Catarina Parra Ramírez

Expediente 835/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
835/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • Catarina Parra Ramírez
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el veintiséis de febrero del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintisiete de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veinte de junio de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.]1. Los artículos 24, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit; al igual que los numerales 76 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa la contribución erogada por la revalidación de permiso de depósito de bebidas alcohólicas, cuyo refrendo anual es de $13,022.00 pesos (fojas 11 a 16), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho. Devolución que debe realizarse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante el recibo de pago expedido por el banco BBVA Bancomer, concatenado con la copia del formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual, con la copia del permiso de depósito de bebidas alcohólicas y con la copia certificada del recibo de pago por derechos de traspaso de ese permiso (fojas 11 a 16). No pasa inadvertido que el Recaudador de Rentas referido no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, éste, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 144, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, se deberá restar el cobro que se realizó por el concepto de comisión bancaria $3.00 pesos que se indicó en el formato de revalidación de permiso (fojas 11 a 16), toda vez que la parte accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley de ingresos aquí combatida, al igual que en los numerales 76 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, derivados del pago por la revalidación de permiso de depósito de bebidas alcohólicas (fojas 11 a 16). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver por revalidación de permiso aludido, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.[.]". Inconforme con dicha resolución, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, interpuso recurso de revisión contra la misma. Sin embargo, por ejecutoria emitida el diez de octubre del año próximo pasado, por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, dentro del amparo en revisión número 807/2019 de su índice, derivado del diverso 469/2019, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia pronunciada en este sumario constitucional. En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, mediante oficio presentado el veinticinco de febrero del año en curso, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la quejosa Catarina Parra Ramírez y de la que se advierte que devolvió la cantidad de $14,308.12 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $13,858.41 pesos, menos la comisión bancaria de $3.00 pesos, da como resultado un total de $13,855.41 pesos, sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve y el veintiuno de febrero del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de febrero del año próximo pasado al mes de enero del año en curso. Lo anterior es así, toda vez que por oficio presentado el doce de febrero del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que había turnado a la Dirección General de Tesorería, los datos necesarios para llevar a cabo la transferencia bancaria a favor de la parte quejosa. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de del año próximo pasado fue de 103.079; y para el mes de enero del año en curso de 106.447. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.032673. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $13,855.41 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $14,308.10 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $13,855.41 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $452.69 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $14,308.12 pesos; es decir, en exceso $0.02 centavos, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el veintiséis de febrero del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintisiete de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veinte de junio de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.]1. Los artículos 24, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit; al igual que los numerales 76 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa la contribución erogada por la revalidación de permiso de depósito de bebidas alcohólicas, cuyo refrendo anual es de $13,022.00 pesos (fojas 11 a 16), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho. Devolución que debe realizarse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante el recibo de pago expedido por el banco BBVA Bancomer, concatenado con la copia del formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual, con la copia del permiso de depósito de bebidas alcohólicas y con la copia certificada del recibo de pago por derechos de traspaso de ese permiso (fojas 11 a 16). No pasa inadvertido que el Recaudador de Rentas referido no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, éste, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 144, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, se deberá restar el cobro que se realizó por el concepto de comisión bancaria $3.00 pesos que se indicó en el formato de revalidación de permiso (fojas 11 a 16), toda vez que la parte accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley de ingresos aquí combatida, al igual que en los numerales 76 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, derivados del pago por la revalidación de permiso de depósito de bebidas alcohólicas (fojas 11 a 16). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver por revalidación de permiso aludido, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.[.]". Inconforme con dicha resolución, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, interpuso recurso de revisión contra la misma. Sin embargo, por ejecutoria emitida el diez de octubre del año próximo pasado, por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, dentro del amparo en revisión número 807/2019 de su índice, derivado del diverso 469/2019, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia pronunciada en este sumario constitucional. En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, mediante oficio presentado el veinticinco de febrero del año en curso, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la quejosa Catarina Parra Ramírez y de la que se advierte que devolvió la cantidad de $14,308.12 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $13,858.41 pesos, menos la comisión bancaria de $3.00 pesos, da como resultado un total de $13,855.41 pesos, sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve y el veintiuno de febrero del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de febrero del año próximo pasado al mes de enero del año en curso. Lo anterior es así, toda vez que por oficio presentado el doce de febrero del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que había turnado a la Dirección General de Tesorería, los datos necesarios para llevar a cabo la transferencia bancaria a favor de la parte quejosa. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de del año próximo pasado fue de 103.079; y para el mes de enero del año en curso de 106.447. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.032673. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $13,855.41 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $14,308.10 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $13,855.41 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $452.69 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $14,308.12 pesos; es decir, en exceso $0.02 centavos, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en informar los trámites realizados a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe el acatamiento total a la sentencia concesoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por la delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en vías de cumplimiento al fallo protector concedido informa que derivado del cierre del ejercicio fiscal y por disposición del artículo 22 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Estado de Nayarit y derivado del periodo vacacional a partir del dieciséis de diciembre del año en curso se cancelaron todos los movimientos de pago, incluido el trámite en favor de la aquí parte quejosa por concepto de pago en acatamiento al fallo protector, no obstante ello, a partir de enero con la apertura del presupuesto del ejercicio fiscal dos mil veinte, se dará cumplimiento a la sentencia; por consiguiente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese.

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