Cauhtemoc Sánchez Romero
Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cauhtemoc Sánchez Romero
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27/07/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Boca del Río, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de once de julio del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de julio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, en atención a que obran en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la devolución de los documentos citados en párrafos precedentes, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de once de julio del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de julio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, en atención a que obran en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la devolución de los documentos citados en párrafos precedentes, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Boca del Río, Veracruz, once de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que, respectivamente, mediante proveídos de diez y veintiuno de junio de este año, se dio trámite a los recursos de revisión interpuestos por Raciel Anuar Ayala Palma, apoderado legal de Compañía de Agua del Municipio de Boca del Rio, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, autoridad responsable y el tercero interesado Miguel Vázquez Antona, contra la sentencia autorizada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, ordenándose remitir dentro del término de tres días el original y copia de los escritos que contienen los agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en turno, una vez que estuviera debidamente integrado. Consecuentemente, al haberse cubierto tal extremo, remítase sin dilación alguna los originales y copias de los escritos de expresión de agravios, así como el juicio de amparo en el que se actúa. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 11/07/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B...Boca del Río, Veracruz, once de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por ******************** siete copias y trece anexos; regístrese en el libro de gobierno con el juicio ********************y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO: Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. En ese sentido, de la demanda de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado, lo siguiente: "ORDENAMIENTO POR PARTE DE LA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITO AL HOPISTAL GENERAL CON RESIDENCIA EN VERACRUZ, VERACRUZ, PARA QUE EL SUSCRITO REGRESE A LABORAR AUN SABIENDO Y TENIENDO CONOCIMEINTO DESDE EL PRIMER DÍA QUE ME LESIONE LA COLUMNA VERTEBRAL Y POSTERIORMENTE MIS TESTICULOS QUIERO HACER DE SU CONOCIMIENTO SU SEÑORÍA QUE YO TENGO DAÑADOS SISTEMAS MOTERES ESPECIFICAMENTE NO FLEXIONO LAS RODILLAS AUDITIVOS Y UN POCO LA VISTA, HERNEA DE TRES DISCOS EN LA COLUMNA VERTEBRAL, SOY HIPERTENSO TODO ESTO QUE ESTOY MANIFESTANDOLE A USTED CIUDADADO JUEZ LO DEMUESTRO CON DOCUMENTOS QUE PRESENTO EN ESTA SOLICITUD DE AMPARO YA QUE COMO PODRA USTED PERCIBIR YO YA NO PUEDO TRABAJAR APENAS Y CAMINO, LOS TESTÍCULOS ME DUELEN MUCHISIMO AL GRADO QUE ME HACEN LLORAR, LOS MEDICAMENTOS QUE ME PROPORIONAN EN MI UNIDAD MEDICA SON INSUFICIENTES.". Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta a su naturaleza de orden público. El que suscribe estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, atento a que dicho acto no provienen de una autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales, sino que deriva de una relación eminentemente laboral (empleador-trabajador). Los preceptos legales citados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De las disposiciones trascritas se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, de su contenido se aprecia que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en aquellos casos en que sus funciones estén determinadas por una norma general. En cuanto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad; lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública. Dicho criterio se superó al sustentar con posterioridad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis P. XXVII/97, publicada en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en ella se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, dicho criterio se emitió en interpretación de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, concretamente en torno al artículo 11 que establecía las notas distintivas de la autoridad; sin embargo, resulta útil e ilustrativo para detectar las notas distintivas de los actos de autoridad, así como los criterios que han orientado sus características, los cuales como se verá en seguida, fueron acogidos en gran medida, por el texto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte, el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, del proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Otro elemento para considerar, según lo estableció nuestro Máximo Tribunal, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, y contra de particulares en los casos especificados, por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales de los gobernados y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En ese contexto, del estudio de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, al Departamento de Recursos Humanos adscrito al Hospital General, con sede en Veracruz, Veracruz, la incorporación a su fuente laboral por haber culminado su periodo vacacional el día cuatro de julio de este año, y no contar con incapacidad médica vigente. De lo anterior, es dable sostener que dicho acto no se realiza en un plano de supra a subordinación, sino con base en derechos derivados de una relación laboral, que sostiene la autoridad con el promovente del amparo, por lo que su actividad no puede equipararse a una actividad de imperio. Es decir, el acto reclamado tiene consecuencia comprendida dentro de la relación de trabajo; relación contractual regulada por el derecho del trabajo, en el que los entes públicos actúan en un plano de igualdad, y no como Autoridades para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos de Autoridad. En efecto, la relación que puede existir entre el promovente y el ente señalado como Autoridad responsable es de coordinación con motivo de la prestación de servicios que aduce los une; por lo que se concluye que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de Autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que al señalar como autoridad responsable a ente que en realidad tienen el carácter de empleador, incluso en caso de plantear un tema de inconstitucionalidad o aplicación de los lineamientos de la administración pública, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis I.13o.T.207 L (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, diciembre de 2018, Tomo II, página 1096, Décima Época, registro digital 2018679, que señala: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A ENTES QUE EN REALIDAD TIENEN EL CARÁCTER DE PATRÓN, AUNQUE SE PLANTEE LA INCONSTITUCIONALIDAD O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). Uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y no es impedimento para considerarlo así, el hecho de que se reclame la inconstitucionalidad o aplicación de los Lineamientos de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en atención a que son dos situaciones íntimamente relacionadas (autoridad responsable y acto reclamado), por lo que, al no ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, no se actualiza el supuesto de admisión de la demanda, aun cuando se precise que se reclama la inconstitucionalidad de una ley u ordenamiento jurídico.". Asimismo resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.), con número de registro digital 2023974, sustentada por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, página 1253, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente." De ahí que, al integrarse el interés jurídico del quejoso por una cuestión laboral, en la cual su relación con la responsable es de coordinación, el acto que por esta vía se reclama, no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y por ende, no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Téngase por autorizado con facultades restringidas en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************ya que no acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales ni se proporcionó el número de su cédula profesional para consultar su registro en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.
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