Catalina Rosaura Martínez Manjarrez

Expediente 1125/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1125/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
27/08/2015

Partes del expediente

  • David Haciel Segura Martínez
  • Catalina Rosaura Martínez Manjarrez
  • Emanuel Segura Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto emitido el doce de agosto de dos mil quince (fojas 65 a 73); en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que desechó la demanda de garantías que promovió ++, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respetivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, cuando esté debidamente digitalizado ordénese su archivo como asunto concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo, las cuales, además deberán ser digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil quince (fojas 16 y 17), se requirió a la quejosa ++, por propio derecho y en representación de sus menores hijos ++, todos de apellidos ++, para que dentro del plazo de cinco días, indicará lo siguiente: ++. Lo anterior, con el apercibimiento consistente en: Se apercibe a la promovente que de no desahogar el requerimiento relativo a la especificación de la personalidad con la que promueve en representación de los menores, la consecuencia legal será que se proveerá la demanda únicamente respecto de la peticionaria ++, por propio derecho, con las consecuencias legales que ello represente. De igual forma se le apercibe que de no desahogar el requerimiento relativo a especificar el acto reclamado, se tendrá como tal el mencionado en el capítulo correspondiente. Ahora, dicho proveído se le notificó de forma personal a la quejosa el veintisiete de julio de dos mil quince (foja 18). Por tanto, de autos de advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días que se le otorgó sin que haya dado cabal cumplimiento a cada uno de los requerimientos formulados en la prevención citada. Así las cosas, se hacen efectivos los apercibimientos con que fuera conminada la quejosa y en consecuencia, al no acreditar la personalidad que refirió tener como representante de los menores ++, todos de apellidos ++, se ordena provee lo conducente respecto de la demanda únicamente por lo que hace a la peticionaria ++, por propio derecho, con las consecuencias legales que ello implica; asimismo, al no haber especificado cual es el acto que tilda de inconstitucional para efecto del presente sumario, se tiene como tal el mencionado en el capítulo correspondiente de su escrito de demanda; esto es: "A). Del C. Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México se reclama La Sentencia Interlocutoria de fecha treinta de junio del año en curso, dictada por la Responsable, dentro del expediente 399/2015. - - - B) De la autoridad ejecutora C. Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se reclama la suspensión del proceso judicial que se tramita en dicho juzgado dentro del expediente 399/2015 para lo cual este juzgado Federal deberá otorgar a la suscrita la suspensión provisional y en su momento definitiva." En otro orden, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los auto el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el cuatro del mes y año en curso (foja 19), remite copia certificada de diversas constancias que obran dentro del expediente 399/2015 de su índice. En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado al oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que del estudio integral de las constancias que conforman el escrito de demanda, así como de las constancias remitidas por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se aprecia que la quejosa se duele substancialmente de la resolución interlocutoria emitida el treinta de junio de dos mil quince, dentro del expediente 399/2015, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, por el cual el juez responsable declaró infundado e improcedente el recurso de revocación hecho valer contra el diverso auto de diecinueve de junio de dos mil quince, en cual no se tuvieron por opuestas sus defensas y excepciones respecto de la demanda instaurada en su contra por Raúl Segura Zepeda, al no contestar dentro del plazo concedido. Luego, el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I, de la nueva ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: Sentado lo anterior, cabe recordar que la quejosa reclama la resolución interlocutoria emitida el treinta de junio de dos mil quince, dentro del expediente 399/2015, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, por el cual el juez responsable declaró infundado e improcedente el recurso de revocación hecho valer contra el diverso auto de diecinueve de junio de dos mil quince, en cual no se tuvieron por opuestas sus defensas y excepciones respecto de la demanda instaurada en su contra por Raúl Segura Zepeda, al no contestar dentro del plazo concedido. Sin embargo, conforme a los criterios establecidos por el máximo Tribunal del País, el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, debe entenderse como aquel que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías y, ahora por los instrumentos internacionales respecto de los cuales el estado mexicano sea parte; nunca en casos en que la afectación se adjetiva o procesal, toda vez que esa afectación o sus efectos no podrían ser destruidos con el solo hecho de que quien la resienta obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es del que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, pues dicho acto sólo afecta los derechos adjetivos o procesales del quejoso, que sólo producen efectos de carácter formal o interprocesal e incide en la posición que va tomando él dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que de lograr su objetivo primordial, los efectos del acto reclamado y sus consecuencias se extinguirían en la realidad de los hechos, sin que se originara afectación alguna en sus derechos fundamentales como gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, pues la única manera de que resultara procedente el juicio constitucional que promovió, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistiría en que éste le causara un perjuicio de imposible reparación sobre sus derechos fundamentales, lo que quedó demostrado no acontece en la especie. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que, como ya se estableció, su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Esto de suyo refleja que ya no pueden considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio, bajo la perspectiva que se tenía en la anterior legislación de la materia, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación. Así, se concluye que el acto reclamado en la demanda de garantías no tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que por su naturaleza sólo incide en la posición procesal que las partes van tomando en el curso del procedimiento, tendente a obtener sentencia definitiva favorable. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, no queda comprendido en esa connotación (imposible reparación) la resolución interlocutoria emitida el treinta de junio de dos mil quince, dentro del expediente 399/2015, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, por el cual el juez responsable declaró infundado e improcedente el recurso de revocación hecho valer contra el diverso auto de diecinueve de junio de dos mil quince, en cual no se tuvieron por opuestas sus defensas y excepciones respecto de la demanda instaurada en su contra por Raúl Segura Zepeda, al no contestar dentro del plazo concedido, ya que a través de dicha decisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el dictado del acto reclamado, no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses de directo afectado. Esto es así, porque la afectación que se produzca con tales actos durante el tiempo que perduren sus efectos queda irremediablemente consumada, pues el quejoso no podrá ser restituido de las consecuencias que temporalmente se produjeran con la violación intraprocesal. Por el contrario, los actos intraprocesales que no tienen consecuencias de perjuicio irreparable, son aquellos que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes durante el procedimiento con la finalidad de obtener un fallo definitivo favorable a sus pretensiones. Por consiguiente, dicho acto o su efecto se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el dictado precisamente de tal fallo favorable a sus pretensiones. Aunado a que de las constancias remitidas por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se advierte que la quejosa, fue emplazada al juicio 399/2015, de donde deriva el acto reclamado, desde el veintiocho de mayo de dos mil quince, data en que se hizo de su conocimiento la demanda instaurada en su contra por Raúl Segura Zepeda, corriéndole copia de la misma; sin embargo, fue hasta el dieciocho de junio de dos mil quince, cuando presentó su escrito oponiendo las excepciones y defensas que estimo pertinentes, motivo por el cual por auto de diecinueve de junio de dos mil quince, el juez responsable tuvo por hechas sus manifestaciones, sin tener por opuestas sus defensas y excepciones, al haberlo hecho de forma extemporánea, por lo que dicho acto no ocasiona una afectación predominante o superior a la quejosa, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide su participación procesal, ni implica que se emitirá una sentencia contraria a sus intereses; por tanto no puede, considerarse como un acto de imposible reparación, pues es susceptible de repararse si se obtiene sentencia favorable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: De tal manera que si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; por tanto, esa circunstancia hace a su vez que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior la alegación del quejoso en el sentido que dicho actuar le produce una indefensión al interrumpir el proceso y que resulta violatorio de sus derechos humanos porque no se administra justicia dentro de los plazos y términos que la ley civil establece; toda vez que dicha manifestación la hace depender del hecho que ello le molesta en sus derechos y persona; lo cual, resulta insuficiente para evidenciar que efectivamente la actuación del juez responsable vulnere lo dispuesto por el artículo 17 constitucional; máxime que de los antecedentes narrados por el propio quejoso, se aprecia que tal actuar tiene como fin brindar certeza jurídica a los contendientes en el juicio de origen; y, no privar al impetrante de algún derecho; contrario de ello, vela por la seguridad jurídica del representado de éste; situación que en forma alguna resulta violatoria de sus derecho humanos. Siguiendo los lineamientos expuestos en párrafos precedentes, y suponiendo que el quejoso no obtuviera sentencia definitiva favorable en ese procedimiento, las violaciones procesales que se hubieran cometido en su contra durante el curso del procedimiento y que hubiesen trascendido al sentido de la sentencia en cuestión, dejándolo en estado de indefensión, podrá reclamarlas como violaciones al procedimiento en la vía de amparo directo, a través de los conceptos de violación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, previa preparación de su impugnación en esa vía conforme a los lineamientos del artículo 174 de la ley de la materia. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Para culminar este proveído, es conveniente dejar definido que para su emisión se tomó como directriz el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir el amparo directo en revisión 3103/2012, el pasado veintiocho de noviembre de dos mil doce, en tanto que en la ejecutoria de que se trata, se sostuvo, en líneas generales, que incluso con la existencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, de junio de dos mil once, no es dable asumir que a través del juicio de amparo sea posible dolerse de cualquier acto o ley, sin que se verifiquen ciertos supuestos que permitan el inicio de un medio de defensa, como lo es el hecho de que la demanda de amparo se formule atendiendo a las formalidades procesales, las cuales son la vía que hace posible arribar a una adecuada determinación; así, concluyó la Primera Sala, que estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido por la Constitución, respecto de los aspectos de procedencia del juicio de amparo, declarando procedente lo improcedente. De la ejecutoria en cuestión derivó la tesis 1ª LXXXIV/2013 (10ª), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 890, que es del tenor siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada determinación, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable a lo anteriormente expuesto la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, materia Constitucional, registro 2004748, cuyo contenido es: En el mismo sentido, se tomó en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Trabajadores Cesados del Congreso Aguado Alfaro y otros), contra Perú, adujo: Consideraciones de la Corte 102. El artículo 1.1 de la Convención dispone: 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 103. El artículo 2 de la Convención establece que: Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 104. El artículo 8 de la Convención dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el culpable no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; h. derecho de recurrir de falo ante juez o tribunal superior. 105. El artículo 25 de la Convención señala que: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 106. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1) , todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) 64. [64 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 8, párr. 110; Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 127, y Caso Ximenes López, supra nota 9, párr. 175.] 107. El Tribunal recuerda que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene por fin proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado. En la jurisdicción internacional las partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción interna65. [65 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 365; Caso de la 'Masacre de Mapiripán', Sentencia del 15 de Septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 211, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 56.] Al establecer si el Estado es responsable internacionalmente por la alegada violación a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, el aspecto sustancial de la controversia ante la Corte no es si en el ámbito interno no se emitieron sentencias o resoluciones administrativas, o si se aplicaron o no determinadas disposiciones de derecho interno, en relación con las violaciones que se alega fueron cometidas en perjuicio de las presuntas víctimas de los hechos, sino si los procesos internos permitieron que se les garantizara un verdadero acceso a la justicia, conforme a los estándares previstos en la Convención Americana, para determinar los derechos que estaban en controversia66. [66 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 65, párr 339; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 6, párr. 206, y Caso de la 'Masacre de Mapiripán', supra nota 65, párr. 211.] [.] 122. La Corte ha interpretado que los términos del artículo 25.1 de la Convención Americana implican la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales [. y] que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que esté reconocidos por la Constitución o por la ley. 123. Asimismo, este Tribunal ha considerado que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 [de la Convención] y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. 124. Además de cuestionar los fundamentos de la decisión del Tribunal Constitucional que declaró la improcedencia del amparo, la Comisión alegó, basándose en sus precedentes, que las presuntas víctimas tenían el derecho de que las autoridades judiciales entraran a resolver sobre el fondo del asunto. Por su parte, el Estado citó otros informes de fondo dictados por la Comisión Interamericana y alegó que aunque en esos otros casos los tribunales de justicia no llegaron a pronunciarse sobre el fondo del asunto por razones de procedimiento, aquélla no consideró que el Estado hubiese vulnerado el derecho a un recurso efectivo. 