Cayetano Pompa de la Rosa

Expediente 931/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
931/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Cayetano Pompa de la Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que transcurrió el plazo...para recurrir la sentencia...se determinó sobreseer y negar el amparo solicitado en el presente juicio...se declara que la misma ha causado estado....remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido....Notifíquese.

  2. Principal

    SÉPTIMO. Causas de improcedencia infundadas. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que se aprecien de oficio o bien, las invoquen las partes, por ser una cuestión de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, la autoridad responsable Director de Enlace "C" de la Dirección General de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque manifiesta que es un acto consentido al no haber interpuesto demanda de amparo en contra del oficio FGJCDMX/CGJDH/DGDH/DEC/0591/2020-09 de dos de septiembre de dos mil veinte. Se desestima la causa de improcedencia propuesta, por lo siguiente: Como quedó establecido en el considerando SEGUNDO de la presente resolución, la demanda fue presentada de manera oportuna, con independencia de que el acto reclamado se lo hubiese atribuido a diversa autoridad, situación que fue corregida por la parte quejosa en atención a la vista ordenada por este juzgado a través del acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte y que desahogó la misma como se hizo constar en resultando octavo de la presente resolución; de ahí La desestimación de la causal de improcedencia propuesta. Asimismo, la autoridad responsable, aduce que al haber negado el acto que se le atribuyó, se debe sobreseer el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia; sim embargo dicho argumento es inatendible, siendo y innecesario su estudio, porque la existencia del acto reclamado ya fue motivo de análisis en el considerando que precede, en el que se tuvo plenamente acreditado el mismo. Al no existir alguna otra causal de improcedencia que hayan hecho valer las partes, ni que la suscrita estime se actualice de manera oficiosa en el juicio de amparo, procede el estudio del fondo del asunto. OCTAVO. Estudio de fondo. Enseguida se procede al estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa en relación con el acto consistente en la omisión de dar contestación, fundada, motivada y congruente al escrito de petición de veintiséis de agosto de dos mil veinte, sin que sea necesario que se transcriban, pues ello no implica una violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que rige el actuar de este juzgador, de conformidad con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Antes de abordar el análisis de fondo, en principio, el suscrito considera necesario precisar que el acto reclamado tal y como lo impugna la parte quejosa, de ser violatorio de algún derecho fundamental, lo sería únicamente respecto del artículo 8° de la Constitución Federal y, no así respecto de los diversos numerales constitucionales que precisa, pues se observa que lo que controvierte, medularmente, es que la respuesta recaída a su escrito de petición no es congruente con lo solicitado mediante su escrito de petición de veintiséis de agosto de dos mil veinte. Lo anterior, aunado a que el artículo 76 de la Ley de Amparo, autoriza a suplir el error en la cita o invocación del derecho violado, tanto en su denominación como en el precepto constitucional que lo contenga, considerando los hechos del caso y la lesión que se estima se recibió, para determinar cuál es el derecho aplicable. ... Con el fin de dar respuesta al concepto de violación sintetizado en párrafos precedentes, conviene tener presente el contenido del artículo 8° de la Constitución dispone: ...A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad quien se hay dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De acuerdo con el artículo transcrito, la garantía relativa al derecho de petición se integra por dos fases: 1. Que la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud emita un acuerdo congruente con lo solicitado; y, 2. Que haga saber al gobernado en breve término el contenido de su resolución. Así, el derecho de petición es la facultad que tiene el gobernado de acudir a las autoridades y formular una solicitud escrita; ante ese escrito, el Estado tiene la obligación de dictar un acuerdo escrito congruente a lo pedido. Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la ley fundamental al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Además de dicha obligación, el artículo 8° constitucional también impone el deber de la autoridad de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para cumplir con esta segunda obligación, se requiere del señalamiento de un domicilio donde la autoridad pueda notificar al gobernado la resolución recaída a la petición que le formuló. En relación con los elementos o presupuestos que integran el respeto al ejercicio del derecho de petición, es importante mencionar que la obligación de la autoridad de emitir un acuerdo no se cumple con el dictado de éste, sino que de conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 8°, ha llevado a la conclusión que la respuesta relativa debe atender de manera completa y coherente a lo pedido, pronunciándose como proceda en derecho, en sentido positivo o negativo, pero resolviendo congruentemente lo planteado y notificarlo al gobernado. Este supuesto, esto es la congruencia en la contestación, adquiere relevancia en el caso, en el que no se reclama la omisión de emitir respuesta a la petición formulada, sino que la contestación no atiende la cuestión efectivamente planteada, lo que implica que el análisis de la violación al derecho tutelado por el artículo 8° constitucional, no deriva de la omisión de la autoridad en atender el escrito relativo, sino de otra de sus modalidades, pues la litis se centra en determinar si el acto positivo, es decir la respuesta de la autoridad es congruente con lo realmente pedido. Ahora bien, la congruencia exigida por el derecho de petición consiste en que se emita pronunciamiento con relación a lo pedido, y no que se deba proveer favorablemente lo solicitado, pues la responsable está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos y disposiciones que resulten aplicables al caso, por lo que basta con que el pronunciamiento emitido guarde relación con lo solicitado, sin perjuicio de que éste sea acorde o no a las pretensiones del peticionario. De esta forma, la congruencia que prevé el precepto constitucional debe analizarse en su aspecto externo, esto es, la autoridad debe pronunciarse en concordancia con la materia de lo pedido, pues debe destacarse que a través del derecho de petición, es posible que se formule una solicitud autónoma o que se pretenda instar un