Catalina Olvera Jímenez

Expediente 110/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
110/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Catalina Olvera Jímenez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinticuatro de noviembre al siete de diciembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veinte, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la medida cautelar y no existen documentos originales; por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción y el cuaderno incidental de depuración, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Destrucción del expediente. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del referido expediente y en su oportunidad, remítase el acta respectiva de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Depuración del expediente. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo 18 del aludido Acuerdo General, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración del referido expediente y en su oportunidad, transfiérase a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, el cuaderno de constancias que remitió, como complemento a su informe justificado rendido en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que aparece que mediante acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte, se agregó al juicio de amparo 110/2020-1 en que se actúa, el ocurso presentado vía electrónica por Julián Mendoza Vigil, autorizado de la parte tercero interesada para oír y recibir notificaciones en términos ampliaos del artículo 12 de la ley de Amparo, registrado bajo el número de correspondencia 7289; ocurso al que se adjuntaron diversas documentales que corresponden al escrito presentado por el quejoso Fidel García Vargas dentro del juicio de amparo 78/2020-9, de la estadística de este Juzgado. En virtud de lo anterior, sustráiganse del presente expediente las referidas documentales, y con las mismas dese cuenta en el diverso juicio de amparo 78/2020-9 de la estadística de este Juzgado, así como con copia de este acuerdo, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Escrito tercero interesado. Por otra parte, téngase recibido el escrito signado por ***, apoderado general para pleitos y cobranzas de la moral tercera interesada ***, a través del cual solicita se regularice el procedimiento y se provea lo conducente respecto de las pruebas de descripción ocular judicial de los rasgos físicos de la quejosa y documental pública, ofrecidas mediante escrito recibido en este Juzgado el veintinueve de mayo del año en curso.* Atento a su contenido, dígase al promovente que su petición deviene improcedente, al tener en consideración, que por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Notifíquese...

  4. Principal

    treinta de septiembre de dos mil veinte SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 110/2020-1, promovido por Catalina Olvera Jiménez, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, turnado en la propia data a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Catalina Olvera Jiménez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:| "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL EL C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL EL C. JUEZ TERCERO DE LO CIVIL EL C JUEZ PRIMERO DE LO MERCANTIL EL C. JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL EL C. JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL EL C. JUEZ CUARTO DE LO MERCANTIL EL-C. JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL EL C. JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR EL C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR EL C. JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR EL C. JUEZ CUARTO. DE LO FAMILIAR EL C. JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR IV.- AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO MERCANTIL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR ACTUARIO ADSCRITO AL ÁREA DE EJECUCIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO Respecto al domicilio de las autoridades responsables, por tener domicilio conocido en esta Ciudad considero innecesario el proporcionarlo a esa H. Autoridad ya que ello no impide su debida notificación del presente Juicio de Garantías, en razón de tener un domicilio plenamente conocido. ACTOS RECLAMADOS A LAS RESPONSABLES ORDENADORAS A todas y cada una de ellas, les reclamo la falta de emplazamiento y/o llamado a juicio, así como todas las consecuencias legales que hayan surgido de algún procedimiento civil y/o mercantil y/o familiar que se pudiere estar tramitando en mi contra, y/o autos, decretos, sentencias de carácter provisional o definitivo, así como puede ser la orden de desposesión ilegal del inmueble de mi propiedad ubicado en la calle de Cóndor número 116, Fraccionamiento las Julias C.P. 78139 de esta Ciudad de San Luis Potosí. ACTOS RECLAMADOS A LAS RESPONSABLES EJECUTORAS A todas y cada una de ellas, les reclamo la falta de emplazamiento y/o llamado a juicio, así como todas las consecuencias legales que hayan surgido de algún procedimiento civil y/o mercantil y/o familiar que se pudiere estar tramitando en mi contra, como puede ser la desposesión ilegal del inmueble de mi propiedad ubicado en la calle de Cóndor número 116, Fraccionamiento las Julias C.P. 78139 de esta Ciudad de San Luis Potosí.". