Catalina Guadalupe Armenta Salgado

Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
121/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Catalina Guadalupe Armenta Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, enviado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, mediante el cual comunica que se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por este juzgado el vía de incompetencia relativo al juicio de amparo 121/2021-1A, promovido por ***********, del índice de este juzgado, registrándolo con el número 75/2021. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, al no ubicarse en las hipótesis previstas por el artículo 15, esto es, que no se distingue que guarde relación con delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia; contra el ambiente y la gestión ambiental; no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; no versó sobre materia agraria, aunado a que al prudente arbitrio de quien califica, el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Por lo tanto, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se declaró incompetente, en virtud de los razonamientos expresados en las líneas que preceden. En consecuencia, una vez cumplido el plazo de tres años indicado en artículo 21 invocado, dentro de los treinta días posteriores, deberá ser destruido el presente sumario constitucional y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto a la Dirección General de Archivo y Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, se instruye al Secretario encargado del asunto, que previo a la destrucción física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa; a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, del multicitado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por *********, regístrese por su orden en el Libro de Gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 121/2021-1A. INCOMPETENCIA Ahora bien, la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: [...] Por su parte el artículo 37 de la ley de amparo, previene: [...] De la interpretación literal del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo sometidos a su consideración; reglas que se puntualizan a continuación: [...] Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados o analizados a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por analogía la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que lleva por rubro siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama esencialmente la omisión del pago oportuno y puntual de la pensión mensual que tiene derecho a recibir como prestación en dinero a cargo de las autoridades pertenecientes al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con motivo de su derecho fundamental a la pensión, así como el incumplimiento reiterado y constante en el pago oportuno y puntual de la misma, violación en el que se ha incurrido en los últimos meses. En ese sentido, de las documentales que la quejosa acompañó su escrito de demanda, en particular de su talón de pago y de la copia de la identificación oficial expedidos a su nombre, puede advertirse que los actos reclamados tienen ejecución material en la ciudad de Ensenada, Baja California, pues es ahí donde tienen su domicilio, así como es el lugar donde recibe su pago. Sin que obste a lo anterior, el hecho que se reclame en esta vía un "acto omisivo", es decir, una abstención de actuar por parte de las autoridades responsable; empero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", sostuvo que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En ese sentido, los artículos 12 y 13 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así como el manual para la elaboración y pago de la nómina de pensionados y jubilados, impone a dicho Instituto la obligación de realizar el pago mensual de la pensión a los jubilados, los dos últimos días de cada mes y en el lugar de residencia del pensionado. Así, dicha omisión constituye un acto negativo con efectos positivos, pues se erige en actos de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, un riesgo inminente a la seguridad social, de la que deriva el deber de recibir una pensión en tiempo y forma; así como el derecho al mínimo vital, que se entiende como el respeto a las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida digna, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. En otras palabras, durante el tiempo en que persista la conducta omisiva o bien, no reciba su pensión, el quejoso carece de los medios para la plena satisfacción de sus necesidades básicas, por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde las omisiones reclamadas sean ejecutables materialmente. En consecuencia, debe considerarse legalmente competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio de la parte quejosa, por ser aquél donde tendrá ejecución el acto reclamado, estando intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que cobra y disfruta la prestación económica que recibe como beneficio por razón de pago de su pensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito2, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO... Por lo expuesto y tomando en consideración que conforme al precepto 48 de la propia ley y de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo de que otro deba conocer, debe declararse incompetente de plano y ordena remitir los autos originales al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en Turno. En este contexto, se coparte por razón jurídica substancial la tesis PC.V. J/9 K (10a.) del Pleno del Quinto Circuito3, cuyo contenido es el siguiente: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO... or tanto, se procede a remitir la presente demanda, así como sus anexos y copias, a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito, con residencia en Ensenada, Baja California, previo cuaderno de antecedentes de las citadas constancias que se forme; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que precisa en su escrito de demanda; por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las profesionistas que indica en el mismo, y para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el mismo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES En términos del ordinal 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a la partes, para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a fin de establecer el contacto para comunicaciones no procesales, en caso de que se estime necesario en el presente juicio; además, se exhorta para el efecto de que continúen la sustanciación del presente sumario constitucional, mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que las partes puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES LIBROS DE GOBIERNOS Y CAPTURA EN EL SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Por último, no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, registro 200158, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." NOTIFÍQUESE.

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