Catalina Rosa Carrillo Carranza
Expediente 718/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Catalina Rosa Carrillo Carranza
Actuaciones
- Principal
Vistas las certificaciones que anteceden, dado que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. Documentos. Téngase por hecha la certificación de cuenta, mediante la cual se hace constar que no obran documentos originales en el presente juicio de amparo. Determinaciones relacionadas con el expediente principal. De conformidad con el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó de plano la demanda de amparo; además, no es de relevancia documental y no existen documentos originales que devolver. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese por lista.
- Principal
Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número 718/2023, en el libro uno, relativo al registro de juicios de amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la parte quejosa como parte demandada en el juicio especial hipotecario ****, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, reclama lo siguiente: Atento a lo anterior, si bien la parte quejosa reclama en los incisos a) a d) la la aprobación, del decreto mediante el cual se reformó el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación al transitorio tercero, asi como su expedición, promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de septiembre de dos mil nueve, lo cierto es que del estudio integral de la demanda, se advierte que como primer acto de aplicación también reclama la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés dictada por la Quinta Sala Civil de la Ciudad de México en el toca 346/2023/1 que declaró improcedente el recursode reposición promovido por la quejosa y confirmó el proveído de tres de mayo del año en curso dictado por la misma, en el que revocó la admisión del recurso de apelación promovido por la quejosa y lo declaró extemporaneo;así como cualquier acto de ejecución Asimismo, se advierte que el objeto del recurso de apelación es que sea admitida la apelación promovida por la aquí quejosa en contra de la sentencia de veinte de febrero del año en curso en la que resolvió sobre la adjudicación en la primera almoneda del remate del bien inmueble materia del litigio derivado del juicio especial hipotecario radicado en el 168/2009, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. Como ha quedado evidenciado, la parte quejosa a través del presente juicio de amparo pretende impugnar la resolución del recurso de reposición que confirmó el auto que desechó el diverso de apelación contra la sentencia que adjudicó en primera almoneda el bien inmueble en remate en el juicio de origen, por lo que el objetivo principal de la quejosa es combatir la sentencia de adjudicación lo que constituye un acto en etapa de remate, por lo que este Juzgador estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos citados se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, pudiendo reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la quejosa; lo cual implica que, no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada, y por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante éste, puedan analizarse cuando se reclame la última resolución. Asimismo, se establece de manera textual que, en los procedimientos de remate, el juicio constitucional procede contra la última resolución, siendo aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Especificación que se realiza, en virtud de que el remate de bienes embargados o hipotecados, se realizan en varias fases que no culminan con la aprobación o desaprobación de esa venta judicial, sino que el cumplimiento del fallo definitivo que ordena la subasta y se cubra el pago del adeudo con el dinero obtenido, se colma con la orden de otorgar la escritura donde se formaliza la venta judicial de los bienes o la entrega de la posesión de éstos. Por tanto, atendiendo a lo anterior, se concluye que la resolución definitiva en la etapa de remate que da procedencia el juicio de amparo indirecto, es aquella que forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado. Ciertamente, con lo anterior, solo pretendió definir la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, sin que para tal efecto hubiera recurrido a analizar o a determinar si los actos causan una afectación directa a derechos sustantivos, porque la finalidad de regular la procedencia del juicio de amparo en la fase precisada obedece a otra causa que ya se dijo, consiste en favorecer la ejecución de las sentencias. Por tanto, atendiendo a lo anterior, se concluye que la resolución definitiva en la etapa de remate que da procedencia al juicio de amparo indirecto, es aquella que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado. De modo que, será hasta que se decrete una de las referidas determinaciones simultáneamente o no, cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de remate, y resulte procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. En adición a lo anterior, cabe tener presente que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio, en el sentido de que, tratándose de la escrituración en el remate, la última resolución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, es la que ordena su otorgamiento en forma voluntaria, esto es, aquélla mediante la cual se ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el juez lo hará en caso de rebeldía, ya que apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden. De modo que, será hasta que se decrete una de las referidas determinaciones, cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla, así como la inconstitucionalidad de las normas que precisa en el escrito de demanda. En consecuencia, el acto que se reclama no es la última resolución dictada en ese procedimiento de remate, toda vez que en ella no se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; de ahí que no se actualiza, el supuesto de procedencia del amparo, previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, tampoco se erige como una excepción a la diversa regla de procedencia prevista en la fracción IV, segundo párrafo, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque dicha resolución no constituye acto dentro de ese procedimiento de remate, que amerite ser analizado de manera inmediata a través del juicio de amparo, dado que la determinación del Juez de Distrito responsable en el sentido de aprobar el remate en primera almoneda del bien embargado; no afecta derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada, dado que esa violación procesal, así como las demás que se cometan en la etapa de remate y que le causen un agravio, podrán ser impugnadas, vía conceptos de violación, cuando se reclame en esta vía constitucional, la resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes al adjudicatario en el juicio especial hipotecario de origen; por lo que en ese sentido, se trata de actos dictados durante el procedimiento de remate, el cual no ha concluido. En las apuntadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. Desechamiento que se hace extensivo a los actos legislativos que pretende impugnar la quejosa en este juicio de amparo, toda vez que la procedencia del mismo se encuentra condiciona a que el primer acto de aplicación cause un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, lo que en la especie no acontece. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que aún no obra la constancia de notificación del oficio 8873, relativo a la remisión de copias certificadas del presente juicio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional. En ese orden de ideas en obvio de mayor dilación procesal reexpídase el oficio mencionado. Notifíquese por lista.
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