Cecilia Alexandra Contreras Mex
Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- E.V.I.C.
- Cecilia Alexandra Contreras Mex
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta, remitida por la Juez de Instrucción adscrita al Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, mediante el cual proporciona un domicilio donde puede ser localizada la quejosa Cecilia Alexandra Contreras Mex; lo anterior, sin que haya lugar a dictar mayor proveído, toda vez que mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este juicio como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Finalmente, toda vez que en este juicio de amparo se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del aludido acuerdo general, se determina que el presente expediente, es susceptible de destrucción.
- Principal
Agréguese la promoción de cuenta mediante la cual la autoridad Delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Benito Juárez, rinden su informe relativo a la suspensión de plano. Asimismo, agréguense para que obren como correspondan las promociones de cuenta, mediante las cuales las autoridades 1) Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de la Libertad Sexual y el Desarrollo de la Personalidad y 2) Juez de Instrucción adscrita al Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós remiten fotocopia certificada de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/FEDCLSLYDP/03/204/2022, número de caso FGE/QROO/BJ/03/4161/2022, y el juicio oral de controversias del orden familiar respecto a custodia 1984/2021, respectivamente. Lo anterior, sin que sea el caso dictar mayor proveído en virtud que el veintidós de marzo de dos mil veintidós se tuvo por no presentada la demanda de amparo y quedó sin efectos la medida cautelar concedida.
- Principal
I. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Arisbeth Martínez Gómez en favor de Cecilia Alexandra Contreras Mex y la menor de edad (tres años) Ericka Victoria Itza Contreras (en adelante menor de iniciales E.V.I.C.), contra actos del Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y otras autoridades. II. Creación de expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 255/2022-I. III. Suspensión de plano. Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que entre otros actos señala los siguientes: i) desaparición forzada; ii) incomunicación y iii) detención dentro o fuera de procedimiento; en detrimento de las quejosas Cecilia Alexandra Contreras Mex y la menor de edad de iniciales E.V.I.C., que se atribuye al Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y otras autoridades. i. Desaparición forzada. Por otra parte, con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto del acto reclamado consistente en la desaparición forzada prohibida por los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte promovente dice sufre las quejosas Cecilia Alexandra Contreras Mex y la menor de edad de iniciales E.V.I.C., por parte de las autoridades responsables, para el efecto de que dichos actos cesen de inmediato; lo que deberá hacerse del conocimiento de éstas para que la acaten en su más estricta responsabilidad. Además, en este mismo acto se ordena a las autoridades responsables que practiquen las diligencias conducentes para lograr la localización de las agraviados y hagan llegar a este órgano de control constitucional toda la información recabada para proveer lo que en derecho corresponda, incluyendo ante qué autoridad se encuentra puesto a disposición y cualquier información sobre su detención; lo anterior, atendiendo a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contralas Desapariciones Forzadas y a la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de personas, en la que se establece la obligación de los Estados de promover el respecto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin. Apercibida(s) que no hacerlo se le(s) impondrá multa de cien veces al valor diario de la unidad de medida y actualización de acuerdo con lo establecido en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal, 237, fracciones I y II, 259 de la Ley de Amparo y se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito con la posible comisión del delito de desaparición forzada, en términos del artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que es del tenor siguiente: "Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero." Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto rezan: "Época: Décima Época Registro: 2001633 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: VIII.2o.P.A.2 P (10a.) Página: 1726 DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL IDENTIFICARLA COMO ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, OFICIOSAMENTE, DEBE ORDENAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE PRACTIQUEN LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO, ASÍ COMO REQUERIRLES TODA LA INFORMACIÓN PARA ELLO. En observancia a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al identificar en el amparo como acto reclamado la desaparición forzada de personas, el órgano de control constitucional y convencional, oficiosamente, debe ordenar a las autoridades correspondientes que practiquen las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del agraviado, así como requerirles toda la información para ello." "Época: Décima Época Registro: 2007426 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.9o.P.60 P (10a.) Página: 2392 DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA. El delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Por ello, el legislador estableció que el juzgador de amparo proveyera de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido la demanda, pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional; tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, para lo cual, su párrafo sexto dispone que cuando advierta de la demanda de amparo la posible comisión de dicho delito, tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite, lo que evidencia que el legislador destacó que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo; sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos, aun sin haber admitido la demanda." ii. Incomunicación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación, prohibido por los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte promovente dice sufren las agraviadas Cecilia Alexandra Contreras Mex y la menor de edad de iniciales E.V.I.C., por parte de las autoridades responsables, para el efecto de que dichos actos cesen de inmediato; lo que deberá hacerse del conocimiento de éstas para que la acaten en su más estricta responsabilidad. iii. Detención fuera de procedimiento. Ahora, en cuanto al acto reclamado consistente en la detención fuera de procedimiento, con fundamento en los artículos 15, 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa Cecilia Alexandra Contreras Mex, la suspensión de oficio y de plano respecto de dicho acto, ejecutado en su contra por las autoridades responsables, para el efecto de que si el acto impugnado obedece a la comisión de un delito, sin demora se ponga a la parte quejosa a disposición del Ministerio Público competente. Cabe señalar que si dicho acto no se relaciona con la comisión de un delito, la concesión de la suspensión es para que cese sin demora la detención, poniéndolo inmediatamente en libertad, cumplimiento que deberán informar a este juzgado de distrito, dentro del término de veinticuatro horas siguientes al en que queden notificadas de esta resolución, así como la hora en se llevó a cabo la detención y la hora en que se suspenda. Lo anterior, con el apercibimiento que de no acatar la anterior determinación, la autoridad omisa será sancionada en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: - - - III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; - - - (.)