Cecilia Állvarez Meneses
Expediente 1791/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1791/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Cecilia Állvarez Meneses
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede se advierte que no obra en autos el informe previo de las autoridades responsables Presidente, Ayuntamiento, Director de Seguridad Pública y Tránsito y Director de Recursos Humanos, todos del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, ni las constancias de notificación de los oficios mediante el cual se les requirió. En razón de lo anterior, no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para esta fecha; en consecuencia, se difiere la referida audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés. 8
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta mediante el cual la quejosa ******************** cumple las prevenciones que le fueron formuladas en proveído de once de octubre de este año. Admisión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 10, 12, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de derechos promovida por ********************, contra de actos del Presidente Municipal de Tepepeapulco, Hidalgo y otras. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con treinta minutos del quince de enero de dos mil veinticuatro para su celebración. Incidente de suspensión. Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa. Intervención al agente del Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le compete a la Representación Social de la adscripción, cuya notificación deberá realizarse por lista, en términos del numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. Solicitud de informe justificado. Se ordena emplazar a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir su informe justificado en el plazo de quince días, en el entendido de que deberá precisar de forma clara, la existencia o inexistencia de los actos reclamados, indicando si es cierto o no, o bien, limitarse a manifestar de manera genérica "son ciertos" o "no son ciertos", apercibidas que de no hacerlo así, se tendrá por cierto y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requerimiento de constancias. De conformidad en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el plazo de quince días, remita la constancia en copia debidamente certificada del expediente del cual emanan los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, toda vez que resultan necesarias para resolver el juicio de derechos, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se los impida se les impondrá la medida de apremio señalada en el párrafo que antecede. Pruebas. Téngase como pruebas de la parte quejosa, las siguientes documentales: Acta de matrimonio con folio ********************de ********************y ********************. Constancia laboral, cinco recibos de nómina, seis formularios de derivación por incapacidades, todos a nombre de ******************** Acta de defunción con folio ********************de ******************** Copia simple de CAVINAI. Acuse de recibo de escrito signado por ********************. Mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogadas dada su naturaleza. Asimismo, téngase como pruebas de la mencionada quejosa la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio, pues la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la segunda es la consecuencia de un supuesto previsto en la ley, en un caso, y también consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva. Cotejo y compulsa. Por otro lado, en atención a que la parte quejosa anexó acta de matrimonio con folio ********************de ********************y ********************, constancia laboral, cinco recibos de nómina, seis formularios de derivación por incapacidades, todos a nombre de ********************, acta de defunción con folio ********************de ********************, y acuse de recibo de escrito signado por ********************, realícese de oficio el cotejo y compulsa de las mismas para que obren en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio. Encuentra apoyo lo antes decretado en la jurisprudencia P./J. 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, que dispone: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. Información clasificada. Ahora bien, en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos del artículo 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Requerimiento de causas de improcedencia y constancias que la acrediten. Por otra parte, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en caso de que ocurra una causa notoria de improcedencia o sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado, acompañando las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta días de salario mínimo general vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, de la Ley de Amparo. Notificación a la autoridad responsable (Juicio de Amparo). Ahora bien, para el caso de que al intentar notificar a las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a dicho Actuario para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, esto es para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dichas autoridades queden notificadas del presente acuerdo y estén en aptitud de rendir su informe. En el entendido de que, si las autoridades responsables se oponen a recibir el oficio correspondiente por estar testado, el Actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente. Apercibimiento formulado de forma personal a la parte quejosa en caso de que las autoridades que señala como responsables resulten inexistentes o su denominación sea imprecisa. Este Juzgado de Distrito, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro 2021029, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pasa inadvertido que la parte quejosa tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, ya que esto constituye un requisito de su demanda. No obstante, en virtud de que la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal practicada a la parte impetrante, se ordena la misma en la presente determinación, en los términos siguientes: Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la notificación personal que se le ordena practicar en esta determinación, constituye la notificación personal a que alude el criterio jurisprudencial precitado, con lo que se garantiza que la misma se encontrará debidamente enterada de que, en el evento de que alguna de las autoridades que señaló como responsables resulte inexistente o su denominación resulta imprecisa, se le dará vista con dicha determinación a través de la notificación que le sea practicada por lista, con el apercibimiento de que si dentro del término que le sea concedido (tres días) omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable, o