Catalina Guiza Rodríguez

Expediente 502/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
502/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Catalina Guiza Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución que decretó el sobreseimiento por cesación de efectos en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el artículo 21 del citado acuerdo, llévese a cabo la destrucción del expediente antes mencionado. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio con folio 8420 que remite el secretario de Finanzas de Gobierno del estado, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado informa que el veintisiete de agosto de dos mil veinte, se remitió al entonces Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el documento mercantil a favor de la quejosa Catalina Guiza Rodríguez, por la cantidad neta de $345,551.00 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Por otra parte, glósese al expediente en que se actúa la promoción con folio 8554, signada por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, mediante la cual informa que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la quejosa compareció ante el extinto Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con la finalidad de recibir el documento mercantil número 0000884, por la cantidad de $345,551.00, que fuera depositado a su favor por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, y al efecto remite copias certificadas del oficio PF/1285/2020, así como de la comparecencia relativa y credencial de elector de la quejosa. Ahora bien, el suscrito advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la quejosa reclama el incumplimiento del oficio número TCA/968/2019 de siete de mayo de dos mil diecinueve, girado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dentro del cual le informa que dentro de los autos del expediente 604/2016, promovido por Catalina Guiza Rodríguez en contra del Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, se observa que la parte demandada no ha dado cabal cumplimiento con el pago de la cantidad a la que fue condenada en el laudo dictado en el citado juicio el fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, la cual asciende a un monto total de $ 345,551.00 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.). Sin embargo, el secretario de Finanzas de Gobierno del estado, con el oficio de cuenta informó que el veintisiete de agosto de dos mil veinte, se remitió al entonces Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el documento mercantil a favor de la quejosa Catalina Guiza Rodríguez, por la cantidad neta de $345,551.00 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, comunicó que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la quejosa compareció ante el extinto Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con la finalidad de recibir el documento mercantil número 0000884, por la cantidad de $345,551.00, que fuera depositado a su favor por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, y al efecto remitió copias certificadas del oficio PF/1285/2020, así como de la comparecencia relativa y credencial de elector de la quejosa; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Por tanto, al haberse entregado a la promovente del amparo el cheque número 0000884, por la cantidad de $345,551.00 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), misma que constituyó el acto reclamado en el presente asunto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De ahí que, la posible afectación causada a la quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al habérsele entregado el cheque exhibido por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado de Zacatecas, en cumplimiento al laudo emitido en el expediente laboral 604/2016, pues no es factible que el acto reclamado pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para nueve horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. ...

  3. Principal

    EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio con folio 8420 que remite el secretario de Finanzas de Gobierno del estado, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado informa que el veintisiete de agosto de dos mil veinte, se remitió al entonces Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el documento mercantil a favor de la quejosa Catalina Guiza Rodríguez, por la cantidad neta de $345,551.00 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Por otra parte, glósese al expediente en que se actúa la promoción con folio 8554, signada por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, mediante la cual informa que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la quejosa compareció ante el extinto Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con la finalidad de recibir el documento mercantil número 0000884, por la cantidad de $345,551.00, que fuera depositado a su favor por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, y al efecto remite copias certificadas del oficio PF/1285/2020, así como de la comparecencia relativa y credencial de elector de la quejosa. Ahora bien, el suscrito advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la quejosa reclama el incumplimiento del oficio número TCA/968/2019 de siete de mayo de dos mil diecinueve, girado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dentro del cual le informa que dentro de los autos del expediente 604/2016, promovido por Catalina Guiza Rodríguez en contra del Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, se observa que la parte demandada no ha dado cabal cumplimiento con el pago de la cantidad a la que fue condenada en el laudo dictado en el citado juicio el fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, la cual asciende a un monto total de $ 345,551.00 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.). Sin embargo, el secretario de Finanzas de Gobierno del estado, con el oficio de cuenta informó que el veintisiete de agosto de dos mil veinte, se remitió al entonces Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el documento mercantil a favor de la quejosa Catalina Guiza Rodríguez, por la cantidad neta de $345,551.00 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, comunicó que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la quejosa compareció ante el extinto Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con la finalidad de recibir el documento mercantil número 0000884, por la cantidad de $345,551.00, que fuera depositado a su favor por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, y al efecto remitió copias certificadas del oficio PF/1285/2020, así como de la comparecencia relativa y credencial de elector de la quejosa; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Por tanto, al haberse entregado a la promovente del amparo el cheque número 0000884, por la cantidad de $345,551.00 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), misma que constituyó el acto reclamado en el presente asunto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De ahí que, la posible afectación causada a la quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al habérsele entregado el cheque exhibido por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado de Zacatecas, en cumplimiento al laudo emitido en el expediente laboral 604/2016, pues no es factible que el acto reclamado pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para nueve horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. ...

  4. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable secretario de Finanzas de Gobierno del estado, con su informe justificado, entre otras constancias remitió copia certificada del oficio PF/2349/2019, mediante el cual, el Subprocurador Fiscal de esa Secretaría Gobierno informó a la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y arbitraje del estado, en relación a la solicitud del descuento de las cantidades de $345,551.00, de las participaciones que le correspondan al municipio demandado; no era posible realizar la afectación de las participaciones al Municipio, toda vez que, no contaba con ingresos adicionales para hacer frente a compromisos de esta naturaleza, asimismo, no contaba con ingresos suficientes para cubrir sus gastos de operación, lo que conllevaba a generar una inestabilidad financiera e incrementar sudéficit, además a esa fecha el Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, adeudaba al Gobierno del Estado un monto que supera los cinco millones de pesos, y no era posible que se le descontara en una sola exhibición cantidad mayor de las participaciones de las que ya se encontraban asignadas. Motivo por el cual, se ofreció que la cantidad a descontar, se parcializara en seis exhibiciones mensuales, por lo que, solicitó se diera vista a la partes, para que manifestaran si estaban conformes con la propuesta de pago que realiza esa dependencia. Por lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a las mencionadas autoridades para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, informen qué se acordó en relación a la propuesta realizada por el Subprocurador Fiscal de esa Secretaría Gobierno, y al efecto remitan copias certificadas de las constancias respectivas; toda vez que se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el auto admisorio de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINITIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. ...

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