Catalina Ramírez Medrano
Expediente 105/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Catalina Ramírez Medrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, por el cual solicita la devolución de los documentos allegados con la demanda de amparo; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo determinado en proveído de doce de abril del año actual, en el que causó ejecutoria el sobreseimiento pronunciado en el sumario y se dejaron a disposición de esa parte los documentos originales que exhibió en este asunto.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el juicio de amparo instado por la quejosa no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, se declara que causó ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, el presente expediente es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Se determina que el incidente de suspensión derivado del presente asunto, es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, al haberse negado la suspensión definitiva solicitada. Glósese el original del cuaderno incidental. Requiérasele a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos; apercibida que en caso de no hacerlo, sin previo acuerdo, los documentos serán objeto de destrucción conjuntamente con el expediente principal, de conformidad con el aludido precepto Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, que en su parte medular establece: Visto el estado de autos, se advierte que la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el juicio de amparo instado por la quejosa no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, se declara que causó ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, el presente expediente es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Se determina que el incidente de suspensión derivado del presente asunto, es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, al haberse negado la suspensión definitiva solicitada. Glósese el original del cuaderno incidental. Requiérasele a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos; apercibida que en caso de no hacerlo, sin previo acuerdo, los documentos serán objeto de destrucción conjuntamente con el expediente principal, de conformidad con el aludido precepto Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que el diez de marzo del presente año, se tuvo al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, en el que ofreció copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente agrario ******************** de su estadística, del cual deriva el acto reclamado, mismas que fueron remitidas al diverso amparo 109/2023-III. Asimismo, en dicho proveído de diez del presente mes y año, se ordenó tomar en consideración tales documentales al resolver el presente juicio, para lo cual se debía obtener copia digital de dichas constancias, para ser incorporados al presente juicio de amparo, lo cual así se hizo, tal como se advierte del expediente electrónico. Ahora bien, de dichas constancias remitidas por la responsable, se advierte que: 1. **********, ********** y **********, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del núcleo de población ejidal denominado **********, municipio de Comonfort, Guanajuato, comparecieron a demandar, en la vía ordinaria agraria, ejercitando la acción de restitución de tierras de uso común, a **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, de quienes reclamaron la restitución de superficies de tierras, que señalaron poseen y que son propiedad del ejido que representan. 2. De dicha demanda tocó conocer al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 con sede en Guanajuato, Guanajuato, quien por auto de treinta de enero de dos mil siete, la admitió a trámite, la cual registró con el número ********************, quien ordenó el emplazamiento de los demandados. 3. Seguido el juicio por sus etapas legales, el veinte de agosto de dos mil doce, se emitió la resolución correspondiente, en la cual se declaró improcedente la acción ejercitada por la parte actora, así como la reconvención formulada por los demandados. 4. Inconforme con dicha resolución la parte actora, promovió recurso de revisión, del cual tocó conocer al Tribunal Superior Agrario, quien ordenó reponer el procedimiento para perfeccionar la prueba pericial en materia de topografía. 5. El diecinueve de enero de dos mil quince, el Tribunal Agrario del conocimiento, emitió nuevamente resolución, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Resultó improcedente la acción de nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias ejercitada en vía reconvencional por **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en consecuencia se absuelve a los demandados en esa vía, asamblea general de ejidatarios del núcleo de población ejidal denominado '**********', municipio de Comonfort, Guanajuato, y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de lo a ellos reclamado por su contraparte, en términos de lo precisado en el cuerpo de la presente resolución. SEGUNDO.