no pruebe que sí existe bajo la denominación que indicó en su demanda, se tendrán como inexistentes y se suspenderá de inmediato toda comunicación con dichas autoridades. Lo que se provee en los términos apuntados, en aras de salvaguardar la celeridad en el trámite de este asunto y evitar actuaciones que dilaten su debida integración. En la inteligencia de que la notificación personal ordenada en el presente acuerdo, se encomienda desde el auto inicial a fin de que la parte quejosa se encuentre en aptitud de subsanar o corregir los posibles errores en que incurra al denominar a las autoridades que señale como responsables; máxime que es obligación procesal de la parte quejosa consultar con regularidad los proveídos que se emitan a fin de que en caso se acontecer, subsane alguna de las imprecisiones anotadas, lo que puede realizar en forma directa a través de las listas y/o tableros que se publican en este Juzgado de Distrito, o vía electrónica a través del portal: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName= servicios%2FlistaAcuerdos.htm. 8
- Incidental
********************, Hidalgo; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. En cumplimiento a lo ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de derechos tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1791/2023-8-A, promovido por ******************** contra actos del Presidente Municipal de Tepepeapulco, Hidalgo y otras autoridades. Solicitud de informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, mismo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Audiencia Incidental. Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Análisis de la procedencia de la medida cautelar. En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el siguiente: La omisión de otorgar la pensión por viudez. Así, para resolver sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, así como a las documentales que exhibió junto a la misma, previamente descritas en las certificación que antecede, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Dichas manifestaciones, constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 12, tomo 68, Agosto de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 206395, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO." Negativa de la suspensión En principio, es menester destacar que la suspensión es procedente cuándo se está ante un acto susceptible de ser interrumpido, es decir, que puedan paralizarse sus efectos hasta en tanto se dirima la controversia constitucional de que es objeto. La quejosa reclama como acto la omisión de otorgar la pensión por viudez, que refiere le corresponde en virtud de haber mantenido un vínculo matrimonial con ********************, quien fuera trabajador de la administración pública municipal de ********************. En ese sentido, de conformidad con el artículo 125, 128 y 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada, toda vez que en ningún caso el otorgamiento de la medida suspensional tendrá por efecto constituir derechos que no tuviera la parte quejosa antes de la presentación de la demanda; pues la suspensión sólo se justifica cuando hay evidencia de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional; por tanto, sin un derecho que corra peligro mientras dura el proceso, no se justifica la medida cautelar. Esto es, el legislador, por medio de la institución de la suspensión buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido; es decir, como medida restitutoria provisional de los derechos afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado. Empero, en la especie no es procedente conceder la medida cautelar con efectos restitutorios, habida cuenta de que no se actualiza una de las condiciones legales previstas por el numeral 147 de la Ley de Amparo, la cual se traduce en que en el presente caso, no es jurídicamente posible obrar en esos términos. Tiene sustento en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1376, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley". En ese sentido, en el caso que se analiza, no podría otorgarse la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se ordene que la autoridad responsable otorgue una pensión en favor de la parte quejosa. Lo anterior debido a que, no es jurídicamente posible atribuirle a la suspensión solicitada los efectos que la parte quejosa pretende toda vez que éstos son propios de la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de amparo principal del que emergen el presente incidente, pues precisamente las cuestiones aquí planteadas son de índole accesoria, conforme al numeral 128 de la Ley de Amparo, y se limitan a conservar la materia de dicho juicio; de modo que se estaría constituyendo en un derecho a la parte quejosa que a la fecha no se tiene plenamente probado. En consecuencia, se niega la suspensión solicitada por ********************. Pruebas de la parte quejosa. Téngase como pruebas de la parte quejosa las documentales consistente en: Acta de matrimonio con folio ********************de ******************** y ********************. Constancia laboral, cinco recibos de nómina, seis formularios de derivación por incapacidades, todos a nombre de ********************. Acta de defunción con folio ********************de ********************. Copia simple de CAVINAI. Acuse de recibo de escrito signado por ********************. Mismas que en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados dada su naturaleza. Notificación a las autoridades responsables (Incidente de suspensión). Ahora bien, para el caso de que al intentar notificar a las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a dicho Actuario para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, esto es para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dichas autoridades queden notificadas del presente acuerdo y estén en aptitud de rendir su informe. En el entendido de que, si alguna de las autoridades responsables se opone a recibir el oficio correspondiente por estar testado, el Actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente. Apercibimiento formulado de forma personal a la parte quejosa en caso de que las autoridades que señala como responsables resulten inexistentes o su denominación sea imprecisa. Este Juzgado de Distrito, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro 2021029, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, no pasa inadvertido que la parte quejosa tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, ya que esto constituye un requisito de su demanda. No obstante, en virtud de que la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal practicada a la parte impetrante, se ordena la misma en la presente determinación, en los términos siguientes: Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la