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. I. El siete de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se requirió a las autoridades responsables por la rendición de sus informes justificados. II. Previa recepción de los informes justificados, el tres de marzo se decretó la separación de autos del presente juicio, con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, dado que la quejosa reclamó diversos actos que emanan de distintos juicios que no guardan ninguna relación entre sí; y se indicó que el presente sumario únicamente atendería lo atinente a los actos que esta atribuye a los Jueces Segundo y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Mercantil en esta ciudad; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Familiar en esta ciudad; Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados Segundo y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad; Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Mercantil en esta ciudad; Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Familiar en esta ciudad; y, Actuario Judicial adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado; mientras que se separaban del presente expediente los actos atribuidos por la impetrante al Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad; Actuario adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil en esta ciudad; y, Actuario Judicial adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado; ordenándose la remisión respectiva a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para que procediera a su registro y turno como asunto nuevo. III. Por acuerdo dictado el cuatro de marzo de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de quien legalmente lo represente; y se fijó como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinte; sin que esto último haya tenido verificativo con motivo de la contingencia sanitaria suscitada por la propagación del virus SARS CoV-2 y por la suspensión de plazos y términos decretada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por tal motivo. IV. El diez de agosto de dos mil veinte se ordenó la reactivación del asunto, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; es decir, se levantó la suspensión de plazos y términos, por lo que las partes estarían en aptitud de promover lo que en derecho correspondiera; y se citó para la celebración de la audiencia constitucional a través del uso de videoconferencia, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del mencionado ente administrativo; habiéndose apersonado a la diligencia únicamente la parte tercera interesada, por lo que su desahogo tuvo verificativo conforme con el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; al reclamarse actos acontecidos dentro de un juicio civil, cuyos efectos tuvieron ejecución dentro de la demarcación territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda con la que se formó el presente expediente, se promovió dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento de los actos reclamados el cuatro de febrero de dos mil veinte. De manera que, si la demanda de amparo fue presentada, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, el seis de febrero de dos mil veinte, es decir, el primer día hábil del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es evidente que fue promovida en el plazo legal referido. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Conforme con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo en relación con la totalidad de constancias que conforman el sumario, se obtiene que los actos reclamados en el presente juicio son: La falta de emplazamiento a juicio, todo lo actuado en este y sus consecuencias, incluida la desposesión del inmueble ubicado en calle Cóndor número 116, Fraccionamiento las Julias, de esta ciudad. CUARTO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos que se atribuyen a los Jueces Segundo (foja 45) y Tercero (foja 46) del Ramo Civil en esta ciudad; Jueces Primero (foja 47), Segundo (foja 48), Tercero (foja 49) y Quinto (foja 50) Mercantil en esta ciudad; Jueces Primero (foja 51), Segundo (foja 52), Tercero (foja 53), Cuarto (foja 40) y Quinto (foja 41) de lo Familiar en esta ciudad; Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados Segundo (foja 54) y Tercero (foja 56) del Ramo Civil en esta ciudad; Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados Primero (foja 58), Segundo (foja 60), Tercero (foja 61) y Quinto (foja 63) Mercantil en esta ciudad; Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados Primero (foja 65), Segundo (foja 66), Tercero (foja 67), Cuarto (foja 42) y Quinto (foja 43) de lo Familiar en esta ciudad; y Actuario Judicial adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado (foja 39), ya que así lo manifestaron en sus informes justificados rendidos. Sin prueba en contrario que desvirtúe tal negativa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos reclamados a las autoridades antes mencionadas. