Catalina Sara Vargas Ordoñez

Expediente 1659/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1659/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2016

Partes del expediente

  • Catalina Sara Vargas Ordoñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito que suscribe la representante especial de los menores, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autoriza a una persona y solicita copias simples de todo lo actuado. Atento a lo anterior, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita la promovente, para los efectos legales conducentes; además, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la ley de la materia, se tiene por autorizada a la persona que refiere. Finalmente, respecto a la solicitud de copias con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse las copias que obran en el presente cuaderno, previa razón de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por el cual remite en alcance a su informe justificado las constancias que acreditan su dicho. En ese tenor, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto, la superioridad informe respecto a la competencia declinada por este juzgado. Fórmese anexo por separado, debidamente identificad, para mejor manejo de las constancias remitidas. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguense los informes justificados rendidos por las autoridades que los suscriben y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa. Fórmense los anexos correspondientes con las constancias remitidas. Ahora, del análisis de las actuaciones que envió la autoridad responsable, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto; en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En efecto, los artículos 34 y 170 de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". De los numerales transcritos, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, como ocurre en el caso que nos ocupa y que más adelante se detallará. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el diecisiete de junio de dos mil tres, la contradicción de tesis 15/2002-PL, interpretó de manera sistemática, el contenido de los artículos 46, 47 y 158, de la Ley de Amparo en torno al aspecto relativo a la definitividad de una sentencia en tratándose del juicio de amparo directo y determinó en la parte que interesa lo siguiente: ".es necesario destacar algunas cuestiones generales, relativas a la procedencia del amparo directo, al órgano jurisdiccional competente para conocerlo, así como lo que debe entenderse por sentencia definitiva para los efectos del amparo, el momento y las razones por las que adquiere ese carácter, dado que son conceptos jurídicos que están estrechamente relacionados y se derivan de puntos controvertidos por los Tribunales Colegiados contendientes. A ese respecto, los artículos 44, 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley." "ARTÍCULO 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." "ARTÍCULO 47. Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia un juicio de amparo directo del que debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito, se declarará incompetente de plano y se remitirá la demanda con sus anexos, al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. El Tribunal Colegiado de Circuito designado por la Suprema Corte de Justicia, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia. Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia un juicio de amparo indirecto, se declarará incompetente de plano y remitirá la demanda con sus anexos, al juez de Distrito a quien corresponda su conocimiento, quien conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artículo 51. Si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que deba conocer un Juez de Distrito, se declarará incompetente de plano y remitirá la demanda, con sus anexos, al que corresponda su conocimiento, y el juez designado en este caso por el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de un juzgado de Distrito de su jurisdicción, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artículo 51. Si el juzgado de Distrito no pertenece a la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito, podrá plantearse la competencia por razón del territorio, en los términos del artículo 52." "ARTÍCULO 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio." De lo anterior se obtienen los siguientes elementos: El citado artículo 46 precisa lo que debe entenderse por sentencia definitiva, y cuándo una resolución pone fin al juicio. Así, se está en presencia de una sentencia definitiva, en dos casos, a saber: Cuando la sentencia decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no concedan ningún recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. La sentencia dictada en primera instancia, en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados (las dos partes) hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, siempre que la ley así lo autorice. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Amparo, también es jurídicamente factible promover amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio. A ese respecto, el referido artículo 46 precisa que se entenderá por resolución que pone fin al juicio, aquélla que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario. En el artículo 47 se establecen tres supuestos en los que, ante un órgano jurisdiccional, es presentada una demanda de amparo, de la cual, por razón de competencia, debe conocer un órgano diverso. (.) Por su parte, el artículo 158 de la Ley de Amparo se refiere al órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos promovidos contra sentencias definitivas y, por extensión, contra laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que en todos los casos sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario. Debe ponerse de manifiesto que, conforme al principio de definitividad, existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición establece lo siguiente: "ARTÍCULO 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". (.) Debe ponerse de manifiesto que, de la interpretación sistemática de los artículos 44, 46, 73, fracción XIII, y 158, de la Ley de Amparo, se desprende con claridad que el legislador estableció que lo jurídicamente relevante no son las situaciones de facto, atribuibles a las partes en los juicios ordinarios, sino la estricta observancia y respeto al principio de definitividad, reflejado y contenido en los referidos preceptos legales. Lo anterior es así, porque el artículo 46 de la Ley de Amparo, al referirse a la sentencia definitiva, señala que es aquélla que decide el juicio en lo principal y respecto de la que las leyes no concedan ningún recurso ordinario, por medio del cual pueda ser modificada o revocada. Lo que significa que si la ley sí prevé el recurso, éste deberá ser agotado, atento al principio de definitividad, dado que la existencia legal del medio de impugnación se traduce en