Catalina Rodríguez Núñez

Expediente 455/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
455/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Catalina Rodríguez Núñez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 199), se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; dicho acuerdo le fue notificado el diecinueve de octubre siguiente (folio 200), sin que hubiera realizado manifestación alguna. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante ejecutoria pronunciada el veintisiete de septiembre dos mil dieciocho (foja 167 a 188), por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca de revisión 557/2017, en la que se confirmó la sentencia recurrida, por lo que, los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "a) Que se deje insubsistente el oficio reclamado 14.5.1/532/2017, de siete de febrero de dos mil diecisiete. b) Que al desincorporarse de la esfera jurídica de la parte quejosa, no se le aplique el numeral 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de julio de dos mil nueve. c) En su caso se le reintegren las cantidades que con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional le hayan sido retenidas." Por acuerdo de once de octubre de dos mi dieciocho (folios 189 y 190), causó ejecutoria la sentencia de amparo y en diverso auto de dieciocho de ese mismo mes y año, se dio vista a la parte quejosa con las documentales que remitió la autoridad responsable (foja 199). En razón de que, mediante oficio recibido el diecisiete de octubre de este año (foja 195) la responsable remitió el oficio 5650/2018, en el que dejó sin efectos el diverso 14.5.1/532/2017 de siete de febrero de dos mil diecisiete; asimismo, declaró que dejará de aplicar el artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aclarando que no hay cantidades que devolver a la parte quejosa, en razón de que no realizó retenciones derivadas del artículo de mérito. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que con lo realizado por la responsable en el presente juicio constitucional, acató el fallo protector, lo que se demuestra con las documentales que remitió la autoridad responsable, que señalan en líneas arriba. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    *AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS... DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA...

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el toca de revisión 557/2017; siendo los resolutivos de la mencionada ejecutoria los siguientes: "PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Catalina Rodríguez Núñez, contra el artículo 12, párrafo décimo (o fracción III, segundo párrafo), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los efectos precisados en la sentencia recurrida." Por lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, glósese el cuaderno de antecedentes correspondiente y acúsese el recibo correspondiente. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para lo siguiente: a) "Que se deje insubsistente el oficio reclamado 14.5.1/532/2017, de siete de febrero de dos mil diecisiete. b) Que al desincorporarse de la esfera jurídica de la parte quejosa, no se le aplique el numeral 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de julio de dos mil nueve. c) En su caso se le reintegren las cantidades que con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional le hayan sido retenidas." Ahora bien, para cumplir la ejecutoria de amparo, el Presidente de la República, no tiene que ejecutar acto alguno, pues se le reclamó, dentro de sus atribuciones, acto legislativo como es, la expedición del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de julio de dos mil nueve, en específico el contenido del artículo 12, fracción III, segundo párrafo, del referido reglamento. Sobre el particular, son aplicables los siguientes criterios: La tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido son: "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley." En virtud de lo anterior, requiérase al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Delegación Estatal Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en el término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificada del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, así como el diverso 26 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Por último, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil diecisiete, funge como titular de este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Luis Armando Pérez Topete, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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