Catalina Moreno Vizcarra

Expediente 265/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
265/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Catalina Moreno Vizcarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a nueve de junio de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violentados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional se hicieron consistir en: "a) Del Congreso del Estado libre y soberano de Nayarit, la parte quejosa reclamó la discusión, aprobación, y expedición de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal del dos mil veinte, publicada en el Periódico Oficial de dicho estado, en el mes de diciembre del año dos mil veinte; en particular, los artículos 21 fracciones I y XVIII, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la propia legislación. b) Del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, la quejosa reclamó la expedición y orden de publicación de los dispositivos señalados en el inciso a) que antecede. (.) e) Del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Nayarit, la aplicación de los preceptos que se reclaman en el inciso a) que antecede.2. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. (.)" En ese tenor, el veintiocho de septiembre dos mil veinte, se dictó la sentencia correspondiente, donde se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por los motivos siguientes: "En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los siguientes efectos: 1. El artículo 21, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente de los $11,128.97 moneda nacional (once mil ciento veintiocho pesos, 97/100 moneda nacional), que se obtuvieron con motivo de los conceptos siguientes: Concepto Subtotal Total Inscripción préstamo hipotecario $7,415.50 (siete mil cuatrocientos quince pesos 50/100). Fomento a la educación $1,783.88 (un mil setecientos ochenta y tres pesos 88/100). Asistencia social $1,070.33 (un mil setenta pesos 33/100). $11,128.97 (once mil ciento veintiocho pesos, 97/100 moneda nacional). U.A.N $856.26 (ochocientos cincuenta y seis pesos 26/100). Aportación Cruz Roja $3.00 (tres pesos 00/100). Lo anterior, después de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por el pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado. Sin que se proceda a realizar la devolución de la cantidad de $3.00 (tres pesos moneda nacional) por concepto de donación a la cruz roja, toda vez que se trata de una aportación voluntaria y dicha cantidad no fue objeto de controversia por parte del quejoso. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracciones I y XVIII, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Lo anterior, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas. Lo anterior, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)". Inconforme con dicha resolución, mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Luego, en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimocuarto Circuito, informando que desechó el recurso de revisión 201/2021, razón de lo anterior, la sentencia de veintiocho de septiembre dos mil veinte, quedó firme y se requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días, informaran sobre su cumplimiento. Luego, a través del registro con folio 9877 la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, comunicó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa CATALINA MORENO VIZCARRA, los preceptos 21, fracción I, XVIII y XL, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte y con fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, realizó la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa y para demostrarlo, remitió copia de la referida transferencia bancaria que obra en autos del expediente en que se actúa, del que se advierte que realizó lo siguiente: Adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la quejosa CATALINA MORENO VIZCARRA de la que se advierte que le devolvió la cantidad de $10,275.80 (diez mil doscientos setenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Con lo anterior, en veintiséis de mayo del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir de su debida notificación, manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento del fallo protector y se le apercibió que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector; en ese sentido la parte quejosa, fue omisa en pronunciarse al respecto. Por tanto, se procede a corroborar si la cantidad devuelta a la justiciable, se encuentra debidamente actualizada, en ese sentido, se destaca que el monto de la cantidad erogada por la parte quejosa lo fue $7,415.50 (siete mil cuatrocientos quince pesos 50/100 moneda nacional). Más los impuestos, previstos en los artículos 11, 12 y 13, de la citada ley, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, por las cantidades de: $1,783.88 (un mil setecientos ochenta y tres pesos 88/100), $1,070.33 (un mil setenta pesos 33/100) y $856.26 (ochocientos cincuenta y seis pesos 26/100), respectivamente. A lo cual se ordenó aplicar $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por el pago de concepto de inscripción de documento público y compraventa de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 21, fracciones I y XVIII, respectivamente, de la Ley de Ingresos del Estado, así como de 3.00 tres pesos, por concepto de aportación a Cruz Roja. Lo anterior, arroja como remanente la cantidad de $10,555.97 (diez mil quinientos cincuenta y cinco pesos 97/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit.1 1Artículo 35. El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco del estado, expresados en pesos o en la UMA, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones no se actualizarán por fracciones de mes. En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Cuando no se cubran las contribuciones, los aprovechamientos o los créditos fiscales en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectué. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales y del ejercicio, no será deducible ni acreditable. Cuando el resultado de la Al respecto, y dado lo establecido por dicho ordinal, debe atenderse al mes en que se realizó el pago (veintiocho de mayo de dos mil veinte) y al mes en que se efectuó el pago actualizado (cuatro de abril de dos mil veintiuno), a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente (marzo dos mil veintiuno), entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo (abril dos mil veinte). Lo anterior dado que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de mayo de dos mil veinte, mientras que la autoridad responsable, previos trámites inherentes, el cuatro de abril de dos mil veintiuno, realizó el pago a favor de la parte quejosa; por tanto, el período de actualización comprende del mes de marzo de dos mil veintiuno al mes de abril de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. En ese sentido, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil veintiuno, entre el índice para el mes de abril de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado). Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil veintiuno, fue de 111.824; y, para el mes de abril de dos mil veinte, fue de 105.755, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.057387357571746. operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad a devolver $10,555.97 (diez mil quinientos cincuenta y cinco pesos 97/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $11,161.75 (once mil ciento sesenta y uno pesos 71/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $605.78 (seiscientos cinco pesos 78/100 moneda nacional). Así, de las constancias que obran en autos, se aprecia que las responsables, desincorporaron de la esfera jurídica a la parte quejosa CATALINA MORENO VIZCARRA lo previsto en los artículos 21, fracción I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. No pasa inadvertido que la autoridad responsable recaudadora, debía devolver a la quejosa la cantidad de $11,161.75 (once mil ciento sesenta y uno pesos 71/100 moneda nacional), sin embargo, únicamente reintegró la cantidad de $10,275.80 (diez mil doscientos setenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional), por lo que se pone en evidencia que no se realizó la actualización correspondiente de $885.95 (ochocientos ochenta y cinco pesos 95/100 moneda nacional); sin embargo, la quejosa no se inconformó con el cumplimiento dado por la responsable al momento de otorgársele la vista relativa al artículo 196 de la Ley de Amparo; además, de que se considera que dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectúe la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del arábigo 196 de la ley de la materia, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido, lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes destruibles, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa al momento de presentar su demanda de amparo, exhibió diversas copias certificadas; en consecuencia, se le requiere para que acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, para la devolución de los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    A las nueve horas del catorce de junio de dos mil veintidós, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha a la quejosa CATALINA MORENO VIZCARRA, la notificación a través de lista, de la determinación de nueve de junio de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.-

  3. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con anexo, firmado por el Director Jurídico Contencioso como representante legal de la autoridad responsable Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estrado de Nayarit, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; esto es, que se ha desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa CATALINA MORENO VIZCARRA, los preceptos 21, fracción I, XVIII y XL, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Asimismo, que se ha realizado la transferencia bancaría a nombre de la aquí quejosa, para lo cual adjunta copia del SPEI. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, con las documentales citadas en párrafos que anteceden por el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y con lo que exponga, o transcurrido dicho plazo sin realizar alguna manifestación, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e1.d4 05/11/23 08:28:11 Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    A las nueve horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha al quejoso CATALINA MORENO VIZCARRA, la notificación a través de lista de la determinación de veintiséis de mayo del año en curso, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la nueva Ley de Amparo.

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