una obligación jurídica, para las partes en el juicio, de agotar el recurso ordinario concedido por la ley, carga procesal que no puede ser soslayada por la sola voluntad de una de las partes. Aunque el propio artículo 46 de la Ley de Amparo, permite considerar como sentencia definitiva, aquélla dictada en primera instancia, en asuntos del orden civil, cuando los interesados (las dos partes en el juicio) con la autorización prevista en la ley, hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios, ello no significa que por el sólo hecho (situación de facto), imputable a una de las partes, de que hubiese omitido interponer el recurso correspondiente, deba considerarse aquella sentencia de primera instancia como definitiva, porque, como ya se dijo, la obligación legal de agotar los medios ordinarios de impugnación es una carga procesal que no puede ser dejada de lado por una sola de las partes. Debe precisarse que una cuestión es la relativa a la calificación jurídica de que una sentencia es definitiva, para los efectos del amparo, por haber resuelto la litis principal y respecto de ella ya no proceda ningún recurso ordinario; y otra es la mera situación de hecho, originada por la omisión o negligencia de una de las partes, al no cumplir con la obligación de interponer el recurso previsto en la ley, situación que únicamente produce que dicha sentencia, de hecho, ya no pueda ser modificada; pues ha adquirido la naturaleza de cosa juzgada, y por ende, deviene inatacable. Es decir, una cosa es la inmodificabilidad de hecho, y otra que la sentencia tenga legalmente el carácter de definitiva, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando las partes han agotado el principio de definitividad. El artículo 46 de la Ley de Amparo equipara a las sentencias definitivas, aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por tal, las sentencias respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, o concediéndolo haya sido agotado o bien éste sea legalmente renunciable. Lo anterior pone de relieve, una vez más, que el respeto al principio de definitividad no es una cuestión que pueda variarse o alterarse a voluntad o capricho de una de las partes, porque la expresión: 'no concedan', se traduce en contrapartida, en que si las leyes comunes conceden o prevén algún recurso, éste necesariamente deberá ser agotado, salvo que la propia ley o la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezcan, expresamente, una excepción al principio de definitividad. Aun el artículo 158 de la Ley de Amparo, al referirse al órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos contra sentencias definitivas o contra resoluciones que ponen fin al juicio, reitera 'respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario', lo cual quiere decir que si procediera algún medio de impugnación, éste deberá ser agotado, porque se trata de una obligación legal, no de una cuestión discrecional para las partes en el juicio ordinario. Las anteriores consideraciones conducen a establecer que una sentencia adquiere el carácter de definitiva, cuando en ella se ha resuelto el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario, por medio del cual pueda ser modificada o revocada, o estando previsto dicho recurso, éste haya sido agotado, o las partes hayan renunciado a él expresamente, cuando la ley se los permita. Por lo tanto, si una sentencia es legalmente recurrible, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término, aunque la sentencia ya no pueda ser legalmente modificada y, por ello deba tenerse, de hecho, como una sentencia definitiva, no lo es para los efectos de la promoción del juicio de amparo, pues como ha quedado explicado, la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, deliberadamente o por descuido, atribuible a una de las partes, no puede tener el efecto de hacer procedente el amparo directo, porque ello implicaría soslayar unilateralmente la obligación legal y el deber jurídico de agotar los recursos que la ley prevé y concede, lo que se traduciría en franca violación al principio de definitividad, ya que el aspecto concreto que se analiza no constituye una excepción. Debe ponerse de relieve que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad; es decir, que son una previsión del legislador y, en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente, a través de infinidad de tesis, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación, congruente con la esencia del principio de definitividad, el cual, si bien es cierto que admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación y el deber jurídico de agotarlos y substanciarlos, antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que las partes no pueden, a su voluntad o capricho, dejar de interponerlos y agotarlos, con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad, pues tal omisión necesariamente conduciría al sobreseimiento del juicio, por la razón de que, en esas condiciones, desde el punto de vista estrictamente jurídico, si estando previsto el medio de impugnación no es agotado, y no existe excepción legal o jurisprudencialmente establecida, no es jurídicamente factible considerar como sentencia definitiva, para los efectos del amparo, una resolución de primer grado. No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que, por disposición de la ley o de la propia jurisprudencia, en algunas hipótesis, la interposición de los recursos ordinarios es opcional para las partes, característica que, sólo en ese caso, suprime la naturaleza obligatoria de los medios de impugnación, dado que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de garantías, ya que, a través de la substanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios, pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los Tribunales Federales de amparo. Resulta pertinente señalar que, paralelamente a la cuestión relativa a la definitividad de las sentencias, existe la diversa característica conocida como cosa juzgada, la cual se ha definido como el atributo, la calidad o la autoridad de definitividad que adquieren las sentencias. La cosa juzgada puede entenderse en dos sentidos: uno formal o procesal, y otro sustancial o material. El primero implica la imposibilidad de impugnación de una sentencia, bien porque no exista recurso contra ella, o porque se ha dejado transcurrir el término señalado para interponerlo. En el sentido sustancial, material o de fondo, la cosa juzgada alude al carácter irrebatible, indiscutible e inmodificable de la decisión reflejada en la sentencia. En este sentido, puede afirmarse que la cosa juzgada es la verdad legal, es una verdad definitiva que ya no puede ser rebatida, desde ningún punto de vista y en ninguna oportunidad. Por lo tanto, el objetivo inmediato de la cosa juzgada es establecer el carácter definitivo de las situaciones jurídicas creadas o determinadas en la sentencia, de ahí la relevante importancia del principio