Catalino Mendoza Cortés

Expediente 172/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
172/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2015

Partes del expediente

  • Catalino Mendoza Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del auto de nueve de febrero de este año (fojas 9 a 13), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Catalino Mendoza Cortés, se hizo al citado promovente el trece de febrero del año en curso (foja 15), notificación que surtió efectos el dieciséis siguiente; de ahí que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del diecisiete al veintitrés de febrero de este año, descontándose los días veintiuno y veintidós por inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo la parte quejosa reclamó el auto de trece de noviembre de dos mil catorce, dictado en el recurso de revisión 877/2014, que confirmó el proveído de dieciocho de junio de dos mil catorce, del expediente 214/2014 del índice de la anterior Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, por el que se tuvo por acreditada la personería del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de febrero del dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Catalino Mendoza Cortés, contra actos de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo, residente en esta ciudad y de otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 172/2015; con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, oficiosamente se emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los preceptos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente por ser de orden público. Artículos que en lo que interesa disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó la existencia de dos criterios para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio de imposible reparación. El primero, considerado como regla general, consiste en que los actos procesales tienen una ejecución de este tipo, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. El segundo criterio, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales, por excepción, tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior se sustenta en la tesis de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Todo ello se establece también en el referido precepto legal, donde el legislador estableció tales supuestos de procedencia para ejercer la acción constitucional denominada juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de trece de noviembre de dos mil catorce, dictado en el recurso de revisión 877/2014, que confirmó el auto de dieciocho de junio de dos mil catorce, emitido en el expediente 214/2014 del índice de la anterior Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, en el que se tuvo por acreditada la personería del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y del consejero Jurídico del Gobierno del Estado, se les tuvo contestando la demanda instaurada en su contra y se les requirió para que perfeccionaran las pruebas ofrecidas. Al respecto, a criterio de este órgano, esa determinación no afecta derechos sustantivos públicos del agraviado, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, cuenta habida que en ésta se confirmó la forma en que se tuvo acreditada la personalidad de la parte demandada en la instancia procesal de origen y a la preparación de pruebas; de tal suerte que si las violaciones cometidas al emitir la resolución reclamada, trascienden al resultado del fallo que se pronuncie al resolver el asunto, (en su caso al dictarse la sentencia respectiva) y si ésta es desfavorable a los intereses de la parte agraviada, éste puede reclamarlas en el amparo directo que, en su caso, promueva contra la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el expediente administrativo 214/2014 de serle adversa; en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, de no hacerlo así, se permitiría el abuso del juicio de amparo y la multiplicación innecesaria de los asuntos, en detrimento de la impartición de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese contexto, el acto reclamado ningún perjuicio irroga a la parte quejosa, porque no constituye un acto de ejecución irreparable. Es pertinente invocar por ser aplicable al caso, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E NMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En mérito de lo expuesto, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada y por consecuencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Catalino Mendoza Cortés, contra actos de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo, residente en esta ciudad y de otra autoridad. Apoya a lo anterior por que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia bajo el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Asimismo, la jurisprudencia, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. CUANDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES. Si la violación al procedimiento se encuentra en alguna de las fracciones I a X del artículo 159 de la Ley de Amparo, o si se trata de un caso análogo a los que en ellas se contemplan en los términos de la fracción XI del propio precepto, la correcta interpretación de dicho artículo debe hacerse a la luz del artículo 107 constitucional y en relación con el artículo 158 de su ley reglamentaria ya mencionada. En efecto, hay que tener presente que la regla general para la procedencia del amparo directo tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento, consiste en que las mismas son impugnables si se cometieron durante la secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por eso, cuando en una demanda de garantías se reclama una violación procesal, los Tribunales Colegiados deben examinar si se cumplen los requisitos previstos en la regla general apuntada. Y si se cumplen tales requisitos, el amparo directo debe considerarse procedente para hacer valer dicha violación procesal. Ahora bien, el artículo 159 de la Ley de Amparo hace una enumeración ejemplificativa, de diversos casos en los que se considera que se violan las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso. Por tanto, por lo que dispone la fracción XI del artículo 159, como por el texto y el sentido del artículo 107 constitucional y del artículo 158 de la propia Ley de Amparo, no puede interpretarse limitativamente el referido artículo 159, sosteniendo que sólo en esos casos se dan los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que se refiere a las violaciones procesales, sino que debe concluirse que en todos aquellos casos semejantes, por su gravedad y por sus consecuencias a los allí mencionados, procede hacer valer el amparo directo para combatir la violación, con la finalidad de que siempre se cumpla la regla general, lo que debe calificarse por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en su caso, atendiendo a las actuaciones procesales y a sus efectos, según aparezcan en autos". Así como la diversa jurisprudencia que dice: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. : La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto". Así también la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. REPARACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, cuando se trata de violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso y que trascienden al resultado del fallo, es requisito indispensable para que sean estudiadas en el amparo directo, que se agote el recurso ordinario correspondiente, si se cometió en primera instancia y, si no ha sido reparada mediante recurso ordinario, es necesario que tal violación sea reiterada nuevamente ante el tribunal de apelación, en los agravios que se formulen contra la sentencia de fondo de primera instancia, reiteración que es necesaria por así establecerlo la Constitución Federal". Sin que lo anteriormente expuesto, atente contra el derecho humano relativo al acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo y legalidad, pues éste no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales. En esa virtud, se considera que es aplicable al caso el numeral 113 de la Ley de Amparo, pues con ello no se ve limitada la defensa del peticionario. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para tal efecto a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.

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