Cecilia Alvarado Segovia
Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Cecilia Alvarado Segovia
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por CECILIA ALVARADO SEGOVIA, contra actos del LIC. JOSE LUIS RUIZ CONTRERAS, JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL COMISIONADO A LA SEGUNDA REGION JUDICIAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI y otra autoridad, con ocho copias y tres anexos que se acompañan;fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 588/2021-I. Ahora, en el caso, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima que el acto reclamado en la demanda de amparo hace que ésta sea notoriamente improcedente. Lo anterior, es así, pues al respecto se señaló el auto de vinculación a proceso; lo anterior, en la medida en que se reclasifica el hecho con apariencia de delito reprochado al imputado. Lo que la víctima considera vulnera sus derechos humanos. Así, quien aquí provee, considera que la parte quejosa, previamente a acudir al amparo, se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario. Esto es, el recurso de apelación. Máxime que en el caso no se requiere de interpretaciones adicionales, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió jurisprudencialmente que la víctima está legitimada para interponer el mismo, sin importar si éste se endereza en contra de aspectos de reparación del daño u otros de índole adjetivo. Tales consideraciones se encuentran insertas en la Jurisprudencia 1a./J. 54/2020 (10a.), que se derivó al resolver la contradicción de tesis 355/2019, en donde la Primera Sala decidió que: 53. Como puede apreciarse, la tendencia jurisprudencial de la Sala ha sido en el sentido de reconocer una mayor participación de la víctima u ofendido del delito, no sólo en lo que respecta al proceso penal, sino también dentro del juicio de amparo. En particular, los precedentes de esta Suprema Corte permiten concluir que la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para interponer los recursos de ley, cuando se reclamen aspectos no sólo relacionados con la reparación del daño, sino también con apartados del derecho a la verdad y un acceso efectivo a la justicia. 54. Cabe señalar que esta interpretación es acorde a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha señalado que de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses. Lo cual, de acuerdo con el tribunal interamericano, tiene la finalidad de hacer efectivo su acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. 55. Así, la Corte Interamericana ha sido enfática en señalar que los Estados firmantes del Pacto tienen el deber ineludible de adecuar su marco normativo interno de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, incluye no sólo lo relativo a los procesos jurisdiccionales, sino también al Texto Constitucional y todas las disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario, de tal forma que pueda traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos. 56. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el derecho de las víctimas a ser escuchadas en todo el proceso penal, incluyendo recursos ordinarios y extraordinarios, se encuentra igualmente reconocido en la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil trece. Dicho ordenamiento en su artículo 10 expresamente señala que: "Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. "Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación." 57. Asimismo, en el artículo 12, fracción III, la citada ley establece en favor de las víctimas del delito, entre otros derechos, el de coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso; que se desahoguen las diligencias correspondientes, así como a "intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. 58. De igual modo, en el artículo 14, el citado ordenamiento expresamente señala que: Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un asesor jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia. 59. Las consideraciones anteriores nos permiten concluir que nuestro ordenamiento constitucional y legal, así como la doctrina interamericana, reconocen en favor de la víctima u ofendido del delito, una legitimación amplia para ser escuchadas en el proceso penal en todas sus etapas, no sólo como un medio para asegurar la reparación del daño, sino también como una manifestación de su derecho al acceso a la justicia. VIII. Criterio que debe prevalecer 60. Establecido el marco constitucional y legal respecto de los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal acusatorio, toca establecer que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el relativo a que las víctimas u ofendidos sí tienen legitimación para impugnar, a través del recurso de apelación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los autos de no vinculación a proceso, ya que en términos del apartado C del artículo 20 de la Constitución Federal, dicha resolución sí afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, en los casos de delitos en los que proceda; de igual forma, porque con el hecho de que las víctimas u ofendidos puedan interponer recurso de apelación en contra de dicha resolución se asegura su derecho de acceso a la justicia. 61. Lo anterior, porque, con independencia de que el auto de no vinculación a proceso no hace referencia expresa a esos derechos, lo cierto es que sí genera un efecto indirecto sobre ellos. Para corroborar esta afirmación, es necesario interpretar lo que establecen los artículos 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(18) de los que se advierte que con la no vinculación, no se continuará con la investigación, en su fase complementaria, lo que impedirá que se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y su correspondiente condena de reparar el daño. Entonces, resulta claro que el auto de no vinculación a proceso cancela de facto que la reparación del daño ocurra. 62. Si bien, el Ministerio Público puede seguir la investigación y formular una nueva imputación, ello dependerá de que éste decida ejercer sus facultades para tal efecto. 63. Ahora, la legitimación de la víctima u ofendido del delito para interponer recurso de apelación, también asegura su derecho de acceso a la justicia, pues a través de una revisión, por parte del tribunal de alzada, de la decisión de no vincular a proceso se controla la legalidad de la misma, pues dadas las consecuencias que trae consigo dicha determinación (y a la que nos hemos referido en párrafos que anteceden) debe asegurarse que la misma se actualice sólo en los casos en que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación. 