CATALINA GARCÍA ESCOBEDO y Otros.
Expediente 781/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/11/2019
Partes del expediente
- CATALINA GARCÍA ESCOBEDO y Otros.
- EFRÉN SALCEDO GONZÁLEZ y Otros.
- Efrén Salcedo González
- Catalina García Escobedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tepic, Nayarit, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias de autos y certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "***)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 89 a 102), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los Catalina García Escobedo y Efren Salcedo González, respecto del proceso legislativo relativo al ordinal 22, fracciones I y XVIII, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, así como del acto de aplicación vinculado con dichos preceptos, atribuidos a las autoridades denominadas Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Congreso del Estado de Nayarit y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, todas con sede en esta ciudad. Inconforme con lo anterior, el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de dicha secretaría, interpuso recurso de revisión contra dicha determinación; el que, por razón de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el consecutivo 364/2019, de su índice; el cual se desechó el veintinueve de agosto del año que cursa (fojas 142 a 161). Así, en auto de doce de septiembre de este año (fojas 162 a 164) se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días, siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: "1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la impresión del formato y recibo de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en favor del aquí quejoso. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a los quejosos lo que pagaron por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, cantidades que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales. Devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. En la inteligencia de que dicha cantidad debía estar debidamente actualizada En atención a lo anterior, mediante diversos comunicados se tuvo al recaudador responsable informando diversas gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de autos, así hasta que por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de octubre de este año (fojas 174 a 178) la delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve realizó la entrega de los cheques número 0001512 y 0001513 por la cantidad de $7,457.77 (siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con setenta y siete centavos 77/100 moneda nacional), cada uno, a los quejosos Catalina García Escobedo y Efrén Salcedo González, cantidad que en su momento erogaron los solicitantes de amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y al efecto remitió los acuses de recibo respectivos (fojas 175 a 178). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $16,524.51 (dieciséis mil quinientos veinticuatro pesos con cincuenta y un centavos 51/100 moneda nacional) por los siguientes conceptos: No. Concepto Cantidad 1 INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO $6,690.00 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN $152.00 2 INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO $3,416.38 POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIER CLASE $613.00 3 FOM. EDUCACIÓN $2,717.84 4 ASIST. SOCIAL $1,630.70 5 U.A.N. $1,304.56 TOTAL $16,524.51 Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar las diversas sumas de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. De igual manera, no fueron materia del presente juicio los conceptos identificados como "cancelación de inscripción" y "por el registro de poderes de cualquier clase", por la cantidad de $152.00 (ciento cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y $613.00 (seiscientos trece pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, así como los impuestos adicionales de dichas cantidades, esto es, por el primero $79.04 (setenta y nueve pesos con cuatro centavos 04/100 moneda nacional) y por el segundo $318.76 (trescientos dieciocho pesos con setenta y seis centavos 76/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $14,791.71 (catorce mil setecientos noventa y un pesos con setenta y un centavos 71/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veinte de marzo de dos mil diecinueve y la entrega de los cheques por los que se reintegró la suma en comento se realizó el diecisiete de octubre del año en curso; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al mes de octubre, ambos de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero entre el índice para el de septiembre del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve, aun no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues dicha devolución se llevó a cabo el catorce de octubre de este año (fojas 175 a 178) por lo que es evidente que al momento en que se realizó el pago referido todavía no se publicaba el citado índice; entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de septiembre de la presente anualidad. Ahora, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de septiembre de la anualidad que cursa de 103.942; en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 1.00837. Consecuentemente, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la suma de $14,915.54 (catorce mil novecientos quince pesos con cincuenta y cuatro centavos 54/100 moneda nacional). En suma, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el recaudador responsable devolvió a la parte quejosa dos cheques por la cantidad de $7,457.77 (siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con setenta y siete centavos 77/100 moneda nacional), cada uno, que suman la cantidad $14,915.54 (catorce mil novecientos quince pesos con cincuenta y cuatro centavos 54/100 moneda nacional) por motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y la actualización correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tepic, Nayarit, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias de autos y certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "***)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 89 a 102), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los Catalina García Escobedo y Efren Salcedo González, respecto del proceso legislativo relativo al ordinal 22, fracciones I y XVIII, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, así como del acto de aplicación vinculado con dichos preceptos, atribuidos a las autoridades denominadas Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Congreso del Estado de Nayarit y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, todas con sede en esta ciudad. Inconforme con lo anterior, el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de dicha secretaría, interpuso recurso de revisión contra dicha determinación; el que, por razón de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el consecutivo 364/2019, de su índice; el cual se desechó el veintinueve de agosto del año que cursa (fojas 142 a 161). Así, en auto de doce de septiembre de este año (fojas 162 a 164) se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días, siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: "1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la impresión del formato y recibo de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en favor del aquí quejoso. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a los quejosos lo que pagaron por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, cantidades que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales. Devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. En la inteligencia de que dicha cantidad debía estar debidamente actualizada En atención a lo anterior, mediante diversos comunicados se tuvo al recaudador responsable informando diversas gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de autos, así hasta que por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de octubre de este año (fojas 174 a 178) la delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve realizó la entrega de los cheques número 0001512 y 0001513 por la cantidad de $7,457.77 (siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con setenta y siete centavos 77/100 moneda nacional), cada uno, a los quejosos Catalina García Escobedo y Efrén Salcedo González, cantidad que en su momento erogaron los solicitantes de amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y al efecto remitió los acuses de recibo respectivos (fojas 175 a 178). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $16,524.51 (dieciséis mil quinientos veinticuatro pesos con cincuenta y un centavos 51/100 moneda nacional) por los siguientes conceptos: No. Concepto Cantidad 1 INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO $6,690.00 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN $152.00 2 INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO $3,416.38 POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIER CLASE $613.00 3 FOM. EDUCACIÓN $2,717.84 4 ASIST. SOCIAL $1,630.70 5 U.A.N. $1,304.56 TOTAL $16,524.51 Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar las diversas sumas de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. De igual manera, no fueron materia del presente juicio los conceptos identificados como "cancelación de inscripción" y "por el registro de poderes de cualquier clase", por la cantidad de $152.00 (ciento cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y $613.00 (seiscientos trece pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, así como los impuestos adicionales de dichas cantidades, esto es, por el primero $79.04 (setenta y nueve pesos con cuatro centavos 04/100 moneda nacional) y por el segundo $318.76 (trescientos dieciocho pesos con setenta y seis centavos 76/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $14,791.71 (catorce mil setecientos noventa y un pesos con setenta y un centavos 71/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veinte de marzo de dos mil diecinueve y la entrega de los cheques por los que se reintegró la suma en comento se realizó el diecisiete de octubre del año en curso; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al mes de octubre, ambos de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero entre el índice para el de septiembre del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve, aun no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues dicha devolución se llevó a cabo el catorce de octubre de este año (fojas 175 a 178) por lo que es evidente que al momento en que se realizó el pago referido todavía no se publicaba el citado índice; entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de septiembre de la presente anualidad. Ahora, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de septiembre de la anualidad que cursa de 103.942; en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 1.00837. Consecuentemente, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la suma de $14,915.54 (catorce mil novecientos quince pesos con cincuenta y cuatro centavos 54/100 moneda nacional). En suma, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el recaudador responsable devolvió a la parte quejosa dos cheques por la cantidad de $7,457.77 (siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con setenta y siete centavos 77/100 moneda nacional), cada uno, que suman la cantidad $14,915.54 (catorce mil novecientos quince pesos con cincuenta y cuatro centavos 54/100 moneda nacional) por motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y la actualización correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta suscrito por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, con el fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio informa que el diecisiete de octubre de este año realizó la entrega de los cheques número 0001512 y 0001513 por la cantidad de $7,457.77 (siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con setenta y siete centavos 77/100 moneda nacional), cada uno, a los quejosos Catalina García Escobedo y Efrén Salcedo González, respectivamente, para corroborar lo anterior anexa los originales de los acuses de recibo de dichos títulos nominativos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS ,contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos se advierte que el dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 601 a 603, Tomo II), se tuvo por cumplido al fallo protector en el presente juicio de amparo 1642/2014; sin embargo se reservó proveer lo correspondiente a la inejecución de la sentencia protectora planteada el diecinueve de diciembre del año próximo pasado, hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación interpuesto por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Así, el veinticinco de junio de la presente anualidad (fojas 621 Tomo II), se tuvo por recibida la resolución dictada dentro del recurso de queja laboral 114/2019, interpuesto por el Titular de dicho Tribunal laboral, en contra de la multa impuesta en proveído de diecinueve de diciembre del año próximo pasado (folio 518 y 519), misma que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó improcedente; motivo por el cual, se solicitó a la autoridad responsable informara a este Juzgado, el nombre completo de la persona que al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, ocupó el cargo de Presidente Árbitro del Tribunal de referencia, así como su domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para enviar esa información a la autoridad exactora e hiciera efectivo el cobro de la multa impuesta, sin que a la data lo hubiere hecho. En ese tenor, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que del término de tres días informe lo antes expuesto. Apercibida que en caso de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el numeral 259 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa por el equivalente a ********************. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados ********************, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por otro lado, remítase este sumario constitucional, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva conforme a sus atribuciones lo que en derecho corresponda respecto a la inejecución de la sentencia protectora de amparo. CÚMPLASE.
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