Catalina Méndez Soto

Expediente 471/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 47 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
471/2019
Año
2019
Actuaciones
47
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Catalina Méndez Soto
  • Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    V- Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el plazo que se le concedió a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniere respecto a la vista ordenada en acuerdo de seis de julio del año en curso, sin que lo haya hecho. En ese contexto, procede resolver respecto del cumplimiento dado a la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional. I. Efectos de la concesión de amparo 1 Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Resulta pertinente señalar que en la sentencia en mención, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Catalina Méndez Soto, contra los actos que reclamó de la directora General de la Propiedad rural y director General Adjunto de Regularización de la Propiedad rural, ambos con sede en la Ciudad de México, para los efectos siguientes: "1. Deberán realizar los trámites necesarios para que se lleve a cabo el análisis técnico de los trabaos de medición y deslinde del predio denominado "El COCAL", ubicado en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo, y emitir el dictamen técnico respectivo; y, 2. En el ámbito de sus facultades, deberán de poner en estado de resolución el expediente administrativo 222/2004, actualmente 683/2018; debiendo notificar lo anterior a la solicitante del amparo en forma personal." Contra dicha sentencia, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, bajo el amparo en revisión 286/2020. Respecto de lo cual, mediante sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el referido Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que modificó la sentencia impugnada y concedió el amparo y protección de la justicia federal en los términos establecidos en su resolución, a saber: "[.] Las autoridades responsables deberán con base en las constancias que obran en el expediente 683/18 antes 222/2004, en el plazo de treinta días deberán: Emitir resolución en la que de manera fundada y motivada; determine lo que en derecho proceda respecto de la solicitud de la quejosa, debiendo notificarle en forma personal." El veinte de agosto de dos mil veintiuno, se recibió dicho testimonio y se requirió el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable. II. Acciones tendentes al cumplimiento Después de múltiples informes sobre gestiones realizadas por la autoridad responsable así como diversas hechas por otras autoridades que por sus funciones también tenían participación en la integración del procedimiento de enajenación de la quejosa, en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se recibió vía correo electrónico el oficio firmado por el director de Ejecutorias, en ausencia de la titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Tercer Tribunal Colegiado, informó que emitió el acuerdo en el que se declaró la existencia de imposibilidad jurídica y material para continuar con el procedimiento de enajenación onerosa del predio "El cocal", ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, hoy Bacalar, Quintana Roo, dentro del expediente DGOPR/IETN-23QR/435/2021. En virtud de que dicha información se recibió vía correo electrónico, se reservó emitir el pronunciamiento correspondiente hasta en tanto se reciba el oficio y los anexos referidos vía ordinaria, a fin de tener pleno conocimiento del acuerdo de improcedencia mencionado. En auto de seis de julio de la presente anualidad se recibió el oficio referido al que se adjuntó el acuerdo administrativo en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el amparo en revisión 286/2020 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el que la jefa de Departamento de Terrenos Nacionales en ausencia del director de Terrenos Nacionales de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural determinó que existe imposibilidad jurídica y material para continuar con el procedimiento de solicitud de enajenación onerosa del predio El cocal, en virtud que dicha autoridad se declaró incompetente para continuar con el procedimiento de enajenación onerosa intentado por la aquí quejosa, ya que se comprobó que la superficie solicitada en enajenación se encuentra en sobreposición total con los predios "LA ENRAMADA" y "LA RUMOROSA" titulados previamente a la solicitud de la provente del amparo. En consecuencia, se dio vista a la parte quejosa con dichas constancias para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que autos se advierta que hubiera efectuado manifestación al respecto. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo2, procede el estudio respecto al cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección a la parte quejosa. Para llegar a una conclusión respecto si la sentencia constitucional está cumplida o no, se hace la siguiente ilustración: EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR ACCIÓN TENDENTE AL CUMPLIMIENTO Las autoridades responsables deberán con base en las constancias que obran en el expediente 683/18 antes 222/2004, en el plazo de treinta días deberán: - Emitir resolución en la que de manera fundada y motivada; determine lo que en derecho proceda respecto de la solicitud de la quejosa, debiendo notificarle en forma personal. Con el acuerdo administrativo dictado en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el amparo en revisión 286/2020 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, la jefa de Departamento de Terrenos Nacionales en ausencia del director de Terrenos Nacionales de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural determinó que existe imposibilidad jurídica y material para continuar con el procedimiento de solicitud de enajenación onerosa del predio "El cocal", en virtud que dicha autoridad se declaró incompetente para continuar con el procedimiento de 2 Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. enajenación onerosa intentado por la aquí quejosa, ya que se comprobó que la superficie solicitada en enajenación se encuentra en sobreposición total con los predios "LA ENRAMADA" y "LA RUMOROSA" titulados previamente a la solicitud de la provente del amparo. Acuerdo del procedimiento de origen que se notificó por conducto de este Juzgado de Distrito el siete de julio de dos mil veintitrés. De lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estima pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    V- Agréguese el oficio signado por el director de Ejecutorias, en ausencia de la titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, quien a su vez representa a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que ya se emitió el acuerdo en la que se declaró la existencia de imposibilidad jurídica y material para continuar con el procedimiento de solicitud de enajenación onerosa del predio "El Cocal", ubicado en el municipio de Othón P. Blanco hoy Bacalar, Estado de Quintana Roo, solicitado por Catalina Méndez Soto dentro del expediente DGOPR/IETN- 23QR/435/2021, adjuntado copia certificada de diversas constancias para corroborar su dicho. Al respecto, toda vez que el 21 de junio de 2023, este órgano jurisdiccional, se reservó acordar lo conducente con respecto a la misiva recibida bajo el número 2C.10.UAJ.DGAE.DE.5471.2023, hasta en tanto se recibiera el oficio original, lo cual acontece el día de hoy; en consecuencia, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, con registro digital 192174 de rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    V- Agréguese el oficio de cuenta, enviado a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, mediante el cual el director de Ejecutorias, en ausencia de la titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, quien a su vez representa a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, informa que ya se emitió el acuerdo en la que se declaró la existencia de imposibilidad jurídica y material para continuar con el procedimiento de solicitud de enajenación onerosa del predio "El Cocal", ubicado en el municipio de Othón P. Blanco hoy Bacalar, Estado de Quintana Roo, solicitado por Catalina Méndez Soto dentro del expediente DGOPR/IETN-23QR/435/2021, adjuntado copia certificada de diversas constancias para corroborar su dicho. Por consiguiente, resérvese proveer lo conducente hasta que se reciba el oficio original. Notifíquese.

  4. Principal

    V- Agréguese el oficio de cuenta, enviado a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, mediante el cual el director de Ejecutorias, en ausencia de la titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, quien a su vez representa a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, adjuntado copia certificada de diversas constancias para corroborar su dicho. Asimismo, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad citada, para que en el término de 5 días informe la respuesta otorgada por la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, con respecto a las acciones realizadas para efectos de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en este expediente. En ese sentido, proceda la actuaria adscrita a remitir al correo dgae.docytramite@sedatu.gob.mx, el oficio dirigido a la autoridad foránea, debiendo dejar constancia del envío en autos y solicitar el acuse de recibido. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

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