Catalina González Zagal
Expediente 863/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Catalina González Zagal
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Catalina González Zagal, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por .....por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Libro de Gobierno bajo el número 863/2016-II-G, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Asimismo, el numeral en comento dispone que para desechar una demanda de amparo no basta que la juzgadora haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Orienta a lo anterior, la tesis XV.2o.2 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En el caso, esta juzgadora advierte que la demanda en estudio resulta notoriamente improcedente, en virtud de que el escrito que se presentó vía electrónica como demanda de amparo, carece de firma electrónica certificada (FIREL), por la quejosa Catalina González Zagal, quien es la persona física que promueve por propio derecho según se advierte del escrito de demanda que se provee. En principio, es pertinente acotar, que de conformidad con el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2013, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) Y AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO, LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, es de conocimiento general, las diversas regulaciones que establecen las bases de la firma y del expediente electrónico que se ponen a disposición de los justiciables por el Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se determina que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción, para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. (CONSIDERANDO DÉCIMO DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2013). También, dentro del citado acuerdo, en su CAPÍTULO SEGUNDO de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), Artículo 3, establece que dicha firma, es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), entre otras promociones y consultas; además en su Artículo 5, señala que todas las demandas, promociones, recurso y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Ahora, es importante resaltar el contenido del artículo 6, del ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2013, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo.". Del artículo en comento, se advierte que en el caso de las demandas de amparo presentadas vía electrónica, por personas físicas, podrán en efecto utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho; y las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Así, tenemos que de conformidad con las normativas en estudio, en la actualidad se han implementado diversas regulaciones que establecen las bases de la firma electrónica (FIREL), que se pone a disposición de los justiciables por el Poder Judicial de la Federación, la cual será el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción, para enviar y presentar demandas de amparo, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa; sin embargo, la misma deberá ir firmada por el peticionario de ampro mediante el uso de la FIREL, y/o en su caso de por quien o quienes legalmente lo represente; lo que en el caso no aconteció, pues si bien en dicha demanda aparece una firma electrónica, de la misma se advierte que no corresponde a la peticionaria de amparo sino a persona diversa. Lo anterior, toda vez que de la demanda de amparo vía electrónica, se aprecia la evidencia criptográfica - transacción, archivo firmado: 09170010000000000000060555.p7m, autoridad certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal, lo que evidencia que la firma electrónica corresponde a una diversa persona a la impetrante de amparo, pues aparece a nombre de Reynaldo Sotelo Virto, quien, si bien figura como autorizado de la quejosa y tener registrada su firma electrónica (FIREL), también lo es, que de la demanda de amparo y de las constancias anexas a la misma, no se advierte que tenga el carácter de apoderado o representante legal de la promovente, así como que éste promueva en su nombre y representación. Por lo anterior, es de señalar que, se actualiza de manera patente y cierta, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, coligado con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. (...)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (. . .)" De la interpretación a lo trascrito se obtiene que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de garantías no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6° de la ley de la materia, de acuerdo con el cual, el juicio de garantías sólo es procedente si es promovido por la persona a quien perjudique la ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que se reclame, o en ciertos casos, a través de su representante, por su defensor, algún pariente e inclusive, por persona extraña, siempre que la ley de la materia así lo permita. De tal suerte que al carecer de firma electrónica el escrito de demanda de garantías, por parte de la promovente Catalina González Zagal, misma que se presentó vía electrónica, no acredita ante este órgano jurisdiccional ser quien promueve la instancia de amparo, en contravención a lo dispuesto en el referido artículo 3 y 6 de la Ley de Amparo, así como el artículo 6 del ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2013, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma, una formalidad esencial de cualquier acto jurídico que debe constar por escrito y actualmente a través de la firma electrónica certificada (FIREL), la cual como ya se analizó, producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico para promover un medio de defensa. Ahora bien, es de conocido derecho que el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de instancia de parte agraviada, el cual se materializa en el referido artículo 6° de la Ley de Amparo, y que conlleva como exigencia para la procedencia de aquél, que el gobernado que se cree afectado en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien promueva el mismo, debiendo cumplir con requisitos formales tales como lo es el presentar el escrito de mérito firmado aun vía electrónica, ya que en caso de no hacerlo así, el documento relativo carecería de la voluntad de quien lo presenta, siendo requisito necesario que contenga firma de quien promueve, lo que en la especie no ocurre, de ahí que se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia en estudio. Máxime, que dicha circunstancia no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues nada impide a la quejosa presentar su demanda por escrito con firma autógrafa, ante la imposibilidad jurídica y material de hacerlo electrónicamente. Tiene aplicación a lo anterior por su contenido la tesis XIX.1º.A.C.2 K (10ª.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, página 3485, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SE PRESENTA MEDIANTE EL USO DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA DISTINTA DE LA REGULADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (FIREL), AQUÉLLA NO PUEDE TENER EL EFECTO DE SER EQUIVALENTE A LA AUTÓGRAFA, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. De los artículos 2o., 3o. y 175 de la Ley de Amparo se advierte que en el juicio de amparo es posible presentar la demanda correspondiente con el uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo directo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada en los tribunales ordinarios; sin embargo, la condicionaron a la suscripción de un convenio entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo locales y a que: a) Aquél proporcione al órgano respectivo los programas informáticos necesarios; b) Los tribunales referidos reconozcan a la FIREL como el principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos; y, c) La Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y el tribunal respectivo, emitan una declaratoria al respecto, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Periódico Oficial de la entidad política correspondiente. Por tanto, si quien se considere agraviado con alguna sentencia que admita amparo directo, presenta su demanda mediante una firma electrónica distinta de la denominada FIREL, aquélla no puede tener el efecto de ser equivalente a la autógrafa para la procedencia del juicio, aun cuando la autoridad responsable certifique su recepción, ya que aceptar ese acto como válido, implicaría analizar los requisitos de admisibilidad de un juicio federal a la luz de normas y mecanismos locales inaplicables. Esta circunstancia no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues nada impide a los particulares presentar su demanda por escrito, ante la imposibilidad jurídica y material de hacerlo electrónicamente.". De igual forma, resulta aplicable al caso concreto la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". De igual manera, es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII de la misma ley, en relación con el artículo 6o. del propio ordenamiento." En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías intentada por Catalina González Zagal; ello en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 6° de la propia ley de la materia. De igual forma, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Domingo Abarca Villa y Reynaldo Sotelo Virto, por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a Daysi Guadarrama Quintana, Richard García Cano y Rosa Sotelo Virto, en términos del numeral 12 de la ley de la Materia, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, en virtud de que no se encontraron en el sistema mencionado y para imponerse de los autos a Laura Yazmín Jaimes Beltrán, por así haberlos solicitado expresamente en el ocurso que se provee. Además, en términos del artículo 89 del acuerdo general antes citado, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y digitalícese oportunamente y de manera legible las constancias del presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la ley de amparo. Finalmente, se otorga a las partes el acceso al presente expediente electrónico en términos de los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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