Catalina Paz Alfaro
Expediente 1139/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 28 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Catalina Paz Alfaro
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por LETICIA MILAGROS FLORES SORIA, apoderada de CATALINA PAZ ALFARO, carácter que acredita con el instrumento notarial que adjunta a su ocurso de cuenta y que este juzgado le reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, de la que se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: "1. Del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, reclamo la aprobación del artículo 155 de la Ley del Seguro Social de 1973. 2. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo la promulgación, del decreto citado anteriormente. 3. Del Titular de la Subdelegación Uruapan, de la Delegación Regional Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamo: al La aplicación del artículo 155 de la Ley del Seguro Social de 1973, a través de los oficios números 179001900100/2018/004587 y 179001900100/2018/004854, datados el 25 de septiembre y 11 de octubre de 2018, respectivamente, por los que se cancela la pensión de viudez de mi poderdante de 25 de enero de 1995 y se le requiere la devolución de $352,266.19 (trescientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y seis pesos con diecinueve centavos moneda nacional), por supuesto pago indebido de dicha pensión, y b) la restricción o suspensión de su pago de pensión de viudez por concubinato de 20 de agosto de 2018.". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, dado que los actos reclamados llevan inmersa una ejecución que tiene materialización en Uruapan, Michoacán, por ser éste el lugar donde tiene su residencia la autoridad responsable ejecutora, es decir, los efectos y consecuencias de los actos reclamados tuvieron su ejecución material en dicha localidad, no así en esta ciudad. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Por tanto, como esa localidad, no se encuentra comprendida entre aquellas en las que este juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en uno de los que lo hacen los juzgados con residencia en Uruapan, Michoacán, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con sus anexos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que el acto que reclama no se ubica en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Camelinas, número 3550, tercer piso, colonia Club Campestre, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a RAÚL CALZADA ORTEGA, OLIVIA BENITEZ REYES, SANTIAGO OROZCO VALENCIA, ALEJANDRO LEÓN CORTÉS, CIPRIANO RODRIGO SANDOVAL VILLANUEVA y BRISA JANET GONZÁLEZ RAMOS, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó las cédulas profesionales números 1348839, 1843984, 2267698, 2700974, 5479549 y 3134921, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a NORMA GUILLÉN TINOCO, LINDA ESTRELLA ZAMUDIO CASTILLO y LAURA ILIANA VALLADARES VEGA, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa y únicamente para recibir notificaciones a JULIÁN GUERRERO JUÁREZ, DULCE EUGENIA FARFÁN BAILÓN, GLORIA EDITH MONTOYA RAMÍREZ, MARIO MIGUEL SÁNCHEZ PONCE, AZANARA GUADALUPE OREGEL ÁVALOS, CITLALI CAMACHO LEYVA, INDIRA MARGARITA ESQUIVEL RODRÍGUEZ, CECILIA FLORES CEJA, YERENI MEDINA CHÁVEZ, LEONOR LÓPEZ GONZÁLEZ, CLAUDIA IVETTE PÉREZ CRUZ, DIANA GUADALUPE GUERRERO AGUILAR, OLGA CLEOPATRA RAMOS NAVA, EDGAR OMAR GAMIÑO CHÁVEZ, VIRGINIA ORTIZ GARCÍA, JOEL MOLINA REYES, JERALDIN JUÁREZ CORTÉS, IRMA ARROYO HINOJOSA y BRENDA GARCÍA GARCÍA, toda vez que la promovente manifieste que son pasantes juristas. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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