de definitividad y la trascendencia jurídica de la obligación legal de agotar los recursos ordinarios. Por otro lado, una vez que ha quedado establecido lo que debe entenderse por sentencia definitiva, para los efectos del juicio de amparo, así como el momento y las razones por las que adquiere ese carácter, es necesario hacer referencia a la procedencia del amparo directo y determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocerlo, dado que la cuestión de competencia es otro de los aspectos controvertidos entre los Tribunales Colegiados contendientes. Al respecto, el artículo 158 de la Ley de Amparo señala, en lo que a este estudio interesa, lo siguiente: "ARTÍCULO 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados". Las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, a las que alude el citado precepto legal, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones." De las referidas disposiciones se desprende que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo directo es el Tribunal Colegiado que corresponda, según la materia de la litis que deba dilucidarse. Ya ha quedado establecido que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario. (.)." Aspectos que, prevalecen al tenor de la Ley de Amparo, por contenerse disposiciones de contenido análogo, las cuales se encuentran referidas en los numerales en los que este órgano de control constitucional sostiene la incompetencia planteada. Ahora, para los efectos del amparo debe entenderse por juicio, el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma, hasta que se dicta sentencia o resolución que le ponga fin. Así pues, el juicio está condicionado a la existencia de un litigio, esto es, de un conflicto entre partes, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define (en cualquier sentido) la controversia, el litigio termina y por consecuencia el juicio. Atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de su artículo 170, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que ponen fin al juicio), son todas aquellas determinaciones que se dan después de presentada la demanda, momento que para efectos estrictamente del juicio de amparo, se considera da inicio el juicio. Precisado lo anterior, se colige que el fallo dictado por un tribunal que resuelve un recurso de revisión, como ocurre en la especie, pues en este sumario se reclama la resolución de segunda instancia que confirmó la definitiva dictada en el juicio ordinario civil sobre petición de herencia, es de aquellas resoluciones que ponen fin al juicio, pues si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda en lo principal, dado que ello ya ocurrió con el dictado de la sentencia, sí dan por terminado el juicio; consiguientemente, se trata de una resolución impugnable en amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Sin que este juzgado de Distrito soslaye el contenido de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN DE HERENCIA DE CUANTÍA INDETERMINADA. INCOMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO RESPECTIVO. En los casos en los cuales la controversia planteada en juicio de amparo directo versa sobre la acción real de petición de herencia de cuantía indeterminada o cuyo monto sea inferior a seiscientos mil pesos, no se surte la hipótesis prevista en el artículo 26, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por ello, no es competencia de esta Suprema Corte de Justicia conocer de asuntos de esa naturaleza. En efecto, aun cuando en los juicios de petición de herencia es necesario analizar si el peticionario acreditó su entroncamiento con el actor de la sucesión, en reconocimiento o desconocimiento del grado de parentesco que une al presunto heredero con el de cujus, sólo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia respectivo, pero no es apto para demostrar fuera de él que la persona que ejercitó dicha acción tiene tal o cual estado civil. Por otra parte, las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia, así como atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o revoquen, cuestiones que no se tratan en el problema a estudio. Por último, la circunstancia de que intervengan personas que se dicen integrantes de un grupo familiar, tampoco trae como consecuencia el que deba estimarse que se afecta el orden o la estabilidad de la familia, pues los intereses en juego son de carácter económico en relación con la libre disposición de los bienes que forman la masa hereditaria y la resolución que se emite en dicha controversia no variará la configuración o el orden existente en el grupo familiar. Nota: Las disposiciones citadas en la tesis son las que estaban en vigor cuando se aprobaron las ejecutorias que las contienen.". Sin embargo, se considera que al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ese criterio jurisprudencial ya no es aplicable. En efecto, el artículo 37 del referido cuerpo normativo, en lo que nos concierne, establece: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y" Como se aprecia, la única regla de procedencia del amparo directo en materia civil, cuya tramitación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, es que se trate de una sentencia que ponga fin al juicio, como ocurre en la especie, pues la acción intentada por la actora ya fue declarada procedente en una sentencia, dictada en un juicio en el que se desahogaron etapas probatorias y de alegatos; determinación que concluyó ese sumario y que además fue confirmada por la resolución del Tribunal de Alzada que conoció de la apelación hecha valer en su contra, por lo que es inconcuso que esta última sí es una determinación que debe ser ventilada en amparo directo, al tenor de lo expuesto en los párrafos que preceden. En consecuencia, envíese el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, atento a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, aguéguese únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta por medio del cual la quejosa solicita a este juzgado decline competencia al Tribunal Colegiado de Circuito en turno. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguense los escritos que suscriben la parte quejosa y la tercero interesada, mediante el cual con el primero realiza diversas manifestaciones con relación a declinar la competencia del presente asunto al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito; por tanto, téngase por hechas las aseveraciones que refiere el promovente los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora, respecto al segundo se apersona la tercero interesada, señalan domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza a diversas personas. Atento a lo anterior, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita la promovente, para los efectos legales conducentes. Ahora, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que a la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

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