procedimiento. De lo anterior se concluye que, de conformidad con el artículo 8º constitucional, toda autoridad ante la que se formule una petición escrita, pacífica y respetuosa, se encuentra obligada a emitir un acuerdo congruente con dicha petición, debidamente fundado y motivado; y, a notificarlo al gobernado en el domicilio que hubiese señalado en su escrito, lo cual deberá realizar en un "breve término", entendido éste como el que sea necesario atendiendo a la naturaleza de la solicitud, el término en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse ésta, y los estudios o trámites que la contestación requiera. Precisado lo anterior, del escrito presentado por el quejoso el veintiséis de agosto de dos mil veinte se observa que medularmente solicitó a la autoridad información respecto a si existe alguna investigación de carácter penal seguida en su contra. En contestación a lo solicitado, la autoridad responsable Director de Enlace "C" de la Dirección General de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por oficio FGJCDMX/CGJDH/DGDH/DEC/0591/2020-09, de dos de septiembre de dos mil veinte, notificado al aquí quejoso por conducto de su autorizado el siete de septiembre de dos mil veinte, respondió en esencia lo siguiente: "(.) En ese sentido, del estudio realizado a su escrito, no se advierte que existan violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos de esta institución, en atención a que como lo señala con su petición busca ejercer su derecho humano una defensa técnica oportuna y adecuada. El cual considera que debe ser ejercido desde el momento en que se le investiga o se le señala como imputado por la posible autoría o participación en hechos que la ley señala como delito y es a partir de este momento en que puede nombrar defensor y ofrecer medios de prueba. No obstante lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no se vulnera el derecho de debido proceso y defensa adecuada cuando existe reserva de información en los registros de la carpeta de investigación durante la etapa de investigación inicial establecida en el artículo 218 del código nacional de procedimientos penales, en virtud de que los datos de pruebas que ofrezca el ministerio público al formular la imputación y solicitar el auto de vinculación a proceso, están sujetos a un contradictorio que debe efectuarse entre el órgano acusador y el imputado en conjunto con su defensa, asimismo lo actuado en la investigación no constituyen ni generan prueba para el resto de las etapas que componen el proceso penal, (.) (.) Máxime que si bien es cierto que usted señala que el hecho de qué exista una posible investigación en su contra, constituye un acto de molestia que le genera incertidumbre y angustia, no menos cierto resulta que nuestro máximo tribunal ha establecido que el hecho de qué se realice una investigación en contra de alguna persona no implica per se un acto de molestia, puesto que los actos de molestia se encuentran contemplados dentro del numeral 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales (.) (.) Al respecto es importante señalar que es una facultad discrecional del ministerio público solicitar la comparecencia del imputado prevista en el artículo 129 último párrafo del código nacional de procedimientos penales (.) (.) De igual manera es potestad de la representación social informarle si se cuenta con alguna carpeta de investigación o no en la que usted tenga la calidad de imputado, dado que si bien en una parte de su escrito señala que no quiere tener acceso a la misma, en otra diversa señala que si eso deseo nombrar defensores y ofrecer pruebas, lo anterior atendiendo la necesidad de cautela que pudiera existir en caso de qué existiera alguna carpeta de investigación en la cual tuviera la calidad de imputado ya que en todo caso ser el representante social correspondiente el que deberá valorar si el hacerle de conocimiento de dicha situación pudiera vulnerar la necesidad de cautela prevista en el numeral 141 fracción III del código nacional de procedimientos penales (.)." De la transcripción que antecede se evidencia claramente -sin prejuzgar sobre su legalidad- que la autoridad responsable le señaló al quejoso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no se vulnera el derecho de debido proceso y defensa adecuada cuando existe reserva de información en los registros de la carpeta de investigación durante la etapa de investigación inicial, así como que el hecho de que se realice una investigación en contra de alguna persona no implica per se un acto de molestia. Asimismo, le señaló que es potestad de la representación social informarle si se cuenta con alguna carpeta de investigación o no en la que el aquí quejoso tenga la calidad de imputado. De lo que se desprende que manifestó las razones jurídicas por las que no podía dar una contestación en los términos que solicitaba el aquí quejoso. En esa tesitura, aun cuando el quejoso manifieste que el acto reclamado carece de motivación y fundamentación, ello no es exacto con motivo de que en la contestación realizada por la autoridad responsable, se citaron como fundamento legal, diversos artículos del Código Nacional de Procedimiento Penales, y como motivo o causa de tal determinación, el hecho de que no existe un acto de molestia durante la etapa de investigación y que es potestad del ministerio público informar sobre la existencia o no de una carpeta de investigación llevada en su contra. Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado, lo establecido en la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, página 1531, que establece: ... En consecuencia, como la autoridad atendió lo peticionado por el quejoso a luz del artículo 8° constitucional que prevé la obligación de emitir una respuesta fundada y motivada de manera congruente con lo solicitado y haberla hecho de su conocimiento; de ahí que resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, por lo que debe negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. .... Asimismo, resulta aplicable la Tesis XXII.1o.9 P, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, página 1071, de rubro y texto siguientes: ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124, 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Cayetano Pompa de la Rosa, atento a lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, recibidos en proveído de veinte de abril del año en curso. Para dar tiempo a lo anterior, procede diferir de oficio la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. ...Notifíquese.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de Amparos, en representación de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual rinde informe justificado relativo a la ampliación de la demanda. ...téngase por rendido el informe de mérito...Notifíquese.

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