- Ha resultado procedente la acción de restitución de tierras deducida por la asamblea general de ejidatarios del núcleo de población ejidal denominado '**********', municipio de Comonfort, Guanajuato, en consecuencia, se condena a los demandados **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y ********** a restituir en favor del ejido actor, la superficie que detentan en posesión, por ser legítima propiedad del núcleo de población ejidal citado líneas antes, en los términos precisados en el cuerpo del presente fallo. TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes, entregándose copia certificada de la presente resolución, anótese en el libro de gobierno que se lleva en este Tribunal, ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. (.)" 6. Mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil quince, se declaró que la resolución de diecinueve de enero del referido año, causó ejecutoria, por lo que se señaló hora y fecha, para la ejecución de la resolución; misma que no se llevó a cabo, por las razones expuestas en las actas levantas para tal efecto. 7. En ocho de diciembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración de la audiencia en términos del artículo 191 de la Ley Agraria, en la que estuvieren presentes las partes, y como no llegaron a un acuerdo sobre la ejecución de la sentencia, el Tribunal Agrario instruyó al actuario e ingeniero de su adscripción para que pusiera en posesión jurídica y material a la asamblea de ejidatario, parte actora, de la superficie que tienen en posesión los demandados, para tal efecto se señalaron las diez horas del catorce de febrero de dos mil veintitrés; para lo cual se giraron oficios a autoridades de seguridad pública para que facilitaran el auxilio de la fuerza pública con el objeto de salvaguardar dicha diligencia. 8. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en vista del acuerdo general 26/2022 del Pleno del Tribunal Superior Agrario, de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, por el que se modifica la competencia territorial de los distritos 11 y 53, con sede en las ciudades de Guanajuato y Celaya, ambos del estado de Guanajuato y 42, con sede en Querétaro, advirtió que el municipio de Comonfort, donde se ubica el poblado materia del juicio, corresponde a la competencia jurisdiccional del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, por lo que ordenó remitir el expediente en que actúa al tribunal de referencia para que proveyera lo conducente para dar el impulso procesal que en derecho corresponda, lo cual ordenó hacer del conocimiento de las partes para que acudieran al Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 y señalaran domicilio en la residencia de dicho tribunal. Asimismo, en dicho acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato, Guanajuato, dejó sin efecto la fecha de la diligencia de ejecución programada para las diez horas de catorce de febrero de dos mil veintitrés, así como el oficio ordenado a la Secretaría de Seguridad Pública y Dirección de Seguridad Pública en el Municipio de Comonfort, estado de Guanajuato; lo cual realizó en los siguientes términos: ".Derivado de lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la diligencia de ejecución programada para las diez horas del día catorce de febrero de dos mil veintitrés, así como el oficio ordenado a la Secretaría de Seguridad Pública y Dirección de Seguridad Pública en el Municipio de Comonfort, estado de Guanajuato. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES EN SU DOMICILIO PROCESAL, PÚBLICA Y CÚMPLASE. (.)" 9. Por auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, se avocó al conocimiento del asunto, el cual registró bajo el número ********************; requirió a las partes para que señalaran domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en dicha ciudad, y turnó el expediente a la Secretaría de Acuerdos para su estudio y elaboración del acuerdo de impulso procesal que corresponda. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, la parte quejosa ********** -persona ajena a las partes del juicio agrario-, presentó demanda el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que reclamó: ".1.- DEL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 11 DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO. a) La audiencia de fecha 8 de diciembre del año 2022 y la orden e instrucciones que en ella se contienen, dictada dentro del expediente ********************. b) La instrucción, acuerdo u orden emitida en la audiencia de fecha 8 de diciembre del año 2022 dirigida: '...al actuario e ingeniero de la adscripción que corresponda, para que ponga en posesión jurídica y material a la asamblea de ejidatarios del poblado denominado **********, municipio de Comonfort, Guanajuato, de la superficie que tienen en posesión los demandados, en términos de lo ordenado en el resolutivo segundo de la referida resolución, señalándose para los efectos las diez horas del día catorce de febrero de dos mil veintitrés; para lo cual deberá girarse oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pública del estado de Guanajuato, así como a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Comonfort, estado de Guanajuato, a fin de que faciliten el auxilio de la fuerza pública con el objeto de salvaguardar la ejecución'. Cita textual del contenido de la audiencia de fecha 8 de diciembre del año 2022 dictada dentro del expediente ********************. c) De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por conducto del titular o personal competente o a quien se le encomiende o delegue: LA EJECUCIÓN DE LO ORDENADO en la audiencia de fecha 8 de diciembre del año 2022 dictada