125. En ese sentido, la Corte ha entendido que para que exista un recurso efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No obstante, el hecho de que determinado recurso sea resuelto en contra de quien lo intenta, no conlleva necesariamente una violación del derecho a la protección judicial. 126. La Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estado deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto plateado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. [.] 128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 'de convencionalidad' ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. [.] Como se ve en los parágrafos 126 y 128 del referido fallo, la Corte Interamericana reconoció que los Estados parte cumplen con establecer un recurso judicial efectivo, cuando el recurso interno está disponible para el interesado, sin embargo, esto no lleva a "considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado". Asimismo, la Corte Interamericana dejó establecido que si bien los poderes judiciales de los Estados que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos, están obligados no sólo a ejercer un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex-officio, "esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones." Criterio que si bien emanó de un conflicto de índole laboral, lo cierto es que, por lo que hace a la verificación de los presupuestos formales de procedencia de los medios impugnativos internos de cada Estado, se erige cuando una tesis temática en materia común, jurídicamente apta para justificar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, precisamente que los tribunales internos no deben resolver invariablemente los asuntos en cuanto al fondo, cuando no se superen los requisitos internos de procedencia y/o indivisibilidad. En suma, queda demostrado que no se ignoró, al desechar la presente demanda, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA QUEJOSA AUTO DE DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE: "Vista la cuenta que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil quince (fojas 16 y 17), se requirió a la quejosa ++, por propio derecho y en representación de sus menores hijos ++, todos de apellidos ++, para que dentro del plazo de cinco días, indicará lo siguiente: ++. Lo anterior, con el apercibimiento consistente en: Se apercibe a la promovente que de no desahogar el requerimiento relativo a la especificación de la personalidad con la que promueve en representación de los menores, la consecuencia legal será que se proveerá la demanda únicamente respecto de la peticionaria ++, por propio derecho, con las consecuencias legales que ello represente. De igual forma se le apercibe que de no desahogar el requerimiento relativo a especificar el acto reclamado, se tendrá como tal el mencionado en el capítulo correspondiente. Ahora, dicho proveído se le notificó de forma personal a la quejosa el veintisiete de julio de dos mil quince (foja 18). Por tanto, de autos de advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días que se le otorgó sin que haya dado cabal cumplimiento a cada uno de los requerimientos formulados en la prevención citada. Así las cosas, se hacen efectivos los apercibimientos con que fuera conminada la quejosa y en consecuencia, al no acreditar la personalidad que refirió tener como representante de los menores ++, todos de apellidos ++, se ordena provee lo conducente respecto de la demanda únicamente por lo que hace a la peticionaria ++, por propio derecho, con las consecuencias legales que ello implica; asimismo, al no haber especificado cual es el acto que tilda de inconstitucional para efecto del presente sumario, se tiene como tal el mencionado en el capítulo correspondiente de su escrito de demanda; esto es: "A). Del C. Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México se reclama La Sentencia Interlocutoria de fecha treinta de junio del año en curso, dictada por la Responsable, dentro del expediente 399/2015. - - - B) De la autoridad ejecutora C. Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se reclama la suspensión del proceso judicial que se tramita en dicho juzgado dentro del expediente 399/2015 para lo cual este juzgado Federal deberá otorgar a la suscrita la suspensión provisional y en su momento definitiva." En otro orden, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los auto el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el cuatro del mes y año en curso (foja 19), remite copia certificada de diversas constancias que obran dentro del expediente 399/2015 de su índice. En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado al oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que del estudio integral de las constancias que conforman el escrito de demanda, así como de las constancias remitidas por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se aprecia que la quejosa se duele substancialmente de la resolución interlocutoria emitida el treinta de junio de dos mil quince, dentro del expediente 399/2015, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, por el cual el juez responsable declaró infundado e improcedente el recurso de revocación hecho valer contra el diverso auto de diecinueve de junio de dos mil quince, en cual no se tuvieron por opuestas sus defensas y excepciones respecto de la demanda instaurada en su contra por Raúl Segura Zepeda, al no contestar dentro del plazo concedido. Luego, el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I, de la nueva ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: Sentado lo anterior, cabe recordar que la quejosa reclama la resolución interlocutoria emitida el treinta de junio de dos mil quince, dentro del expediente 399/2015, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, por el cual el juez responsable declaró infundado e improcedente el recurso de revocación hecho valer contra el diverso auto de diecinueve de junio de dos mil quince, en cual no se tuvieron por opuestas sus defensas y excepciones respecto de la demanda instaurada en su contra por Raúl Segura Zepeda, al no contestar dentro del plazo concedido. Sin embargo, conforme a los criterios establecidos por el máximo Tribunal del País, el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, debe entenderse como aquel que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías y, ahora por los instrumentos internacionales respecto de los cuales el estado mexicano sea parte; nunca en casos en que la afectación se adjetiva o procesal, toda vez que esa afectación o sus efectos no podrían ser destruidos con el solo hecho de que quien la resienta obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es del que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, pues dicho acto sólo afecta los derechos adjetivos o procesales del quejoso, que sólo producen efectos de carácter formal o interprocesal e incide en la posición que va tomando él dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que de lograr su objetivo primordial, los efectos del acto reclamado y sus consecuencias se extinguirían en la realidad de los hechos, sin que se originara afectación alguna en sus derechos fundamentales como gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, pues la única manera de que resultara procedente el juicio constitucional que promovió, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistiría en que éste le causara un perjuicio de imposible reparación sobre sus derechos fundamentales, lo que quedó demostrado no acontece en la especie. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que, como ya se estableció, su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Esto de suyo refleja que ya no pueden considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio, bajo la perspectiva que se tenía en la anterior legislación de la materia, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación. Así, se concluye que el acto reclamado en la demanda de garantías no tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que por su naturaleza sólo incide en la posición procesal que las partes van tomando en el curso del procedimiento, tendente a obtener sentencia definitiva favorable. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, no queda comprendido en esa connotación (imposible reparación) la resolución interlocutoria emitida el treinta de junio de dos mil quince, dentro del expediente 399/2015, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, por el cual el juez responsable declaró infundado e improcedente el recurso de revocación hecho valer contra el diverso auto de diecinueve de junio de dos mil quince, en cual no se tuvieron por opuestas sus defensas y excepciones respecto de la demanda instaurada en su contra por Raúl Segura Zepeda, al no contestar dentro del plazo concedido, ya que a través de dicha decisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el dictado del acto reclamado, no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses de directo afectado. Esto es así, porque la afectación que se produzca con tales actos durante el tiempo que perduren sus efectos queda irremediablemente consumada, pues el quejoso no podrá ser restituido de las consecuencias que temporalmente se produjeran con la violación intraprocesal. Por el contrario, los actos intraprocesales que no tienen consecuencias de perjuicio irreparable, son aquellos que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes durante el procedimiento con la finalidad de obtener un fallo definitivo favorable a sus pretensiones. Por consiguiente, dicho acto o su efecto se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el dictado precisamente de tal fallo favorable a sus pretensiones. Aunado a que de las constancias remitidas por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se advierte que la quejosa, fue emplazada al juicio 399/2015, de donde deriva el acto reclamado, desde el veintiocho de mayo de dos mil quince, data en que se hizo de su conocimiento la demanda instaurada en su contra por Raúl Segura Zepeda, corriéndole copia de la misma; sin embargo, fue hasta el dieciocho de junio de dos mil quince, cuando presentó su escrito oponiendo las excepciones y defensas que estimo pertinentes, motivo por el cual por auto de diecinueve de junio de dos mil quince, el juez responsable tuvo por hechas sus manifestaciones, sin tener por opuestas sus defensas y excepciones, al haberlo hecho de forma extemporánea, por lo que dicho acto no ocasiona una afectación predominante o superior a la quejosa, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide su participación procesal, ni implica que se emitirá una sentencia contraria a sus intereses; por tanto no puede, considerarse como un acto de imposible reparación, pues es susceptible de repararse si se obtiene sentencia favorable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: De tal manera que si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; por tanto, esa circunstancia hace a su vez que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior la alegación del quejoso en el sentido que dicho actuar le produce una indefensión al interrumpir el proceso y que resulta violatorio de sus derechos humanos porque no se administra justicia dentro de los plazos y términos que la ley civil establece; toda vez que dicha manifestación la hace depender del hecho que ello le molesta en sus derechos y persona; lo cual, resulta insuficiente para evidenciar que efectivamente la actuación del juez responsable vulnere lo dispuesto por el artículo 17 constitucional; máxime que de los antecedentes narrados por el propio quejoso, se aprecia que tal actuar tiene como fin brindar certeza jurídica a los contendientes en el juicio de origen; y, no privar al impetrante de algún derecho; contrario de ello, vela por la seguridad jurídica del representado de éste; situación que en forma alguna resulta violatoria de sus derecho humanos. Siguiendo los lineamientos expuestos en párrafos precedentes, y suponiendo que el quejoso no obtuviera sentencia definitiva favorable en ese procedimiento, las violaciones procesales que se hubieran cometido en su contra durante el curso del procedimiento y que hubiesen trascendido al sentido de la sentencia en cuestión, dejándolo en estado de indefensión, podrá reclamarlas como violaciones al procedimiento en la vía de amparo directo, a través de los conceptos de violación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, previa preparación de su impugnación en esa vía conforme a los lineamientos del artículo 174 de la ley de la materia. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Para culminar este proveído, es conveniente dejar definido que para su emisión se tomó como directriz el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir el amparo directo en revisión 3103/2012, el pasado veintiocho de noviembre de dos mil doce, en tanto que en la ejecutoria de que se trata, se sostuvo, en líneas generales, que incluso con la existencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, de junio de dos mil once, no es dable asumir que a través del juicio de amparo sea posible dolerse de cualquier acto o ley, sin que se verifiquen ciertos supuestos que permitan el inicio de un medio de defensa, como lo es el hecho de que la demanda de amparo se formule atendiendo a las formalidades procesales, las cuales son la vía que hace posible arribar a una adecuada determinación; así, concluyó la Primera Sala, que estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido por la Constitución, respecto de los aspectos de procedencia del juicio de amparo, declarando procedente lo improcedente. De la ejecutoria en cuestión derivó la tesis 1ª LXXXIV/2013 (10ª), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 890, que es del tenor siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada determinación, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable a lo anteriormente expuesto la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, materia Constitucional, registro 2004748, cuyo contenido es: En el mismo sentido, se tomó en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Trabajadores Cesados del Congreso Aguado Alfaro y otros), contra Perú, adujo: Consideraciones de la Corte 102. El artículo 1.1 de la Convención dispone: 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 103. El artículo 2 de la Convención establece que: Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 104. El artículo 8 de la Convención dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el culpable no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; h. derecho de recurrir de falo ante juez o tribunal superior. 105. El artículo 25 de la Convención señala que: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 106. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1) , todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) 64. [64 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 8, párr. 110; Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 127, y Caso Ximenes López, supra nota 9, párr. 175.] 107. El Tribunal recuerda que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene por fin proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado. En la jurisdicción internacional las partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción interna65. [65 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 365; Caso de la 'Masacre de Mapiripán', Sentencia del 15 de Septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 211, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 56.] Al establecer si el Estado es responsable internacionalmente por la alegada violación a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, el aspecto sustancial de la controversia ante la Corte no es si en el ámbito interno no se emitieron sentencias o resoluciones administrativas, o si se aplicaron o no determinadas disposiciones de derecho interno, en relación con las violaciones que se alega fueron cometidas en perjuicio de las presuntas víctimas de los hechos, sino si los procesos internos permitieron que se les garantizara un verdadero acceso a la justicia, conforme a los estándares previstos en la Convención Americana, para determinar los derechos que estaban en controversia66. [66 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 65, párr 339; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 6, párr. 206, y Caso de la 'Masacre de Mapiripán', supra nota 65, párr. 211.] [.] 