Cayetana Jimenez Camarillo

Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
843/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Cayetana Jimenez Camarillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Subdirector de Enmiendas del Registro Civil, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de agosto de este año, remite el acta certificada de defunción asentada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el libro ante la Oficialía del Registro Civil de San Luis Potosí, a nombre de. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva, en la cual, por una parte, se sobreseyó el juicio; y por la otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para que el Director General del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto" realizara lo siguiente: "[.]1. Provean de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, mientras sea derechohabiente, sin interrupciones, los medicamentos para su tratamiento de enfermedad crónica renal, esto de conformidad con su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; entregándole los medicamentos adecuados, ya sean originales o genéricos que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia para su efectividad; asimismo, le sea practicado el tratamiento correspondiente para contrarrestar su padecimiento antes señalado. Debiendo precisar a la autoridad responsable que atendiendo a los conocimientos médicos con los que cuentan, podrán determinar si las sesiones de hemodiálisis son de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento de la quejosa, comparado con otras alternativas que estén incluidas en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud o en sus propios catálogos institucionales; en caso que no sea así, deberán informarlo a la quejosa para que éste decida de manera informada sobre su tratamiento. En el entendido de que, de carecer de los recursos necesarios para su entrega, deben de demostrar que han utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento. 2. Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento (enfermedad crónica renal), justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. En el entendido de que el suministro de los medicamentos deberá ser hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentra sujeto conforme a sus padecimiento, un especialista del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", bajo su más estricta responsabilidad disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y, por ende, la entrega de los medicamentos, así como de algún procedimiento quirúrgico adicional que se deba realizar con motivo del derrame cerebral que sufrió. [.]" Dicha determinación causó ejecutoria el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma. Ahora bien, en el oficio de cuenta el Subdirector de Enmiendas del Registro Civil, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de agosto de este año, remite el acta certificada de defunción ********************, asentada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el libro ******************** ante la Oficialía 000******************** del Registro Civil de San Luis Potosí, a nombre de ********************, en la que se advierte que el nombrado falleció el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en ocasiones no es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, por obstáculos insuperables, y el incumplimiento de las responsables no obedecería a su voluntad, sino a la existencia de factores externos. En la especie se emitió sentencia el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, donde por una parte, se sobreseyó el juicio; y por la otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para que el Director General del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", proveyera de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, mientras sea derechohabiente, sin interrupciones, los medicamentos para su tratamiento de la enfermedad crónico renal que padecía, así como sus requerimientos médicos y clínicos; así como para que le fueran practicados los tratamientos para contrarrestar el padecimiento indicado. Determinación que el diecisiete de agosto de este año, causó ejecutoria; sin embargo, debido a que la quejosa ********************, falleció el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, según consta en el acta certificada de defunción ********************, asentada el veintiocho de julio de este año, ante la Oficialía 000******************** del Registro Civil de San Luis Potosí, existe imposibilidad material para seguir cumpliendo el fallo protector. En efecto, el procedimiento de ejecución del cumplimiento del fallo constitucional, puede ser catalogado como de características accesorias a la pretensión principal -juicio de amparo-, dado que se genera y subsiste sólo a partir de la protección de la justicia federal con que se haya beneficiado a la parte quejosa. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que se ha demostrado en este asunto que la quejosa falleció y los actos reclamados únicamente afectaban derechos personales del solicitante del amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que ante el deceso del propio afectado, existe imposibilidad de continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que la autoridad responsable haya cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante la imposibilidad de continuar con el procedimiento de ejecución del amparo, debe quedar sin materia. Consecuentemente, el efecto jurídico de la imposibilidad para la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia concesoria teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, que se trata de atención médica personal, respecto del cual la quejosa falleció y no se puede continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Por otra parte, al no haber promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos, ni garantías que deban devolverse en términos del multicitado acuerdo. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado acuerdo, en virtud de que, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección solicitados, además que dicha determinación ha declarado sin materia, el presente expediente es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, lo cual actualiza el supuesto antes señalado. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su transferencia. Finalmente, háganse las anotaciones en los registros correspondientes de este órgano jurisdiccional, conforme a los datos que obran en la certificación de cuenta. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés que en lo conducente dice: Agréguese el oficio signado por el Subdirector de Enmiendas del Registro Civil, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de agosto de este año, remite el acta certificada de defunción asentada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el libro ante la Oficialía del Registro Civil de San Luis Potosí, a nombre de. