Catalina Morales Roque
Expediente 1175/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Catalina Morales Roque
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Alberto Chavarría Muñoz, quien se ostenta con el carácter de asesor jurídico de Catalina Morales Roque; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al presente juicio de amparo 1175/2017-II, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Sin que sea necesario requerir a la promovente para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al promovente de amparo ********************, para que desahogara la prevención que le fue formulada en proveído del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Alberto Chavarría Muñoz, quien se ostenta con el carácter de asesor jurídico de Catalina Morales Roque, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1175/2017-II. En principio, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en las fracciones I y IV que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" De los preceptos legales transcritos se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a acreditar la representación con la que promueve y los actos que reclame de las autoridades responsables, a fin de establecer la procedencia del juicio, y el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Además, de que la demanda de amparo fija la Litis constitucional. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo es conveniente hacer notar que el promovente refiere promover el presente juicio en su carácter de asesor jurídico de Catalina Morales Roque, sin justificar tal carácter. Ahora bien, los numerales 6, 10 y 11 de la Ley de Amparo prevén lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". De lo anterior, se obtienen que, el primer numeral transcrito refiere a la cuestión inherente a la legitimación ad causam y ad procesum, en la que la primera de ellas significa que el quejoso tendrá tal legitimación en el supuesto de que efectivamente se le hayan violado sus derechos fundamentales mediante una norma general o acto que reclame, y en otro aspecto la legitimación ad procesum implica que el quejoso puede y tiene la facultad para promover un amparo cuando estima tiene el derecho que se cuestionara en él, bien por qué se ostente como titular de ese derecho, por que cuente con la representación legal de ese titular. Ademas, establece que en los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. Finalmente, se establece que el representante del quejoso o del tercero interesado que tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable y esta representación subsista en el momento de la presentación de la demanda, será admitida para todos los efectos legales, debiendo acreditarse ante la autoridad de amparo, por medio de la constancia en original o en copia certificada expedida por la autoridad responsable que justifique su personalidad ha sido reconocida por ella, sin que sea dable la simple afirmación de esa circunstancia, o sea, que la autoridad de amparo debe cerciorarse fehacientemente de la personalidad del promovente, de acuerdo a los preceptos que se tratan. En ese tenor, Alberto Chavarria Muñoz, no anexa al escrito de demanda documento alguno con el que acredite ser el asesor jurídico de Catalina Morales Roque, pues si bien, al presente juicio de amparo acude como asesor jurídico, no anexa documento alguno en el que conste que le fue reconocido tal carácter en el juicio en el juicio agrario 383/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala, o si tiene algún otro. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Diciembre 2013, página 327, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio.." Por consiguiente, esta autoridad no puede admitir una demanda si la parte promovente no justificó el carácter con el que insta su acción constitucional. En otro aspecto, del escrito de demanda, la parte quejosa señala acto reclamado, el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la Ciudadano Juez del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33, con sede en Cholula, Puebla; el acuerdo de fecha cinco de julio del año en curso, realizado dentro de la audiencia de juicio, en la etapa de ofrecimiento y admisión pruebas (...)" De la anterior transcripción, se advierten que la parte quejosa reclama el acto al Juez del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33, con sede en Cholula, Puebla, sin embargo, en la fracción III de su escrito señala como autoridad responsable al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala. Asimismo, manifiesta que reclama al Juez del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33, con sede en Cholula, Puebla; el acuerdo de fecha cinco de julio del año en curso, realizado dentro de la audiencia de juicio, en la etapa de ofrecimiento y admisión pruebas, y por otra parte señala que con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, ratificando la demanda, dando contestación a la misma al demandado, así como se ofrecieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes quedando pendientes, que por su naturaleza requieren de su preparación. De lo que se desprende que no se tiene la certeza de cuál es el acto que desea reclamar en la presente instancia constitucional pues por una parte se duele del acuerdo de fecha cinco de julio del año en curso y por otra de la audiencia celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, asimismo, de ninguno de los anteriores actos señala la fecha en que tuvo conocimiento de ellos. En ese tenor, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 108, fracciones I, III, IV y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad: Exhiba el documento idóneo con el que acredite su personalidad, o bien, aclare si en el juicio agrario 383/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala, tiene reconocido el carácter de asesor jurídico o tiene algún otro y en caso de ser así señale cual y lo acredite. Precise la autoridad responsable a la que le atribuye el acto reclamado. Precise cual es el acto reclamado, si es el acuerdo de fecha cinco de julio del año en curso o la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, asimismo; manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de ellos o la fecha en que fue notificado de los mismos. Por otra parte, hágase del conocimiento a la parte promovente, que deberá adjuntar copias de su escrito aclaratorio y del documento con que acredita su personalidad, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en los párrafos que anteceden, en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 36/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, tomo XIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2001, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." ... Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, remita copia certificada de lo actuado en el juicio agrario 383/2017 de su índice, e informe la etapa en que se encuentra. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 fracción I, en relación con el diversos 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, teniéndose como autorizado en términos amplios a Eusebio Marín Cruz, por contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y solo para oír y recibir notificaciones a José Emilio Cortez Varillas y Santiago Bueno Castillo, por no contar con dicho registro. ...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Catalina Bolaz Amador481/2016
- Catalina Flores Calihua40/2016
- Catalina Gutiérrez Mote633/2018
- Catalina Hernández Salazar872/2017
- Catalina Meza Zempoalteca856/2018
- Catalina Meza Zempoalteca911/2018
- Catalina Vázquez Rodríguez1400/2016
- Catarina Salazar Aparicio1180/2019
- Catarino Atriano Cuapio986/2015
- Catherin Armenta García847/2017
- Cati Angelica Pérez Roldan81/2022
- Cayetano Meneses Popocatl16/2021