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Certeza de actos. Se tienen por ciertos los actos reclamados al Juez Cuarto Mercantil de esta ciudad y al Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil de esta ciudad; lo anterior porque, aunque los negaron en sus informes justificados, el primero de ellos hizo manifestaciones de las que se desprende tal certeza, mientras que el segundo manifestó adherirse al informe rendido por su superior.... Lo que se corrobora además con la documental que la autoridad responsable citada en primer término allegó al juicio, consistente en copia certificada del expediente 1523/2011, de su índice, que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°, al estar expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior es así porque, de la documental mencionada se desprende que en el referido sumario, la aquí quejosa figura como demandada, asimismo, que su emplazamiento a juicio -cuya constitucionalidad controvierte- ocurrió el doce de febrero de dos mil dieciocho (foja 112 del cuaderno de pruebas). SEXTO. Causa de improcedencia. Enseguida se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 158, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Quinta Época, Materia Común, página 262, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, de oficio, se advierte la improcedencia en el presente juicio de amparo, toda vez que respecto del emplazamiento de la parte demandada al juicio extraordinario civil número 1523/2011, que se reclama por la quejosa, así como de todo lo actuado en el sumario y sus consecuencias, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia, que estatuye:... De dicho numeral se desprende que será improcedente el juicio de amparo, cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efectos por haberse consumado el objeto o la materia del mismo. Es decir, la referida causa de improcedencia cobra aplicación en el caso de que el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al agraviado en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad respectivo, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera de derechos del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Establecido lo anterior, conviene precisar que de las constancias que el Juez Cuarto Mercantil de esta ciudad, remitió en vía de justificación, mismas que quedaron valoradas en párrafos que anteceden, se desprenden como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: 1. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de mil once, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial del Estado, Juan Manuel Gómez Granados, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranza de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, demandó en la vía extraordinaria civil hipotecaria y en ejercicio de la acción hipotecaria a Catalina Olvera Jiménez, por el vencimiento anticipado y el cumplimiento forzoso del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria celebrado por las partes y por el pago de la cantidad de $461,251.41 (cuatrocientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y un pesos 41/100 M.N.), por concepto de monto total del adeudo y demás prestaciones accesorias que ahí precisó (fojas 3 a 10 del anexo). 2. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil once, el entonces Juez Séptimo del Ramo Civil de esta ciudad, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, radicó la demanda de que se trata, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada; que se le hiciera saber a dicha parte procesal, el derecho que le asistía para constituirse como depositaria judicial del bien inmueble materia del juicio; y que se girara oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, a fin de que hiciera la anotación correspondiente de la demanda entablada en ese juicio (foja 25 y 26 del anexo). 3. En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el juez responsable tuvo a Gustavo García Reyna, exhibiendo el contrato de cesión de derechos celebrado entre BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como cedente y Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como cesionario; con dicha cesión mandó dar vista a la parte demandada (foja 33 del anexo). 4. A las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil diecisiete, la actuaria judicial se constituyó en el domicilio señalado como el de la demandada, a efecto de emplazarla a juicio, diligencia que entendió en forma personal con la buscada (foja 84 del anexo). 5. El siete de abril de dos mil diecisiete, el ahora denominado Juez Cuarto de lo Mercantil de esta ciudad, tuvo a la demandada interponiendo incidente de nulidad de actuaciones y en la revisión de la diligencia de emplazamiento, al advertir dicho juzgador que tal llamamiento no se encontraba ajustado a derecho, lo dejó sin efecto y ordenó emplazar nuevamente a la demandada, con las formalidades de ley (foja 86 del anexo). 6. El doce de febrero de dos mil dieciocho se llevó a cabo de nueva cuenta el emplazamiento a juicio de la demandada, aquí quejosa; diligencia que la notificadora entendió en forma directa con la buscada (foja 112 del anexo). 7. En auto de seis de abril de dos mil dieciocho, el juez natural de oficio, declaró la caducidad de la instancia, más no de la acción, por lo que declaró ineficaces las actuaciones del juicio, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda; asimismo, condenó a la parte actora al pago de costas y gastos y puso a disposición de esta el documento base de la acción (fojas 130 y 131). 8. En acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la demandada, hoy quejosa designando domicilio para recibir notificaciones y por señalando autorizado en términos del párrafo cuarto numeral 118 del Código de Procedimientos Civiles; asimismo, en cuanto al incidente de nulidad del emplazamiento que fue propuesto por la demandada, se reservó proveer hasta en tanto quedara firme el auto de seis de abril de dos mil dieciocho; además se tuvo a la parte actora interponiendo recurso de apelación contra el acuerdo mencionado en último término (fojas 157 y 158 del anexo). 