dentro del expediente ******************** dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 con sede en la Ciudad de Guanajuato, Gto. d) De la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Comonfort Guanajuato por conducto del titular o personal competente o a quien se le encomiende o delegue: LA EJECUCIÓN DE LO ORDENADO en la audiencia de fecha 8 de diciembre del año 2022 dictada dentro del expediente ******************** dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 con sede en la Ciudad de Guanajuato, Gto. e) Del actuario e Ingeniero de la adscripción del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 o personal competente o a quien se le encomiende o delegue la ejecución: LA EJECUCIÓN DE LO ORDENADO en la audiencia de fecha 8 de diciembre del año 2022 dictada dentro del expediente ******************** dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 con sede en la Ciudad de Guanajuato, Gto." De lo anterior, se advierte claramente que la quejosa lo que impugna es la orden de ejecución emitida el ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio agrario del que derivan los actos reclamados, para poner en posesión jurídica y material a la asamblea de ejidatarios, de la superficie que poseen los demandados, para lo cual se señaló las diez horas del día catorce de febrero de dos mil veintitrés. Sin embargo, como se advierte de los antecedentes narrados, tal orden de ejecución de poner en posesión jurídica y material a la asamblea de ejidatarios, parte actora en el contradictorio de origen, quedó sin efectos mediante la emisión del auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, pues así lo determinó el Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato, Guanajuato, esto es, a la fecha de la presentación de la demanda presentada por la quejosa, ya no surtía efectos la orden de ejecución programada para el catorce de febrero de dos mil veintitrés. Ahora bien, si en el caso, el acto reclamado lo constituye la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, efectuada dentro del juicio agrario ******************** (antes 97/2007) y su ejecución, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Se explica. A efecto de demostrar la premisa planteada, debe transcribirse el artículo citado, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" La causal de improcedencia precisada en la fracción transcrita, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que se le exija. El numeral referido, establece lo siguiente: "Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley". En ese sentido, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, en términos de la fracción XXII del artículo 61 de la ley especial invocada, cuando la substanciación de la instancia constitucional no pueda alcanzar su objetivo protector, ya que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En conclusión, el juicio de amparo, como acción constitucional, tiene el carácter de instrumento reparador, es decir, que su objetivo principal es que el gobernado encuentre la restitución o restablecimiento en el goce de los derechos fundamentales que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio, por ello, debe estimarse que la causa de improcedencia analizada, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, la parte quejosa, como se estableció en líneas anteriores, de reclamar la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que contiene la orden de ejecución de sentencia a efectuarse el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el tribunal agrario señalado como responsable, dentro del juicio agrario ******************** (antes ********************); audiencia la cual si bien sigue subsistiendo, también cierto es que a esta fecha de presentación de la demanda dejó de existir la materia de la misma, como lo era la de poner en posesión material y física a la parte actora del predio materia del juicio agrario el pasado catorce de febrero de dos mil veintitrés, pues tal fecha de ejecución se dejó sin efectos por la propia autoridad responsable desde el pasado catorce de diciembre de dos mil veintidós. De ahí que el acto de autoridad impugnado no se concretó en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretará, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, pues se dejó sin efecto la fecha señalada para su ejecución; por tanto, las consecuencias del proveído reclamado no se concretarán en perjuicio de la peticionaria de amparo. De lo anterior, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que si bien subsiste la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, debido a que se dejó insubsistente la fecha señalada para la ejecución de sentencia; en esas condiciones el acto reclamado en el presente juicio de amparo aún y cuando subsiste, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haberse dejado sin efecto la fecha y hora señalada para su ejecución; por ello, es que la ejecución reclamada ya no se concretará en perjuicio de la quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el registro 173858, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En razón de lo anterior, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada; por ende, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del doce de abril de dos mil veintitrés.
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