CATALINA LAZARO DEL ANGEL y Otros.
Expediente 1290/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Catalina Lazaro del Angel
- CATALINA LAZARO DEL ANGEL y Otros.
Actuaciones
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE MESA VI
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo indirecto promovida por Catalina Lázaro del Ángel, Vicente Ramírez del Ángel y Ricardo Ramírez Fernández, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Cuarenta y tres, con residencia en Tampico, Tamaulipas; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1290/2019-VI-B. DESECHAMIENTO En primer término, cabe establecer que a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en observancia a lo dispuesto en la jurisprudencia del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." La notificación de la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los autos de la controversia agraria expediente 241/2005-43 del índice del Tribunal Unitario Agrario con residencia en Tampico, Tamaulipas. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En el caso, se advierte que se actualiza manifiesta e indudablemente de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." La causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. En el presente caso, el acto reclamado consistente en la notificación de la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio agrario, en el expediente 241/2005-43, del índice del Tribunal Unitario Agrario número cuarenta y tres con residencia en Tampico, Tamaulipas; por tanto, la parte quejosa, previo a promover el juicio de amparo indirecto debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, conforme al artículo segundo de esta última, que establece: Artículo 2o.- En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate. ." Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. ." La anterior consideración se apoya en la Jurisprudencia de rubro: "NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY" Consecuentemente, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, previamente es menester agotar el recurso en comento, pues se trata de medio ordinario de impugnación establecido en la legislación agraria. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de garantías, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del rubro: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA." De igual forma resulta aplicable a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia del rubro: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO." En tal virtud, si los promoventes estiman ilegal la falta de notificación personal, se encontraban obligados a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías mediante, a través del cual pudieron obtener su invalidación. Sólo resta decir que los actos que reclaman los promoventes, no se ubican en el capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque: - No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia del rubro: "REVOCACIÓN. ES EL RECURSO PROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN JUICIO SUMARIO, QUE NO SON APELABLES." A mayor abundamiento, desde la perspectiva de este órgano de control constitucional, el medio de defensa correspondiente no requiere alguna interpretación adicional ni su fundamento legal se estima insuficiente para determinar su procedencia en la especie. En efecto, no debe perderse de vista que los quejosos adquieren la responsabilidad, en defensa de sus intereses, de vigilar su debida prosecución, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarles, como se dijo, a través del recurso de revocación promovido contra aquellas actuaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron. Lo anterior es así, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, como ocurre en la especie, incumple con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1654 , del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 175974, de rubro "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES." En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Apoya tal determinación la Jurisprudencia del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." . REPRESENTANTE COMÚN En virtud de que el presente juicio de amparo fue promovido por Catalina Lázaro del Ángel, Vicente Ramírez del Ángel y Ricardo Ramírez Fernández; con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, éste órgano jurisdiccional designa como representante común de la parte quejosa a Catalina Lázaro del Ángel, esto sin perjuicio que con posterioridad los quejosos, en caso de estimarlo conveniente, puedan substituir dicha designación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rolando Antonio Ríos Guajardo y Elías Pérez Mateos, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
MESA VI.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE CATALINA LÁZARO DEL ÁNGEL, VICENTE RAMÍREZ DEL ÁNGEL Y RICARDO RAMÍREZ FERNÁNDEZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE:-- Visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de dos de diciembre del año en curso, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Respecto al documento exhibido por la parte quejosa en el presente juicio, consistente en la copia certificada del certificado parcelario número 000000548721 (fojas 8-9), al resultar innecesario que permanezca integrado a este expediente, con fundamento en los artículos 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase su devolución a los promoventes o cualesquiera de sus autorizados del documento aludido, apercibidos que de no comparecer a este Juzgado a recogerlos, podrán ser destruidos junto con el expediente, de conformidad con lo dispuesto en los puntos Décimo Primero, párrafo último, Vigésimo primero, párrafo primero y Vigésimo Segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal.
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