." Es menester precisar, que la medida decretada no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado es diverso o proviene de autoridades distintas a las señaladas en la demanda que se atiende. Ahora, respecto a la detención de la menor de edad de iniciales E.V.I.C. fuera o dentro de procedimiento, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto que sea entregada de inmediato a su familiar más cercano, de encontrarse libre y ser posible, a su madre Cecilia Alexandra Contreras Mex; para lo cual, queda a la más estricta responsabilidad de la responsable que tenga a su disposición a la menor, realizar la búsqueda de la persona a la cual habrá de entregarla (padre, madre, abuelos maternos, abuelos paternos, etc.), circunstancia que también habrán de informar a este juzgado federal dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que reciban la comunicación respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo o informar las causas legales o materiales que se los impidan, se impondrá a la omisa una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto con apoyo en lo establecido en los artículos 237, fracción I, 259 de la ley citada. Para dar cumplimiento a lo anterior, la autoridad respectiva deberá tomar en cuenta la opinión de la madre quejosa debido a que dicha infante cuenta con tres años de edad y la madre impetrante atendiendo a lo mencionado en la demanda de amparo de igual forma se encuentra detenida, para lo cual habrá de preguntarle con qué familiar desea que se quede en caso de que no pueda quedarse con la madre una vez puesta en libertad, en acatamiento a la medida cautelar decretada. En el caso de que la responsable no cuente con mayores datos sobre los familiares más cercanos de la menor-con excepción de su madre- y atendiendo a su interés superior, la quejosa deberá ser entregada para su custodia provisional al Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Por tanto, en caso de que así suceda, privilegiando en todo momento el interés superior de la menor de edad, la autoridad correspondiente podrá mantenerla bajo su cuidado y protección, en el lugar donde estime pertinente de acuerdo a su edad y realice la búsqueda de la persona a la cual habrá de ser entregada (padre, abuelos maternos, abuelos paternos, etc.), con excepción de su madre en el supuesto de que esta se encuentre detenida. Para lo cual, mientras siga vigente la medida cautelar decretada, deberá garantizar la convivencia de la menor con sus familiares, incluso con su madre, de manera supervisada, por lo que tendrá que permitir el acceso a éstos al lugar en donde se encuentre la menor de edad de iniciales E.V.I.C., siempre y cuando no exista impedimento legal para ello; además, deberá vigilar que la menor se encuentre albergada en un lugar con condiciones adecuadas conforme a su edad, así como velar por que se salvaguarde su estado de salud físico y mental, de lo cual deberá informar a este órgano de control constitucional dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de su legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo o informar las causas legales o materiales que se los impidan, se impondrá a la omisa una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto con apoyo en lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la ley citada. Para dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada, como lo disponen los artículos 15 y 20 de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de este juzgado a fin de que, de manera inmediata, se constituya en el lugar en que se encuentren las quejosas y le notifique personalmente el presente auto. En atención a lo anterior, prevéngase a las autoridades responsables para que otorguen las facilidades necesarias al actuario de la adscripción, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído; de lo contrario, incurrirán en la conducta delictiva anteriormente referida. Debiendo las autoridades responsables rendir ante este juzgado, dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano otorgada, anexando al efecto, en su caso, copia certificada de las constancias que acrediten la estancia legal de las quejosas en el lugar en que se ubique; en la inteligencia de que la violación a esta medida cautelar entraña la del delito de desobediencia a un auto de suspensión, conforme a lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por lo que de consumarse, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que haya lugar. IV. Búsqueda de la parte quejosa. Con apoyo en los artículos 20 y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por la naturaleza del asunto, cualquier hora del día o de la noche se considerará hábil para realizar toda actuación que sea conducente; de ahí que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, deberá realizar inmediatamente la búsqueda de Cecilia Alexandra Contreras Mex y la menor de edad de iniciales E.V.I.C., las instalaciones que ocupan las siguientes dependencias: 1) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 2) Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. 3) Vice-fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 4) Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo. 5) Hospital General "Jesús Kumate Rodríguez". 6) Zona Militar Batallón Sexagésimo Cuarto. 7) Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia en esta ciudad. Por ello, ordénese al actuario de la adscripción se constituya en esos lugares, o bien, en algún otro que se le indique o que tenga bien investigar, a fin de que, en el acto de la notificación, requiera a la directa quejosa para que manifieste si es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida en su nombre, apercibiéndole que en caso de no ratificarla en el acto o dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias dictadas, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo; igualmente dicho fedatario deberá realizar la entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables. En el caso de la menor quejosa de iniciales E.V.I.C., la ratificación de la demanda se podrá realizar por conducto de quien legalmente las represente, como pudiera ser su padre, madre, cualquier otra persona que ejerza su patria potestad o tutor; ello, atendiendo a que la menor quejosa como se dijo en la demanda de amparo cuenta con tres años de edad, por lo que no podría en su caso requerirle para que manifieste su voluntad de ratificar o no la demanda sólo para efectos de que sea considerada en términos del derecho de conocer su opinión previsto en el artículo 9.