito presentado por la quejosa María Bibiana Pat Canul el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. 24. b) Notifique personalmente la respuesta que otorgue, en el domicilio que expresamente señaló en su escrito correspondiente. (.)" Apercibida que de no cumplir, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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