122. La Corte ha interpretado que los términos del artículo 25.1 de la Convención Americana implican la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales [. y] que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que esté reconocidos por la Constitución o por la ley. 123. Asimismo, este Tribunal ha considerado que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 [de la Convención] y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. 124. Además de cuestionar los fundamentos de la decisión del Tribunal Constitucional que declaró la improcedencia del amparo, la Comisión alegó, basándose en sus precedentes, que las presuntas víctimas tenían el derecho de que las autoridades judiciales entraran a resolver sobre el fondo del asunto. Por su parte, el Estado citó otros informes de fondo dictados por la Comisión Interamericana y alegó que aunque en esos otros casos los tribunales de justicia no llegaron a pronunciarse sobre el fondo del asunto por razones de procedimiento, aquélla no consideró que el Estado hubiese vulnerado el derecho a un recurso efectivo. 125. En ese sentido, la Corte ha entendido que para que exista un recurso efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No obstante, el hecho de que determinado recurso sea resuelto en contra de quien lo intenta, no conlleva necesariamente una violación del derecho a la protección judicial. 126. La Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estado deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto plateado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. [.] 128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 'de convencionalidad' ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. [.] Como se ve en los parágrafos 126 y 128 del referido fallo, la Corte Interamericana reconoció que los Estados parte cumplen con establecer un recurso judicial efectivo, cuando el recurso interno está disponible para el interesado, sin embargo, esto no lleva a "considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado". Asimismo, la Corte Interamericana dejó establecido que si bien los poderes judiciales de los Estados que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos, están obligados no sólo a ejercer un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex-officio, "esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones." Criterio que si bien emanó de un conflicto de índole laboral, lo cierto es que, por lo que hace a la verificación de los presupuestos formales de procedencia de los medios impugnativos internos de cada Estado, se erige cuando una tesis temática en materia común, jurídicamente apta para justificar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, precisamente que los tribunales internos no deben resolver invariablemente los asuntos en cuanto al fondo, cuando no se superen los requisitos internos de procedencia y/o indivisibilidad. En suma, queda demostrado que no se ignoró, al desechar la presente demanda, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once. "

  4. Principal

    Visto el estado de los autos de los cuales se advierte que mediante escrito presentado el veintitrés de julio de dos mil quince, la quejosa ++, promovió juicio de amparo, por propio derecho y en representación de los menores ++, todos de apellidos ++, contra el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec, contra el acto que hizo consistir en: ".la sentencia interlocutoria de fecha treinta de junio del año en curso, dictada por la responsable dentro del expediente 399/2015." En esas condiciones, atendiendo al interés superior de los menores y tomando en consideración que dentro del juicio natural se está debatiendo sobre la custodia de estos, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente; en estricto cumplimiento al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 112 y 114, fracciones I y IV, y 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, remita copia certificada legible y ordena de la resolución interlocutoria emitida el treinta de junio de la presente anualidad, dentro del expediente 399/2015 de su índice; así como, del auto emitido el diecinueve de ese mismo mes y año, que dio origen a dicha resolución (acto reclamado en la presente instancia constitucional). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 31/2014 (10ª), cuyo rubro es "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA" ,en virtud de que en cumplimiento a dicho interés, los jueces deben indagar, no sólo el menor perjuicio que se le pueda causar al menor, sino que le resultará más beneficioso no sólo a corto plazo, sino lo que es aún más importante, en el futuro. La tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue en aquella forma -exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre-, que se revele como la más idónea para el menor. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la entidad, de conformidad con lo establecido por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.

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