Catalina Rojas Macías

Expediente 636/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
636/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Catalina Rojas Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio sin número que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de los diversos 4022 y 4023, con los que este tribunal colegiado le remitió tanto la copia autorizada de la ejecutoria dictada en el presente asunto, como los autos originales que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, expídase copia certificada del oficio de cuenta, para ser agregada al diverso juicio de amparo directo 637/2021, relacionado con el presente asunto, a fin de que se acuerde lo que corresponda.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SOBRESEE

  3. Juicio de Amparo Directo

    Del estado que guarda este expediente se advierte que la quejosa *****, no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le otorgó en acuerdo de nueve de mayo del año en curso, dentro del plazo a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, considérese este asunto como egreso de la secretaría de acuerdos y como ingreso a la ponencia "B", a cargo del magistrado Arturo Castañeda Bonfil, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el dictamen que emite el magistrado Arturo Castañeda Bonfil, titular de la ponencia "B", de este órgano jurisdiccional, en el que expone lo siguiente: "Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, recibido en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, el uno de octubre del propio año y remitido ese día a la oficina de correspondencia común de tribunales colegiados, turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro de octubre siguiente, *****, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que se indican: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE:" "C. PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE HERMOSILLO, SONORA, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO." "IV. ACTO RECLAMADO: El laudo de fecha dos de marzo del 2021. Y las actuaciones del expediente ***** tramitado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad." Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, la presidencia de este tribunal admitió la demanda de derechos y la registró con el número 636/2021; asimismo, se consideró conveniente que este asunto se resolviera simultáneamente con el diverso amparo directo 637/2021. La agente del Ministerio Público Federal adscrita, notificada en términos de ley, no formuló pedimento. Por auto de cinco de noviembre del propio año, se turnó el expediente al magistrado Arturo Castañeda Bonfil para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Luego, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se fijó lista en los estrados, donde se señaló para audiencia de este asunto el cuatro de mayo del citado año, en la que se discutió la propuesta de sobreseimiento y se retiró para dar vista a la quejosa. En el presente asunto, como se anotó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia, porque aun cuando subsiste el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir la materia del mismo. El referido artículo 61 establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(.)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" "(.)." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 180/2006 (por reiteración de criterios), determinó que el motivo de improcedencia de mérito se surte en los casos en que a pesar de que formalmente siga existiendo el acto reclamado, sus consecuencias negativas no se puedan concretar en la esfera jurídica de la parte quejosa, por haberse modificado el entorno en que éste se emitió, por lo que aun en el caso de concluirse con la inconstitucionalidad del mismo, sería jurídicamente imposible restituir al inconforme en el goce de la garantía que se estimara vulnerada, por lo que procede decretar el sobreseimiento del juicio de derechos al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada , la cual es análoga a la que se invoca en la fracción XXII del numeral 61 de la Ley de Amparo en vigor. De dicha contradicción de criterios, emergió la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 189, Tomo XXIV, registro digital 173858, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Cabe mencionar que en una de las ejecutorias en la que se sostuvo el criterio en mención (amparo directo en revisión 3044/1998), por reiteración, que dio origen a la jurisprudencia señalada, la Segunda Sala sostuvo que: "En ese contexto, de especial relevancia resulta el caso en que el acto reclamado tiene por objeto que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo jurídico, lo que generalmente acontece en una sentencia judicial que dirime un conflicto entre particulares, condenando a uno de éstos o, en su caso, a ambos, al cumplimiento de ciertas obligaciones." "En tal hipótesis, si encontrándose pendiente de resolver el juicio de garantías que se hubiere interpuesto en contra de la sentencia respectiva, las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, la parte actora acude ante el Juez que conoció del litigio, declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, se impone concluir que aun cuando la sentencia reclamada subsista, el objeto o materia de ésta habrán dejado de existir." "Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado la incorporación a la esfera jurídica del actor de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente le fueron restituidos por el demandado, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito." "Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando tiene lugar en virtud de un convenio celebrado entre la parte actora y la demandada no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado ambas partes, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." "Ahora bien, en el caso concreto el objeto o materia de la sentencia cuya constitucionalidad se controvirtió consistía materialmente en la incorporación a la esfera jurídica de la parte actora de los derechos que le fueron reconocidos a través de tal determinación, de ahí que al declarar esta parte ante el respectivo juzgador natural, y acordar éste en consecuencia, que las prerrogativas cuya tutela solicitó y obtuvo ya le han sido respetadas y cumplidas cabalmente por el demandado, se impone concluir que el objeto material de la sentencia ha dejado de existir, en tanto que voluntariamente se ha restituido al actor en el goce de los derechos que estimaba afectados; y, por ende, la sentencia reclamada ya no podrá concretarse en perjuicio de la parte demandada, aquí quejosa; y, en todo caso, de pretenderse su ejecución y llegado el extremo de que se diera trámite al procedimiento respectivo (.)