64. Una vez que se ha establecido que, el auto de no vinculación a proceso afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, podemos concluir que éstos sí están legitimados para interponer el recurso de apelación en contra de tal determinación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, en virtud de que dicha norma los faculta expresamente para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito y además porque con dicha legitimación se asegura su derecho de acceso a la justicia. Derecho que pueden ejercer aunque no se hayan constituido como coadyuvantes del Ministerio Público. 65. Se adopta esta decisión, porque es la que mejor garantiza el respeto y cumplimiento de los derechos de acceso a la justicia y de reparación del daño de las víctimas u ofendidos por un ilícito de índole penal, mismos que se encuentran ubicados dentro del apartado material del ordenamiento de mayor jerarquía de nuestro sistema jurídico. 66. Finalmente, en congruencia con los criterios sostenidos anteriormente por esta Primera Sala es que se concluye que la víctima u ofendido del delito, tienen legitimación para interponer, de manera directa y sin necesidad de constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que de hacer valer dicho recurso, el tribunal de alzada deberá admitirlo, darle trámite y resolverlo. Tales razones, aunque referidas al auto de no vinculación, también cobran vigencia para aspectos de la vinculación en que se reclasifica, pues con la emisión de éste, se afectan cuestiones análogas; y, se reitera, lo que se dirimió en dicho asunto, tuvo que ver con el derecho y obligación de la víctima para interponer el recurso de apelación, sin trascender que lo reclamado tenga que ver con la reparación del daño necesariamente. Ante dicho panorama ya resuelto en nuestro orden constitucional, resulta que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a acatar la jurisprudencia de una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo impone el siguiente criterio de la Segunda Sala, con registro digital 2017808: EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de fundamento legal insuficiente y haya necesidad de acudir a una interpretación adicional para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. En mérito de todo lo reseñado, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con la diversa XXIII, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por CECILIA ALVARADO SEGOVIA, contra actos del LIC. JOSE LUIS RUIZ CONTRERAS, JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL COMISIONADO A LA SEGUNDA REGION JUDICIAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI y otra autoridad. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que señala, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se toma nota de las cuentas de correo electrónico proporcionadas por la parte quejosa, a través de la cual se podrán entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE; San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por CECILIA ALVARADO SEGOVIA, contra actos del LIC. JOSE LUIS RUIZ CONTRERAS, JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL COMISIONADO A LA SEGUNDA REGION JUDICIAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI y otra autoridad, con ocho copias y tres anexos que se acompañan;fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 588/2021-I. Ahora, en el caso, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima que el acto reclamado en la demanda de amparo hace que ésta sea notoriamente improcedente. Lo anterior, es así, pues al respecto se señaló el auto de vinculación a proceso; lo anterior, en la medida en que se reclasifica el hecho con apariencia de delito reprochado al imputado. Lo que la víctima considera vulnera sus derechos humanos. Así, quien aquí provee, considera que la parte quejosa, previamente a acudir al amparo, se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario. Esto es, el recurso de apelación. Máxime que en el caso no se requiere de interpretaciones adicionales, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió jurisprudencialmente que la víctima está legitimada para interponer el mismo, sin importar si éste se endereza en contra de aspectos de reparación del daño u otros de índole adjetivo. Tales consideraciones se encuentran insertas en la Jurisprudencia 1a./J. 54/2020 (10a.), que se derivó al resolver la contradicción de tesis 355/2019, en donde la Primera Sala decidió que: 53. Como puede apreciarse, la tendencia jurisprudencial de la Sala ha sido en el sentido de reconocer una mayor participación de la víctima u ofendido del delito, no sólo en lo que respecta al proceso penal, sino también dentro del juicio de amparo. En particular, los precedentes de esta Suprema Corte permiten concluir que la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para interponer los recursos de ley, cuando se reclamen aspectos no sólo relacionados con la reparación del daño, sino también con apartados del derecho a la verdad y un acceso efectivo a la justicia. 54. Cabe señalar que esta interpretación es acorde a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha señalado que de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses. Lo cual, de acuerdo con el tribunal interamericano, tiene la finalidad de hacer efectivo su acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. 55. Así, la Corte Interamericana ha sido enfática en señalar que los Estados firmantes del Pacto tienen el deber ineludible de adecuar su marco normativo interno de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, incluye no sólo lo relativo a los procesos jurisdiccionales, sino también al Texto Constitucional y todas las disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario, de tal forma que pueda traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos. 56. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el derecho de las víctimas a ser escuchadas en todo el proceso penal, incluyendo recursos ordinarios y extraordinarios, se encuentra igualmente reconocido en la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil trece. Dicho ordenamiento en su artículo 10 expresamente señala que: "Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. "Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación." 57. Asimismo, en el artículo 12, fracción III, la citada ley establece en favor de las víctimas del delito, entre otros derechos, el de coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso; que se desahoguen las diligencias correspondientes, así como a "intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. 58. De igual modo, en el artículo 14, el citado ordenamiento expresamente señala que: Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un asesor jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia. 59. Las consideraciones anteriores nos permiten concluir que nuestro ordenamiento constitucional y legal, así como la doctrina interamericana, reconocen en favor de la víctima u ofendido del delito, una legitimación amplia para ser escuchadas en el proceso penal en todas sus etapas, no sólo como un medio para asegurar la reparación del daño, sino también como una manifestación de su derecho al acceso a la justicia. VIII. Criterio que debe prevalecer 60. Establecido el marco constitucional y legal respecto de los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal acusatorio, toca establecer que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el relativo a que las víctimas u ofendidos sí tienen legitimación para impugnar, a través del recurso de apelación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los autos de no vinculación a proceso, ya que en términos del apartado C del artículo 20 de la Constitución Federal, dicha resolución sí afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, en los casos de delitos en los que proceda; de igual forma, porque con el hecho de que las víctimas u ofendidos puedan interponer recurso de apelación en contra de dicha resolución se asegura su derecho de acceso a la justicia. 61. Lo anterior, porque, con independencia de que el auto de no vinculación a proceso no hace referencia expresa a esos derechos, lo cierto es que sí genera un efecto indirecto sobre ellos. Para corroborar esta afirmación, es necesario interpretar lo que establecen los artículos 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(18) de los que se advierte que con la no vinculación, no se continuará con la investigación, en su fase complementaria, lo que impedirá que se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y su correspondiente condena de reparar el daño. Entonces, resulta claro que el auto de no vinculación a proceso cancela de facto que la reparación del daño ocurra. 62. Si bien, el Ministerio Público puede seguir la investigación y formular una nueva imputación, ello dependerá de que éste decida ejercer sus facultades para tal efecto. 63. Ahora, la legitimación de la víctima u ofendido del delito para interponer recurso de apelación, también asegura su derecho de acceso a la justicia, pues a través de una revisión, por parte del tribunal de alzada, de la decisión de no vincular a proceso se controla la legalidad de la misma, pues dadas las consecuencias que trae consigo dicha determinación (y a la que nos hemos referido en párrafos que anteceden) debe asegurarse que la misma se actualice sólo en los casos en que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación. 64. Una vez que se ha establecido que, el auto de no vinculación a proceso afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, podemos concluir que éstos sí están legitimados para interponer el recurso de apelación en contra de tal determinación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, en virtud de que dicha norma los faculta expresamente para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito y además porque con dicha legitimación se asegura su derecho de acceso a la justicia. Derecho que pueden ejercer aunque no se hayan constituido como coadyuvantes del Ministerio Público. 65. Se adopta esta decisión, porque es la que mejor garantiza el respeto y cumplimiento de los derechos de acceso a la justicia y de reparación del daño de las víctimas u ofendidos por un ilícito de índole penal, mismos que se encuentran ubicados dentro del apartado material del ordenamiento de mayor jerarquía de nuestro sistema jurídico. 66. Finalmente, en congruencia con los criterios sostenidos anteriormente por esta Primera Sala es que se concluye que la víctima u ofendido del delito, tienen legitimación para interponer, de manera directa y sin necesidad de constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que de hacer valer dicho recurso, el tribunal de alzada deberá admitirlo, darle trámite y resolverlo. Tales razones, aunque referidas al auto de no vinculación, también cobran vigencia para aspectos de la vinculación en que se reclasifica, pues con la emisión de éste, se afectan cuestiones análogas; y, se reitera, lo que se dirimió en dicho asunto, tuvo que ver con el derecho y obligación de la víctima para interponer el recurso de apelación, sin trascender que lo reclamado tenga que ver con la reparación del daño necesariamente. Ante dicho panorama ya resuelto en nuestro orden constitucional, resulta que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a acatar la jurisprudencia de una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo impone el siguiente criterio de la Segunda Sala, con registro digital 2017808: EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de fundamento legal insuficiente y haya necesidad de acudir a una interpretación adicional para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. En mérito de todo lo reseñado, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con la diversa XXIII, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por CECILIA ALVARADO SEGOVIA, contra actos del LIC. JOSE LUIS RUIZ CONTRERAS, JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL COMISIONADO A LA SEGUNDA REGION JUDICIAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI y otra autoridad. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que señala, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se toma nota de las cuentas de correo electrónico proporcionadas por la parte quejosa, a través de la cual se podrán entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.
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