notificación personal que se le ordena practicar en esta determinación, constituye la notificación personal a que alude el criterio jurisprudencial precitado, con lo que se garantiza que la misma se encontrará debidamente enterada de que, en el evento de que la autoridad que señaló como responsable resulte inexistente o su denominación resulta imprecisa, se le dará vista con dicha determinación a través de la notificación que le sea practicada por lista, con el apercibimiento de que si dentro del término que le sea concedido (tres días) omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable, o no pruebe que sí existe bajo la denominación que indicó en su demanda, se tendrá la misma como inexistente y se suspenderá de inmediato toda comunicación con dicha autoridad. Lo que se provee en los términos apuntados, en aras de salvaguardar la celeridad en el trámite de este asunto y evitar actuaciones que dilaten su debida integración. En la inteligencia de que la notificación personal ordenada en el presente acuerdo, se encomienda desde el auto inicial a fin de que la parte quejosa se encuentre en aptitud de subsanar o corregir los posibles errores en que incurra al denominar a las autoridades que señale como responsables; máxime que es obligación procesal de la parte quejosa consultar con regularidad los proveídos que se emitan a fin de que en caso se acontecer, subsane alguna de las imprecisiones anotadas, lo que puede realizar en forma directa a través de las listas y/o tableros que se publican en este Juzgado de Distrito, o vía electrónica a través del portal:https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=serv icios%2FlistaAcuerdos.htm. Domicilio. Toda vez que el domicilio que señaló la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra dentro de la residencia de este Juzgado (calle ********************, número ********************, colonia ********************, ********************, Hidalgo), téngase como tal el que indica en su escrito de cuenta con fundamento en el numeral 26, fracción I, de la Ley de la Materia. Autorizados. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, toda vez que no se encontró registro de su cedula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales adscritos a fin de que notifiquen el presente proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles. Solicitud de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a su costa copia certificada de lo solicitado, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos, quien deberá comparecer a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía (y una copia simple de la misma). En el entendido que el horario para la expedición y recepción de las copias es de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes, ello atendiendo a los lineamientos contenidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. 8
- Principal
...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Intenta cumplir prevención. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta mediante el cual la quejosa Cecilia Álvarez Meneses pretende dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de once de octubre último; sin embargo, no se tiene por desahogada la prevención como se expondrá en líneas subsecuentes. Así, es necesario precisar cuáles fueron los motivos de prevención realizados al solicitante de amparo, los cuales son los siguientes: "(.) Señale con precisión y exactitud el carácter que le recae a cada una de las autoridades responsables y en caso de señalar alguna otra con diverso carácter también lo indique con la debida precisión. ? Los actos que en particular reclama de cada una de las autoridades responsables." Esto es, debía precisar cuál es el carácter que le recae a cada una de las autoridades responsables señaladas y precisará con exactitud los actos reclamados que les atribuye en lo individual a cada una de ellas. Ahora, del escrito de desahogo en mención, se advierte que no se encuentra satisfecha totalmente la prevención en comento, toda vez que si bien Cecilia Álvarez Meneses preciso el carácter que le recae a cada una de las autoridades responsables señaladas especificando las ordenadoras y ejecutoras, también lo es que omitió realizar la precisión de los actos que en particular reclama de cada una de las autoridades responsables. Asimismo, se advierte que en el escrito inicial de demanda reclamaba la omisión de otorgarle la pensión de viudez y el pago de diversas prestaciones, y en el presente escrito señala como nuevo acto reclamado la negativa de otorgarle la pensión, actos que son totalmente diferentes y que por si fuera poco no fueron materia de prevención. En consecuencia, no es dable tener por desahogada en sus términos la prevención realizada el once de octubre del presente año; de modo que subsiste la misma. Al respecto, es preciso destacar que aún no obra constancia de notificación, en tanto que el escrito registrado con el folio interno 23581 se presentó el diecisiete del citado mes y año, consecuentemente, con la presentación de dicho ocurso no se ha interrumpido el plazo otorgado para desahogar la prevención, por lo que la quejosa aún cuenta con cinco días para dar cumplimiento a lo requerido, contado a partir del día siguiente aquél en que surta efectos la notificación de este auto. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos ??????????????? a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Atendiendo a la tesis de jurisprudencia invocada, en el presente acuerdo sólo deben asentarse las razones por las que no se ha acatado en sus términos la prevención formulada, a efecto de que la parte promovente tenga conocimiento de esa circunstancia y pueda, en caso de contar con tiempo para ello, desahogar las cuestiones omitidas; ello sin necesidad de realizar una nueva prevención, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que únicamente deben asentarse las cuestiones no desahogadas, pues de lo contrario podría traer como consecuencia incluso una serie de prevenciones interminables, lo que evidentemente no es la intención de la jurisprudencia. Luego, el plazo concedido se interrumpe a partir de la fecha en que se presentó el escrito aclaratorio y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo de irregularidades, la cual se ordena realizar personalmente. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En consecuencia, toda vez que no se desahogó la carga procesal impuesta en la prevención, una vez que fenezca el plazo concedido, dese nueva cuenta y acuérdese lo conducente; asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veintidós de septiembre del año que transcurre, asimismo, que, en su caso, deberá acompañar copias suficientes de su escrito aclaratorio.
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