." En este tenor, uno de los supuestos en que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia citada, ocurre cuando, encontrándose pendiente de resolver un juicio de amparo promovido contra una sentencia definitiva o laudo condenatorio, la actora acude ante la autoridad que conoció del litigio, declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción las prerrogativas con respecto a las cuales se había instaurado el juicio de origen, pues en este caso, es claro que aun si la sentencia o laudo subsisten, su objeto habrá dejado de existir, pues la materia del acto reclamado en el amparo la constituye la incorporación a la esfera jurídica del actor del cúmulo de prestaciones solicitadas en el juicio. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran los autos, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 de la ley relativa, evidencia que: ***** en la vía ordinaria laboral a ***** y *****, la indemnización constitucional por despido injustificado, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y cualquier otra prestación que le correspondiera según la ley y la relación de trabajo; juicio que se radicó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, bajo el número de expediente *****. Seguido el procedimiento por sus etapas legales, se dictó laudo el dos de marzo de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO: Esta Junta es y ha sido competente para conocer y resolver sobre el presente conflicto arbitral." "SEGUNDO: El actor *****, probó su acción ejercitada en tanto que la parte demandada no se excepcionó." "TERCERO: Se CONDENA a los demandados físicos *****, a que cubran al actor ******, el pago de las siguientes prestaciones: por concepto de Indemnización Constitucional la cantidad de $*****; por prima de antigüedad $******: por vacaciones proporcionales $******; por prima vacacional $******; por aguinaldo $******; más el pago de los salarios caídos, a razón de $******, que deberán de ser computados desde el 12 de marzo de 2019, como fecha del despido hasta por un período máximo de 12 meses, en el entendido de que si al término del plazo señalado anteriormente no se ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del dos por ciento (2% mensual) capitalizable al momento del pago, tal y como lo establece el tercer párrafo del numeral 48 de la Ley Laboral." "CUARTO: Con fundamento en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, se concede a la parte demandada un término de quince días para que dé cumplimiento voluntario a la presente resolución, apercibida que de no hacerlo así se procederá en su contra conforme a derecho." "QUINTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE (.)." Inconforme con esta determinación, la demandada ******, promovió el presente juicio de amparo. Ahora bien, mediante oficio sin número de seis de octubre de dos mil veintiuno, recibido en este tribunal colegiado el ocho siguiente, el presidente de la autoridad responsable remitió copia certificada de la comparecencia que realizó ante la junta del conocimiento, la actora del juicio natural ******, el cuatro de octubre del citado año, de la que se desprende lo siguiente: "DESISTIMIENTO POR ACTOR" "En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día 04 de octubre del año 2021, se hace constar de que comparece por y ante los miembros de esta Junta debidamente integrada la parte actora C. ******, quien se identifica con credencial del Instituto Nacional Electoral con fotografía y número de folio ****** con lo cual se logra su plena identificación, misma copia que deja para que obre en autos, la cual se hace la devolución de la misma por ser de uso personal del compareciente. En consecuencia quien comparece y ya teniéndosele por identificado plenamente y con el fin de que manifieste cual es el objeto de su comparecencia al efecto se le concede el uso de la voz y dijo: que en mi carácter de actor del presente juicio laboral, vengo a poner en conocimiento a este Tribunal del Trabajo, el hecho muy particular en cuanto a que no tengo ningún interés en que siga el procedimiento que corresponde a este juicio, lo anterior en virtud de simple cuestión personal y al haberme sido pagadas todas y cada una de las prestaciones legales. Circunstancia por la cual en FORMA LISA Y LLANA ME DESISTO EN MI PERJUICIO DE LA DEMANDA Y DE LAS ACCIONES QUE TENGO INTENTADAS EN CONTRA DE: *****, ****** Y ****** no reservándome ningún derecho ni acción que ejercitara en lo futuro EN CONTRA DE DICHOS DEMANDADOS, otorgando el finiquito más amplio que en derecho corresponde, además al no haber ya materia en el presente asunto solicito que este expediente sea archivado como ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO, otorgándoles a los demandados antes mencionados el más amplio finiquito en el entendido que no me reservo ninguna acción ni derecho que ejercitar en el presente o en el futuro en contra de los mismos, dando por terminada en forma definitiva la relación subordinada de trabajo que me unía con (sic) sin que por ello implique que haya renuncia algún derecho ya que he establecido mi voluntad de no querer continuar con el ejercicio de la acción por mi intentada, que es todo lo que tengo que exponer." "ACTO SEGUIDO LA JUNTA ACUERDA: Se tiene al C. ****** parte actora del presente asunto quien se identifica con credencial del Instituto Federal Electoral de Folio ****** con lo cual se logra su plena identificación como actor del presente juicio, misma que realiza una serie de manifestaciones mismas que tienen por transcritas como si a la letra se insertaren, y