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva, en la cual, por una parte, se sobreseyó el juicio; y por la otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para que el Director General del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto" realizara lo siguiente: "[.]1. Provean de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, mientras sea derechohabiente, sin interrupciones, los medicamentos para su tratamiento de enfermedad crónica renal, esto de conformidad con su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; entregándole los medicamentos adecuados, ya sean originales o genéricos que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia para su efectividad; asimismo, le sea practicado el tratamiento correspondiente para contrarrestar su padecimiento antes señalado. Debiendo precisar a la autoridad responsable que atendiendo a los conocimientos médicos con los que cuentan, podrán determinar si las sesiones de hemodiálisis son de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento de la quejosa, comparado con otras alternativas que estén incluidas en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud o en sus propios catálogos institucionales; en caso que no sea así, deberán informarlo a la quejosa para que éste decida de manera informada sobre su tratamiento. En el entendido de que, de carecer de los recursos necesarios para su entrega, deben de demostrar que han utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento. 2. Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento (enfermedad crónica renal), justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. En el entendido de que el suministro de los medicamentos deberá ser hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentra sujeto conforme a sus padecimiento, un especialista del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", bajo su más estricta responsabilidad disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y, por ende, la entrega de los medicamentos, así como de algún procedimiento quirúrgico adicional que se deba realizar con motivo del derrame cerebral que sufrió. [.]" Dicha determinación causó ejecutoria el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma. Ahora bien, en el oficio de cuenta el Subdirector de Enmiendas del Registro Civil, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de agosto de este año, remite el acta certificada de defunción ********************, asentada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el libro ******************** ante la Oficialía 000******************** del Registro Civil de San Luis Potosí, a nombre de ********************, en la que se advierte que el nombrado falleció el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en ocasiones no es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, por obstáculos insuperables, y el incumplimiento de las responsables no obedecería a su voluntad, sino a la existencia de factores externos. En la especie se emitió sentencia el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, donde por una parte, se sobreseyó el juicio; y por la otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para que el Director General del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", proveyera de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, mientras sea derechohabiente, sin interrupciones, los medicamentos para su tratamiento de la enfermedad crónico renal que padecía, así como sus requerimientos médicos y clínicos; así como para que le fueran practicados los tratamientos para contrarrestar el padecimiento indicado. Determinación que el diecisiete de agosto de este año, causó ejecutoria; sin embargo, debido a que la quejosa ********************, falleció el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, según consta en el acta certificada de defunción ********************, asentada el veintiocho de julio de este año, ante la Oficialía 000******************** del Registro Civil de San Luis Potosí, existe imposibilidad material para seguir cumpliendo el fallo protector. En efecto, el procedimiento de ejecución del cumplimiento del fallo constitucional, puede ser catalogado como de características accesorias a la pretensión principal -juicio de amparo-, dado que se genera y subsiste sólo a partir de la protección de la justicia federal con que se haya beneficiado a la parte quejosa. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que se ha demostrado en este asunto que la quejosa falleció y los actos reclamados únicamente afectaban derechos personales del solicitante del amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que ante el deceso del propio afectado, existe imposibilidad de continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que la autoridad responsable haya cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante la imposibilidad de continuar con el procedimiento de ejecución del amparo, debe quedar sin materia. Consecuentemente, el efecto jurídico de la imposibilidad para la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia concesoria teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, que se trata de atención médica personal, respecto del cual la quejosa falleció y no se puede continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Por otra parte, al no haber promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos, ni garantías que deban devolverse en términos del multicitado acuerdo. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado acuerdo, en virtud de que, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección solicitados, además que dicha determinación ha declarado sin materia, el presente expediente es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, lo cual actualiza el supuesto antes señalado. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su transferencia. Finalmente, háganse las anotaciones en los registros correspondientes de este órgano jurisdiccional, conforme a los datos que obran en la certificación de cuenta. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el apoderado y representante legal del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diecisiete de agosto de este año e informa que la quejosa falleció a las cuatro horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para lo cual remite copia certificada del certificado de defunción folio. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire a la Dirección del Registro Civil en esta ciudad, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este Juzgado copia certificada del acta de defunción que corresponde a la quejosa. Para los efectos legales a que hubiere lugar, infórmese a la autoridad requerida, que en el juicio de amparo en que se actúa, obra que la fecha de nacimiento de la quejosa, es siete de agosto de mil novecientos cuarenta y dos y que falleció el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Apercibida que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, impugnaran la sentencia dictada en este juicio el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió a la parte quejosa el amparo y la protección solicitados, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Director General del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este juicio de amparo, para que dentro del plazo de tres días informe al respecto, o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, le será impuesta una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización vigentes, en términos del numeral 258 de la ley en cita y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia el cual puede culminar con la separación de su puesto y consignación.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano