Catalina López Reyes

Expediente 494/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
494/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Catalina López Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 202, en relación con el numeral 214, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, mediante ejecutoria dictada en el presente asunto el veinte de abril de dos mil veintitrés; y, al no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, 17, fracción I, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; el expediente en que se actúa es CONSERVABLE. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL EN LO QUE NOS INTERESA DICE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que obra a foja 70 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes, mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de ellas realizara manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; así como del instrumento normativo aprobado por dicho Pleno, el diez de abril del citado año; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Catalina López Reyes, solicitó la protección constitucional, contra la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 1907/21-27-01-5 de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veinte de abril de dos mil veintitrés, este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para las consideraciones y para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo federal 1939/21-27-01-2. b) Emita otra en la que respecto al incremento de la cuota diaria de pensión, defina cómo es que deben realizarse los incrementos a la actora Catalina López Reyes, atendiendo a su fecha de jubilación, dieciséis de octubre de dos mil quince; hecho lo anterior, determine si en el particular, es aplicable o no a dicho concepto, la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis; o bien conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor o el aumento al salario base de los trabajadores en activo, el que le resulte más benéfico.". En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió copias certificadas del acuerdo emitido el ocho de mayo de dos mil veintitrés, así como de la sentencia dictada en esa misma fecha, la cual es materia de estudio en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y del fallo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala responsable: 1. Por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia reclamada, esto es, la emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós (fojas 45-46 de autos) [Cumplimiento del lineamiento marcado en el inciso "a)"]. 2. En su lugar, dictó otra, en la que respecto al incremento de la cuota diaria de pensión, definió cómo se deben calcular los incrementos a la actora Catalina López Reyes, atendiendo a su fecha de jubilación (dieciséis de octubre de dos mil quince), esto es, conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor o a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél, lo que realizó de la siguiente manera [Cumplimiento del lineamiento marcado en el inciso "b)"]: "[.] Ahora bien, conforme a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, es de considerar por esta Sala que los incrementos de la cuota diaria de pensión de la parte actora atendiendo a la fecha en que se jubiló es decir el 16 de octubre de 2015, se debe calcular de conformidad con lo previsto en el artículo 8° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, es decir se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. Por lo que, contrario a lo expuesto por la autoridad demandada en la resolución impugnada la Unidad de Medida y Actualización no puede ser tomada en consideración como parámetro para el incremento de la cuota diaria de pensión del accionante, de ahí lo fundado de los argumentos vertidos por la parte actora". 2.1. Derivado de lo anterior, la responsable declaró la nulidad del oficio impugnado, para los efectos que en seguida se plasman: "Entonces, conforme a lo hasta aquí expuesto, en aplicación del principio de congruencia, con fundamento en los artículos 51, fracción II y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en la ejecutoria que se cumplimenta, lo procedente es declarar la NULIDAD de la resolución contenida en el oficio SP/DPSH/OP/2385/2021 de 4 de agosto de 2021, emitida por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, PARA EL EFECTO de que emita otra resolución debidamente fundada y motivada en la que; 1) Partiendo de la fecha en que se otorgó la pensión a la parte actora (16 de octubre de 2015), puntualice que el artículo aplicable para determinar los porcentajes de incremento lo es el artículo 8° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, por lo que los incrementos de la cuota diaria se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. 2) Explique pormenorizadamente los cálculos correspondientes a los incrementos generados en la pensión de la actora desde su concesión, indicando los porcentajes de aumento y los periodos por los cuales se apliquen, asimismo, deberá detallar fechas, cantidades, conceptos, incrementos y operaciones en que sustente su decisión, conteniendo los documentos utilizados para ello, sólo desde la fecha de la concesión de pensión 16 de octubre de 2015 y hasta que quede firme la presente sentencia. 3) Deberá considerar como el tope de pensión establecido en los artículos 7° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, el equivalente a diez veces Unidad de Medida y Actualización a partir del 27 de enero de 2016, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, mediante el cual se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 4) En caso de resultar conducente, proceda a determinar y pagar a la accionante las diferencias que resulten a su favor derivadas del incremento calculado, así como por lo que hace al incremento proporcional de los aguinaldos correspondientes. 5) Finalmente, las cantidades que pague la autoridad, deberán estar actualizadas conforme al procedimiento que establece el artículo 6°, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto último, porque cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa aplicable que un pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso administrativo) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, éste quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas conforme al procedimiento que establece el artículo 6°, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia a Ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, registro 2020857, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS.". (Se transcribe). Finalmente, cabe puntualizar que al cumplimentar el presente fallo, la autoridad demandada deberá considerar, que el derecho de la parte actora de obtener el pago de las diferencias por concepto de pensión, prescribe de conformidad con lo establecido en los artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el día 31 de marzo de 2007 y 248 de misma Ley vigente a esta fecha, ya que el hecho de que la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y jubilaciones sea imprescriptible, ello no implica que el interesado al acudir en cualquier momento a solicitar el ajuste de mérito, pueda obtener el pago de las diferencias que en su caso resulten, en forma retroactiva desde el otorgamiento de su pensión, sino única y exclusivamente puede obtener las diferencias por lo que hace a los cinco años anteriores a la fecha de presentación de su solicitud ante la autoridad demandada y hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia. Ello, en observancia obligatoria de la Jurisprudencia 2a./J. 23/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN.". (Se transcribe)". Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable cumplió los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196, párrafos, segundo y tercero y 214 de la Ley de Amparo, ordenar el archivo del asunto como total y definitivamente concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que obra a foja 70 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes, mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de ellas realizara manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; así como del instrumento normativo aprobado por dicho Pleno, el diez de abril del citado año; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Catalina López Reyes, solicitó la protección constitucional, contra la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 1907/21-27-01-5 de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veinte de abril de dos mil veintitrés, este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para las consideraciones y para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo federal 1939/21-27-01-2. b) Emita otra en la que respecto al incremento de la cuota diaria de pensión, defina cómo es que deben realizarse los incrementos a la actora Catalina López Reyes, atendiendo a su fecha de jubilación, dieciséis de octubre de dos mil quince; hecho lo anterior, determine si en el particular, es aplicable o no a dicho concepto, la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis; o bien conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor o el aumento al salario base de los trabajadores en activo, el que le resulte más benéfico.". En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió copias certificadas del acuerdo emitido el ocho de mayo de dos mil veintitrés, así como de la sentencia dictada en esa misma fecha, la cual es materia de estudio en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y del fallo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala responsable: 1. Por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia reclamada, esto es, la emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós (fojas 45-46 de autos) [Cumplimiento del lineamiento marcado en el inciso "a)"]. 2. En su lugar, dictó otra, en la que respecto al incremento de la cuota diaria de pensión, definió cómo se deben calcular los incrementos a la actora Catalina López Reyes, atendiendo a su fecha de jubilación (dieciséis de octubre de dos mil quince), esto es, conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor o a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél, lo que realizó de la siguiente manera [Cumplimiento del lineamiento marcado en el inciso "b)"]: "[.] Ahora bien, conforme a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, es de considerar por esta Sala que los incrementos de la cuota diaria de pensión de la parte actora atendiendo a la fecha en que se jubiló es decir el 16 de octubre de 2015, se debe calcular de conformidad con lo previsto en el artículo 8° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, es decir se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. Por lo que, contrario a lo expuesto por la autoridad demandada en la resolución impugnada la Unidad de Medida y Actualización no puede ser tomada en consideración como parámetro para el incremento de la cuota diaria de pensión del accionante, de ahí lo fundado de los argumentos vertidos por la parte actora". 2.1. Derivado de lo anterior, la responsable declaró la nulidad del oficio impugnado, para los efectos que en seguida se plasman: "Entonces, conforme a lo hasta aquí expuesto, en aplicación del principio de congruencia, con fundamento en los artículos 51, fracción II y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en la ejecutoria que se cumplimenta, lo procedente es declarar la NULIDAD de la resolución contenida en el oficio SP/DPSH/OP/2385/2021 de 4 de agosto de 2021, emitida por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, PARA EL EFECTO de que emita otra resolución debidamente fundada y motivada en la que; 1) Partiendo de la fecha en que se otorgó la pensión a la parte actora (16 de octubre de 2015), puntualice que el artículo aplicable para determinar los porcentajes de incremento lo es el artículo 8° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, por lo que los incrementos de la cuota diaria se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. 2) Explique pormenorizadamente los cálculos correspondientes a los incrementos generados en la pensión de la actora desde su concesión, indicando los porcentajes de aumento y los periodos por los cuales se apliquen, asimismo, deberá detallar fechas, cantidades, conceptos, incrementos y operaciones en que sustente su decisión, conteniendo los documentos utilizados para ello, sólo desde la fecha de la concesión de pensión 16 de octubre de 2015 y hasta que quede firme la presente sentencia. 3) Deberá considerar como el tope de pensión establecido en los artículos 7° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, el equivalente a diez veces Unidad de Medida y Actualización a partir del 27 de enero de 2016, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, mediante el cual se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 4) En caso de resultar conducente, proceda a determinar y pagar a la accionante las diferencias que resulten a su favor derivadas del incremento calculado, así como por lo que hace al incremento proporcional de los aguinaldos correspondientes. 5) Finalmente, las cantidades que pague la autoridad, deberán estar actualizadas conforme al procedimiento que establece el artículo 6°, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto último, porque cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa aplicable que un pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso administrativo) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, éste quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas conforme al procedimiento que establece el artículo 6°, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia a Ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, registro 2020857, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS.". (Se transcribe). Finalmente, cabe puntualizar que al cumplimentar el presente fallo, la autoridad demandada deberá considerar, que el derecho de la parte actora de obtener el pago de las diferencias por concepto de pensión, prescribe de conformidad con lo establecido en los artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el día 31 de marzo de 2007 y 248 de misma Ley vigente a esta fecha, ya que el hecho de que la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y jubilaciones sea imprescriptible, ello no implica que el interesado al acudir en cualquier momento a solicitar el ajuste de mérito, pueda obtener el pago de las diferencias que en su caso resulten, en forma retroactiva desde el otorgamiento de su pensión, sino única y exclusivamente puede obtener las diferencias por lo que hace a los cinco años anteriores a la fecha de presentación de su solicitud ante la autoridad demandada y hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia. Ello, en observancia obligatoria de la Jurisprudencia 2a./J. 23/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN.". (Se transcribe)". Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable cumplió los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196, párrafos, segundo y tercero y 214 de la Ley de Amparo, ordenar el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que se practique la notificación encomendada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señaló en su demanda de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento que dice dar la autoridad responsable a la ejecutoria de veinte de abril de dos mil veintitrés, sin que las partes hayan realizado manifestación alguna; en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

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