Catalina Pérez González

Expediente 285/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
285/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Catalina Pérez González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, tomando en consideración que en el expediente obran documentos originales, conforme al artículo décimo primero del referido acuerdo se requiere a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado federal a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, apercibido que, de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En consecuencia, y en términos del artículo 6o del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se previene a la parte quejosa, para que en caso de que sea su deseo comparecer a recoger dichos documentos, lo informe a este órgano jurisdiccional con la anticipación debida, a fin de que se genere el código QR respectivo para que pueda ingresar al edificio sede donde se localiza este juzgado federal, y éste les sea proporcionado, para lo cual también es menester que manifieste el nombre de la persona que lo acompañará a la cita, proporcione una cuenta de correo personal y de número de teléfono, y manifieste si se trata de una persona vulnerable ante la situación del coronavirus, o si padece de algún tipo de discapacidad. En el entendido de que estimarlo oportuno, las partes interesadas también se encuentran en facultad de agendar ellas mismas dicha cita y generar el código QR respectivo, en la página del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, debe precisarse que una vez que cuenten con la cita correspondiente, de conformidad con los artículos 6º, último parrado y 7º, ambos del precitado Acuerdo General, la visita al órgano jurisdiccional tendrá una duración de veinticinco minutos como máximo, además de que la persona que comparezca a la entrega de los mencionados documentos, deberá respetar las medidas de sana distancia conforme la señalización respectiva, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. En consecuencia, deberá acudir puntualmente a la cita que se les conceda y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia, sin poder dejar el mismo hasta que termine su estadía en el inmueble.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Ahora bien, del ocurso de cuenta se desprende que la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, con motivo de su primero acto de aplicación, consistente en el oficio ***de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el Estado de Tlaxcala. En ese sentido, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda constitucional, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 203196, de rubro "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS.". En el caso, este juzgador advierte que la demanda de derechos fundamentales es improcedente por diversos motivos, los cuales se abordaran por separado. I. La presentación del ocurso inicial es extemporánea. En principio es pertinente precisar que la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, con motivo de su primero acto de aplicación, consistente en el oficio SP/DPSH-553/2021 de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el Estado de Tlaxcala. Sentado lo anterior, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del numeral parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que se entiende que un acto es consentido tácitamente por la parte quejosa cuando no promueve dentro del plazo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.". Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En ese contexto, el artículo 17 antes transcrito prevé que, por regla general, el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter heteroaplicativo. Entonces, de no instaurarse el juicio de amparo dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de la materia. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debido a que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral del ocurso de amparo, se desprende que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el oficio ***de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, le fue notificado el veinticuatro de marzo del año en curso. Tal señalamiento constituye una confesión, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, toda vez que se trata de una manifestación por escrito realizada bajo protesta de decir verdad ante esta autoridad federal. En ese sentido, debe precisarse que si el oficio que se reclama fue notificado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dicha notificación surtió sus efectos en la propia fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por tanto, tomando en consideración la fecha en la que la quejosa tuvo conocimiento del indicado oficio ***, o en su caso, aquella en la que surtió efectos conforme a la ley del acto, la notificación de dicha misiva, es inconcuso que desde el veinticinco de marzo del año en curso, tuvo la posibilidad real para, de estimarlo conveniente, intentar su impugnación. Así pues, la referida temporalidad de quince días transcurrió del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno al diecinueve de abril del citado año, descontando de dicho cómputo los sábados, domingos, al ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 74 de la Ley Federal del Trabajo, así como el treinta y uno de marzo, uno y dos de abril de este año, en atención al oficio ***y la Circular ***, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme a lo antes expuesto es evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa se realizó fuera del término que al efecto prevé el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se hizo hasta el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, inserto en la parte superior de la primera foja de la demanda. Ante tal circunstancia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo. II. Al ser improcedente los actos de aplicación, en vía de consecuencia lo es la inconstitucionalidad de diversos preceptos legales. Como se dijo, la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, con motivo de su primero acto de aplicación, consistente en el oficio ***de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el Estado de Tlaxcala, el cual como quedó precisado, fue combatido de manera extemporánea. En cuanto a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el juicio de amparo contra leyes resulta procedente en cuanto lo sea al acto de aplicación impugnado, pues si en relación con el primer acto que concrete en perjuicio de la quejosa la hipótesis jurídica controvertida se actualiza una diversa causa de improcedencia, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Robustece lo anterior, la tesis jurisprudencial P. XVII/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Bajo esa premisa, al haberse aplicado las normas reclamadas en el indicado oficio ***, es este último acto el que debe considerarse para la procedencia del amparo en relación con la inconstitucionalidad que aduce. Luego, si el juicio de amparo deviene improcedente contra el mencionado comunicado ***de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (primer acto de aplicación), dada su extemporaneidad; consecuentemente, esa improcedencia también se actualiza en relación con las normas reclamadas; por lo que procede desechar la demanda promovida por el solicitante del amparo. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 2a./J. 215/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Por tanto, al actualizarse las causales de improcedencia citadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional promovida por Catalina Pérez González, respecto a los actos reclamados. Por otra parte, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Como lo solicita el ocursante, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) adscrita a este juzgado, realice la autorización correspondiente para que el usuario ***, se encuentre en aptitud de consultar vía internet el expediente electrónico, promover lo que a su derecho convenga y recibir notificaciones en el presente sumario constitucional, mediante la vía electrónica. Por otra parte, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en solo para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona por así solicitarlo de manera expresa. De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que puedan imponerse de las actuaciones dictadas en el presente juicio de amparo, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

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