9. Por último, el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada el quince de junio de dos mil dieciocho por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la que al resolver sobre el medio de impugnación a que se refiere el punto que antecede, declaró infundados por una parte e inoperantes por otra, los agravios hechos valer y confirmó el auto de seis de abril de dos mil dieciocho (fojas 144 a 158). Como se ve, de los antecedentes relatados, claramente se desprende que aun cuando está acreditada la existencia del emplazamiento de doce de febrero de dos mil dieciocho; lo cierto es que, con posterioridad a esa actuación, se decretó la caducidad de la instancia, determinación que se encuentra firme al haber sido confirmada por la Alzada, dejando sin materia las obligaciones que pudieron derivar del referido emplazamiento. En efecto, tal acontecimiento, consuma el objetivo del emplazamiento y sus consecuencias que aquí se reclaman, que eran precisamente llamar a juicio a la demandada para que tuviera conocimiento de la demanda instaurada en su contra, y acudiera a oponer contra las pretensiones de su contraria, las excepciones y defensas que considerara pertinentes; y aunque subsistan materialmente las actuaciones sometidas al examen constitucional, ya no pueden surtir efecto legal alguno, en virtud de la modificación del entorno jurídico en el que éstas se emitieron; lo que actualiza la causa de improcedencia invocada, en tanto que aun en el caso de que se arribara al convencimiento, de que el llamamiento al juicio de origen practicado a la solicitante del amparo, se aparta de las prerrogativas fundamentales consagradas por el Pacto Federal, lo cierto es que se tornaría imposible restituirla en el goce de tales derechos, al prevalecer una nueva situación jurídica con motivo de la referida caducidad de la instancia decretada en perjuicio de la actora, por no encontrarse actualmente la promovente del amparo, sujeta al cumplimiento de las obligaciones que se le demandaron en ese controvertido. Es decir, pese a que el mencionado emplazamiento de doce de febrero de mil dieciocho, continúa subsistiendo en el mundo jurídico, al no obrar ninguna determinación que expresamente lo haya nulificado, lo cierto es que por virtud de la determinación de seis de abril de dos mil dieciocho, confirmada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en ejecutoria de quince de junio de dos mil dieciocho, se generó en autos del juicio de origen, una modificación del entorno en el que tal acto fue emitido, no concretándose por ende sus efectos perniciosos en la esfera jurídica de la quejosa, puesto que actualmente ésta ya no se encuentra sujeta a cumplir con obligación alguna en el juicio natural; y tomando en consideración que si bien en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil once, donde el juez natural admitió la demanda, también ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, a fin de que hiciera la anotación de la demanda entablada, lo cierto es que al requerimiento expreso por parte de este juzgado, contenido en el auto de once de marzo de dos mil veinte de que informara el estado de tal inscripción, la responsable precisó en su oficio 793/2020 (foja 110 de este juicio): ". no se ordenó la cancelación de anotación correspondiente a la demanda motivo del citado juicio, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad; no obstante, que mediante auto de radicación dictado por este órgano jurisdiccional, el 24 veinticuatro de abril de 2011 dos mil once, se ordenó tal circunstancia, lo cierto es que la parte actora no realizó las gestiones respectivas para la inscripción, ni esta autoridad giró el oficio ahí ordenado; hecho que se advierte de las copias certificadas que este Juzgado envió en apoyo al informe justificado.- - - Notifíquese." (Énfasis añadido). Por lo que, a ningún resultado práctico conduciría examinar la legalidad de unos actos que no están produciendo, ni producirán efectos jurídicos en agravio de la quejosa, al haberse consumado totalmente el objeto de esas actuaciones, puesto que es claro que, dada la caducidad decretada, ya no es posible que se ejecute en contra de la promovente, toda vez que la actora perdió su derecho a obtener, en ese juicio, las prestaciones reclamadas.... En las relatadas circunstancias, al haberse configurado de forma indudable la causa de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el mismo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 110/2020-1, promovido por Catalina Olvera Jiménez, contra los actos que reclamó de los Jueces Segundo y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Mercantil en esta ciudad; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Familiar en esta ciudad; Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados Segundo y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad; Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Mercantil en esta ciudad; Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Familiar en esta ciudad; y Actuario Judicial adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, mismos que quedaron precisados en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la presente sentencia. Notifíquese.

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