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así, en el evento de que el agraviado ratifique esta demanda promovida en su favor, provéase lo que corresponda sobre la procedencia de la admisión de dicha demanda de amparo. Como apoyo a lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, se cita la tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Octava Época Registro: 214159 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 943 RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SÓLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, la demanda debe ser presentada por quien no sea el quejoso cuando se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; en ese orden de ideas, fuera de esos casos, el ordenamiento legal aludido no permite ordenar la ratificación de la demanda presentada por persona distinta del quejoso." Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la búsqueda de la parte quejosa de ninguna manera es restrictiva, esto es, los funcionarios comisionados pueden constituirse en cualquier lugar que ejerza jurisdicción este juzgado de distrito, pues cuentan con todas las facultades para hacer saber las determinaciones de este órgano jurisdiccional; en el entendido que las autoridades tienen la obligación de informar el paradero de la parte quejosa y de ninguna forma obstaculizar su localización; esta determinación, se hace extensiva a los empleados de diversa índole y en general a todas las personas que tengan intervención en la búsqueda de la parte agraviada, con independencia que hayan sido señaladas como responsables, pues de lo contrario de igual forma incurrirían en responsabilidad. Además, se requiere a las responsables proporcionen las facilidades necesarias a efecto de que el personal comisionado en el presente acuerdo, tenga acceso a los libros de registro y cualquier otro medio de control utilizado por las citadas autoridades, para la verificación del posible ingreso del directo quejoso a las instalaciones que éstas ocupan; aunado a lo anterior, deberán permitir el voceo del nombre de Cecilia Alexandra Contreras Mex y la menor de edad de iniciales E.V.I.C., para lograr la presentación de las citadas personas. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, se autoriza a la promovente Arisbeth Martínez Gómez, o a cualquier persona de su confianza, para que en compañía del actuario o secretario adscrito a este juzgado se constituyan en el lugar antes referido, a efecto que la autoridad a cuya disposición se encuentra la aquí parte quejosa, permitan al mismo, en presencia del funcionario adscrito a este juzgado, una breve entrevista. V. Límites de la suspensión de plano. Por otro lado, tomando en consideración que la suspensión de oficio es una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que se decreta en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pusieran en peligro la vida de la parte quejosa, ataques a la libertad fuera de procedimiento, permitiera su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas en el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el suscrito juzgador, quien debe examinar si entre los hechos denunciados en favor de la parte agraviada y el resultado dañino temido por éstos, existe una relación tal que justifique la adopción de la medida cautelar. Apoya lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, las jurisprudencias que se citan a continuación: "Octava Época Registro: 229397 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Administrativa Tesis: I. 3o. A. J/7 Página: 951 Genealogía: Gaceta número 13-15, Enero-Marzo de 1989, página 88. SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." "Novena Época Registro: 179731 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Común Tesis: VI.1o.A.19 K Página: 1458 SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." VI. Domicilio y autorizados. a. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que se indica. b. Autorizados. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones a María Soledad Martínez Gómez, Alexandra de la Madrid Sánchez, Mayte Liliana Chin Chi, Raúl Alejandro Marfil Anota y Kevin Melesio Reyes Chan, por así haberlo solicitado expresamente. VII. Expedición de copias. Entréguese a la parte quejosa el archivo digital firmado electrónicamente de este proveído que tiene el mismo valor probatorio que una copia certificada, lo cual se podrá realizar mediante medios digitales dejando constancia en autos; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 5 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y artículo Único del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. VIII. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea) haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. X. Requerimiento de contacto a las partes y solicitud de propuestas para mejorar la comunicación con ellas. Con fundamento en los artículos 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se solicita a las partes del presente asunto, que para entablar comunicaciones no procesales, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. XI. Notificaciones a autoridad(es) responsable(s). Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se indica que únicamente se harán las notificaciones a la(s) autoridad(es) mediante oficio de aquellas determinaciones cuyo contenido incida en algún aspecto en su esfera de derechos, practicándose las demás mediante lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." XII. Corrección de denominación de autoridades responsables. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el supuesto de que este órgano jurisdiccional advierta que la denominación de alguna de las autoridades que señaló como responsables sea inexacta, pero se pueda identificar o individualizar, se corregirá oficiosamente ese error y se tendrá por señalada con su denominación correcta, incluso si eso se advierte durante el trámite del juicio, lo anterior debido a que conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006401 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: XXVII.3o.17 K (10a.) Página: 1933 AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." XIII. Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir su respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 245 de la Ley de Amparo. XIV. Transparencia y aviso de privacidad. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo.
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