Catalina del Rocio Mata Ramos

Expediente 1182/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1182/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Catalina del Rocio Mata Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido a CATALINA DEL ROCÍO MATA RAMOS, por su propio derecho, no se inconformó con el proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, ambos de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se recibe y se agrega a los autos el escrito de cuenta presentado por EFRAÍN GARCÍA HERNÁNDEZ, autorizado de la parte quejosa, y en atención a lo que pide, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, se autoriza, a su costa, la expedición de copias certificadas de lo que solicita, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos, el ocursante o la persona que autoriza para para tal efecto. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar dicha solicitud, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo promovida por CATALINA DEL ROCÍO MATA RAMOS, por su propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección, contra actos del contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con residencia en Tepic y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1182/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señaló como acto reclamado en esta vía constitucional, la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, publicada en el Periódico Oficial de dicho estado, en particular el artículo 20 fracción II, en relación con los numerales 11, 12, y 13 y demás relativos aplicables, con motivo del primer acto de aplicación que tuvo lugar cuando se efectuó el pago correspondiente a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta Ciudad, a saber, el tres de mayo de dos mil veintidós, tal y como se aprecia tanto de la copia certificada de la impresión del formato de pago expedido por la aludida Secretaría de Administración y Finanzas a nombre de la quejosa CATALINA DEL ROCÍO MATA RAMOS, como del recibo de operación que adjuntó la citada peticionaria del amparo a su demanda de amparo, de cuyo contenido se advierte que pagó la cantidad de $12,677.99 (doce mil seiscientos setenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional), por concepto de DER. POR INSCRIPCIÓN DE DCTO., RESOLUCIONES O TESTIMONIOS NOTARIALES POR LA QUE SE OBTENGA LA POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES; medios de convicción que obran en autos, los cuales hacen prueba plena, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y que resultan suficientes para acreditar el acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales. Establecido lo anterior, se aprecia que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. El artículo trascrito de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se refiere a la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio de amparo y al efecto indica que si el precitado medio de control constitucional no se promueve dentro de los plazos previstos, entonces se entenderá que el acto reclamado fue consentido tácitamente. En virtud de que la indicada fracción XIV del artículo 61 de la Ley de la Materia hace una remisión expresa al capítulo relativo a los plazos judiciales del propio ordenamiento, se impone enseguida transcribirlos para determinar el alcance del primer numeral en mención, lo que se hace de la siguiente forma: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la anterior trascripción, se aprecia que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, estatuyen el plazo genérico para la interposición del juicio de amparo, a saber de quince días, así como que dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución reclamada, al en que haya tenido conocimiento o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo o bien de su ejecución. De igual forma, refieren los supuestos de que se promueva amparo contra leyes autoaplicativas, a diversos supuestos relativos a la materia penal, y diversos relativos a la materia agraria, que en el caso a estudio no resultan aplicables, lo que obliga a tal peticionaria del amparo a sujetarse a los plazos previstos por el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, al lapso de quince días contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución reclamada, haya tenido conocimiento del acto o se haya ostentado como sabedora del mismo. Consecuentemente, se aprecia que la parte quejosa presentó su demanda de amparo el siete de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; esto es, después de los quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se aplicó la ley que tilda de inconstitucional, situación que sin lugar a dudas implica el consentimiento tácito del acto de autoridad que reclama ante esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la tesis I.1o.A.21 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil quinientos veinte, Tomo XXX, octubre de dos mil nueve, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, si la aplicación de la ley cuya inconstitucionalidad reclama tuvo lugar el tres de mayo de dos mil veintidós; resulta inconcuso que el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de la Materia, para presentar la demanda de amparo transcurrió del cuatro al veintiséis de mayo de dos mil veintidós, sin contar los días que correspondieron a sábados, domingos ni al cinco y seis del mismo mes y año, debido a la suspensión de los plazos y términos, y si la demanda, como se vio, fue presentada el siete de julio de dos mil veintidós, es inconcuso que su presentación fue extemporánea; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo. Asimismo, es ilustrativa la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página mil novecientos treinta y uno, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se DESECHA de PLANO la demanda de amparo promovida por CATALINA DEL ROCÍO MATA RAMOS, por su manifiesta e indudable improcedencia. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto.

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