en atención a sus motivos expuestos de que ya no quiere continuar con el ejercicio de la acción por dicha parte intentada, como se pide, se le tiene por FORMAL Y LEGALMENTE DESISTIDO DE SUS ACCIONES Y DE LA DEMANDA INTENTADAS EN CONTRA DE: ******, ****** Y ****** y como derivada consecuencia el presente expediente se manda archivar como asunto total y definitivamente concluido, lo anterior previas anotaciones que desde luego deberán hacerse en el Libro de Gobierno correspondiente. Con lo anterior se da por terminada la presente, firmando al margen y para constancia la compareciente por y ante los miembros de esta Junta debidamente integrada y C. Secretario que autoriza y da fe. DOY FE. Lic. Mario Octavio Monroy López Presidente; Lic. Olga Iraís Murrieta Gines Representante Capital; Lic. Gabriel Parra Gil Representante Obrero; Lic. Glenda Patricia Ríos Sanez, Secretario General." (CUATRO FIRMAS ILEGIBLES). Como se advierte, la parte actora aquí tercera interesada, compareció ante la responsable para hacerle conocer su particular voluntad de que no tiene interés en que siga el juicio, porque le fueron cubiertas todas las prestaciones, desistiéndose lisa y llanamente de la demanda y acciones interpuestas contra los demandados ****** (aquí quejosa), ****** y ******, sin reservarse ningún derecho ni acción futura en su contra; asimismo, les otorgó el finiquito más amplio que en derecho corresponde, solicitando a la junta que el expediente fuera archivado como asunto total y definitivamente concluido; todo lo cual fue acordado de conformidad por la autoridad responsable, de manera que tuvo a la actora formal y legalmente por desistida de sus acciones y de la demanda laboral, de ahí que archivó el expediente 1504/2019 como asunto total y definitivamente concluido. Lo anterior, sin duda implica que el laudo reclamado subsiste formalmente, por no existir actuación alguna mediante la cual la responsable, en forma expresa, lo haya declarado insubsistente; sin embargo, la voluntad de la demandante de desistir de la acción y de la demanda laboral y su petición de dar por concluido el juicio laboral, por habérsele cubierto todas las prestaciones de ley, ante la junta del conocimiento y la determinación de ésta contenida en la propia comparecencia donde tuvo por concluido el juicio y ordenó archivar el expediente de origen; originan que el laudo reclamado de dos de marzo de dos mil veintiuno, no pueda ser ejecutado ni producir consecuencias negativas en la esfera jurídica de los demandados, entre ellos la aquí quejosa; de modo que las infracciones que en su caso se hayan cometido en el laudo, no pueden ser reparadas mediante el presente juicio de derechos humanos. Bajo esta tesitura, lo decidido por la responsable de tener por concluido el juicio, previa solicitud de la demandante del controvertido laboral, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el laudo reclamado aún existe, pero no producirá perjuicios a la quejosa, y por ende, su constitucionalidad no puede ser objeto de pronunciamiento en el presente juicio de derechos. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de derechos, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la legislación en cita. Por otra parte, cabe señalar que el artículo 64 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten." "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." Del contenido de este precepto se colige que, cuando un tribunal de amparo advierta oficiosamente la existencia de alguna causa de sobreseimiento no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. La disposición normativa transcrita no solo aplica a los juicios de amparo indirecto, sino que también debe ser observada en los juicios de amparo directo, como lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, de la que emanó el criterio jurisprudencial P./J. 51/2014 (10a.), que en su rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Bajo esta tesitura, con apoyo en el artículo 64 y el criterio jurisprudencial transcritos, al considerar el suscrito de manera oficiosa, que en la especie se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo, se ordena dar vista a la quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga; lo anterior, a fin de concederle la oportunidad de realizar las manifestaciones que estimen pertinentes para favorecer su situación jurídica respecto a la citada improcedencia". En virtud de las manifestaciones vertidas en el mismo, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exponga lo que a su interés convenga en relación con la causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista a la parte quejosa con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que en el referido artículo 26, fracción I, no se prevé como supuesto expreso de notificación personal, la determinación que adopta un tribunal colegiado de Circuito en cuanto a dar vista a la parte quejosa con una causa de improcedencia que pudiera advertirse de oficio, por lo que, si la parte quejosa puede dar seguimiento pleno al trámite del asunto de su interés, resulta innecesario que le sea notificado personalmente lo determinado en la sesión en la que el tribunal colegiado, al discutir un asunto estime de oficio la posible actualización de alguna causa de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, siendo suficiente, en el marco del sistema proteccionista ampliado a la luz del derecho de audiencia, llevar a cabo la referida notificación por lista en los estrados del órgano correspondiente, en cuya síntesis se precise la finalidad de dicha notificación. Por tanto, debe considerarse la importancia de que la vista a la que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo, no provoque una dilación injustificada en el dictado de la sentencia respectiva, lo que podría acontecer con la notificación personal de la determinación que se ordene. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del tomo I, abril de 2015, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Además, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "B" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión.

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