Catalina Ruiz Sanchez

Expediente 634/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
634/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Catalina Ruiz Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por********************, por derecho propio, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Admisión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente respectivo al haberse solicitado la suspensión. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión, en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y acorde con la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído. En el informe deberá(n) exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, esto es las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soportan su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial. Notificación por medios electrónicos para autoridades responsables foráneas. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) en relación con el 28, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se autoriza el envío de oficios a la(s) autoridad(es) responsable(s) mediante correos electrónicos oficiales, quien(es) deberá(n) acusar recibo por la misma vía y rendir su(s) informe(s) de ley a través del correo institucional oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento por causa de improcedencia o sobreseimiento. Conforme al artículo 64, de la ley de la materia, se requiere a las partes para que, de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este juzgado y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. Tercero interesado. Se reserva acordar lo procedente respecto a su existencia y, en su caso, emplazamiento, hasta en tanto obren las constancias relativas al juicio de origen; lo anterior, para tener la plena certeza de a quién le resulta ese carácter. Intervención al agente del ministerio público federal. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponda, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, corriéndole traslado con copia de la demanda. Consulta del expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, ha solicitado el acceso al expediente electrónico en los juicios radicados en este juzgado. En tal virtud, en obviedad de dilaciones innecesarias, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico, a través del usuario: "********************". Por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26 de la ley de la materia. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Pruebas. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales exhibidas con el escrito de demanda, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de éstas al celebrarse la audiencia constitucional. Otras pruebas. Respecto de la prueba de inspección ocular se reserva proveer lo conducente hasta en tanto esté integrada la litis constitucional. Por su parte, en relación a la prueba testimonial se estima procedente desecharla, al tenor de las siguientes consideraciones. Si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo, faculta a este órgano jurisdiccional para admitir medios probatorios para efecto de resolver sobre el juicio de amparo, no menos cierto es que dicho precepto debe interpretarse en conjunto con la facultad del Juzgador para desechar las pruebas que no colmen los requisitos que establece la legislación aplicable. En ese sentido, el supracitado artículo dispone que para el ofrecimiento de la prueba testimonial, se deberán exhibir original de los interrogatorios. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa fue omisa en exhibir el interrogatorio respectivo, de ahí que lo conducente sea desechar de plano la probanza en cuestión, puesto que para ser objeto de desahogo y valoración por este órgano jurisdiccional, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues la exhibición del interrogatorio original constituye una condición de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial. Ello es así, dado que tanto la exhibición del interrogatorio original es un elemento esencial para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, ya que delimita el objeto de la testimonial y su contenido constituye la materia sobre la cual versará. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 15, Décima Época, Materia Común, de registro digital 2017133, cuyo rubro dispone: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)" Compulsa de documentos. Con apoyo en los artículos 61 y 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase el cotejo y certificación de los documentos exhibidos en original para que obren en el cuaderno incidental. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Tuxpan de Rodríguez Cano, ********************, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia de la demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, promovido por********************, por derecho propio, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo, mismo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea notificada, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Audiencia Incidental. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Análisis de la suspensión provisional. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad, y sus consecuencias jurídicas. Requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar. Precisado el acto reclamado, previamente, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo exige dos requisitos para conceder la suspensión, siendo en el caso: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el artículo 129 de ese ordenamiento legal. En principio, el requisito fijado en el inciso I se encuentra acreditado, toda vez que la parte quejosa solicitó el otorgamiento de la suspensión y por cuanto hace al segundo de los presupuestos, debe decirse que se encuentra cumplida toda vez que con la concesión de la medida cautelar solicitada no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Interés suspensional. En ese orden de ideas debe indicarse que de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias allegadas a la misma se deprenden indicios para tener por acreditado el interés suspensional de la parte quejosa, pues para tal efecto anexó: Copia certificada de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de********************. Recibo de Recaudación General Municipal del Ayuntamiento de ********************, ********************, del periodo ******************** a nombre del contribuyente********************, en relación al domicilio ********************. Copia simple de la constancia de residencia de diecisiete de mayo de dos mil, expedida por el secretario del Ayuntamiento Constitucional de ******************** de Hidalgo, ******************** a favor de********************. Constancia de residencia de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, expedida por el secretario del Ayuntamiento Constitucional de ******************** de Hidalgo, ********************, a favor de********************. Convenio de cesión de derechos de uno de febrero de mil novecientos noventa y nueva, celebrado entre ******************** y********************. Comprobante de recibo de energía eléctrica, expedida a favor de********************. En relación a las probanzas enunciadas en los numerales 1, 2, 4, 5 y 6, adminiculadas con las manifestaciones que "bajo protesta de decir verdad" realizó la quejosa en su escrito de demanda resultan suficientes para tener por demostrado de manera indiciaria el interés jurídico del quejoso para la obtención de la medida suspensional solicitada. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 96/97, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN" De igual manera se invoca la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SUSPENSION PROVISIONAL, LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS ANTECEDENTES DE SU DEMANDA DE AMPARO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA. Concesión de la suspensión provisional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que lo pide el quejoso y no sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que, sin suspender el procedimiento en el juicio natural, no se ejecute ningún acto contra la promovente del amparo tendente al lanzamiento, desocupación y/o entrega física y material del bien inmueble ubicado en la calle ********************en el área denominada********************" de ********************, ********************, esto es, no se realice en dicho juicio ningún acto tendente a desposeer y/o lanzar del inmueble materia del acto combatido, a la quejosa********************. Tiene aplicación al caso, por sus consideraciones vertidas, la tesis número IV.3o.C.20 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1283, Tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y SUS ACTOS INMINENTES DE EJECUCIÓN, SI EL AMPARO SE PROMUEVE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL Y EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN De igual manera tiene aplicación la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a foja 1905, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, del mes de Julio de 2008, Materia Común, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA SU PROCEDENCIA, CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SER TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN Y PROMUEVE EL AMPARO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE PRECISEN LAS CONSECUENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ello tomando en consideración que aunque la prosecución de los procedimientos sea de orden público, evidentemente, la presente medida no atenta contra lo anterior, si se toma en consideración que la parte impetrante se ostenta con el carácter de tercero extraño a juicio, por lo que no tuvo intervención en éste, de ahí, que este órgano garante de legalidad deba tener en cuenta el posible menoscabo en el patrimonio de quien promueve en esta instancia. Sin perjuicio de que con mayores elementos y los informes previos se pueda proveer en diferente sentido o en el mismo, con diversos alcances en cuanto a la suspensión definitiva se refiere. Garantía. En esa tesitura, toda vez que con esta medida cautelar que se concede se pudieran ocasionar daños y perjuicios a la parte tercera interesada, este órgano judicial discrecionalmente impone a la impetrante del amparo una garantía por la cantidad de ******************** ********************, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; ello toda vez que no se cuentan con mayores elementos que permitan estimar una cantidad pecuniaria precisa para efecto de garantizar la medida suspensional; lo anterior, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la parte quejosa deberá exhibir la garantía dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme lo dispone el artículo 136 de la Ley de Amparo, misma que podrá exhibirse mediante billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito; o bien, a través de diversos medios jurídicos de aseguramiento asequibles a la parte quejosa, tales como fianza, prenda, hipoteca; y solo en efectivo cuando por causa de fuerza mayor o urgencia justificada sea imposible en la forma anterior. SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ FIJAR EL MONTO EXACTO DE LA CAUCIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo emerge la obligación del Juez de Distrito para fijar el monto de la caución a su prudente arbitrio; empero, su ejercicio está limitado en aquellos casos en que las pruebas rendidas y las condiciones particulares que imperen le permitan calcular de alguna forma el importe de los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado pudiera resentir el tercero perjudicado. Así pues, por regla general, es ineludible la obligación del Juez de fijar el monto preciso de la garantía, entendiéndose por ello la determinación del importe líquido o cantidad exacta que representará la caución que el quejoso habrá de exhibir para mantener la efectividad de la suspensión concedida; dado que, en el primero de los supuestos, ostenta la prerrogativa de especificarla discrecionalmente y, en el segundo, atenderá a las constancias de autos para calcular y obtener su cuantía; por lo que resulta contraria a derecho la actuación del Juez de Distrito mediante la cual simplemente establezca las bases y requisitos que el quejoso debe seguir y satisfacer para obtener de ellas el monto de la caución que se le exija para que Continúe vigente la medida cautelar otorgada, ya que, además, ello conlleva declinar en el agraviado su obligación de especificar el monto de la caución e, incluso, implica postergar una determinación propia de la resolución que concede la medida cautelar al futuro acreditamiento del cumplimiento de los requisitos o condiciones impuestos para la cuantificación de la garantía. Y la jurisprudencia VI.2º.C.J/321, cuyo contenido textual es el siguiente: DISCRECIONAL PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS CUANDO LOS DERECHOS QUE PUDIERAN AFECTARSE CON DICHA MEDIDA NO SEAN ESTIMABLES EN DINERO, NO PUEDE SER ARBITRARIA. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: "En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.-Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables e dinero, la autoridad que conozca del amparo fijar discrecionalmente el importe de la garantía.". Ahora bien, del segundo párrafo de dicho precepto se colige que la facultad discrecional que concede a los órganos de control constitucional para fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión cuando los derechos que pudieran afectarse con tal medida no sean estimables en dinero no puede ser arbitraria, sino que debe ejercerse de manera razonada, atendiendo a las circunstancias peculiares del caso, a la naturaleza de los actos reclamados, al tiempo probable de la duración del juicio, así como a los derechos que pudieran afectarse. Una vez que exhiba la garantía, se dará aviso oportuno a las autoridades responsables. Vigencia de la suspensión provisional. La medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución de la suspensión definitiva; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 1a.lJ. 33/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Junio de 2014, Tomo 1, Libro 7, página 431, con registro digital 20006797, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE." Pruebas. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales exhibidas con el escrito de demanda, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de éstas al celebrarse la audiencia incidental. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión.

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