Catalina del Carmen López Ambrosio

Expediente 162/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
162/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Catalina del Carmen López Ambrosio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En atención a lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de depuración; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. d) Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 162/2022 y su acumulado 254/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número 32 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez; que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: ÚNICO.- La negativa de la autoridad laboral a dictar el laudo correspondiente. Toda vez que desde finales del año dos mil dieciocho, se desahogaron todas la pruebas dentro del juicio laboral ******************** y a la fecha han transcurrido más de un año en que la responsable debió de haberlo resuelto dentro del expediente ********************, notificándolo a las partes, como a la fecha no lo ha hecho, viola en mi perjuicio el derecho humano a una impartición de justicia expedita, completa e imparcial, emitiendo sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, derivado de lo cual y ante la evidente paralización del juicio laboral referido, me veo en la necesidad de recurrir al amparo de la justicia federal, para que se restablezca la garantía de constitucionalidad que se vulnera en mi perjuicio por parte de la responsable." Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, quien la admitió en auto de once de febrero de dos mil veintidós, bajo el número de expediente 162/2022; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, emplazó a los terceros interesados y se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. TERCERO. Incompetencia. Por diverso escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, ********************, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número 32 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez; que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: ÚNICO.- La negativa de la autoridad laboral a dictar el laudo correspondiente. Toda vez que el desahogo de la última prueba admitida a la actora se llevó a cabo el día veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, además de que las pruebas admitidas a la demandada antes de esta fecha ya se habían desahogado en su totalidad y a la fecha han transcurrido más de cuatro meses, en que la responsable debió haber dictado el laudo dentro del expediente ********************, notificándolo a las partes, como a la fecha no lo ha hecho, viola en mi perjuicio el derecho humano a una impartición de justicia expedita, completa e imparcial, emitiendo sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, derivado de lo cual y ante la evidente paralización del juicio laboral referido, me veo en la necesidad de recurrir al amparo de la justicia federal, para que se restablezca la garantía de constitucionalidad que se vulnera en mi perjuicio por parte de la responsable." Expediente que por turno le tocó conocer al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en esta población, quien lo radicó asignándole el número 154/2022; en auto de once de febrero de dos mil veintidós, la admitió a trámite, otorgando al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, con la vista del informe justificado rendido por la Junta responsable, al advertir que el acto reclamado en ese juicio deriva del expediente laboral ******************** que fue acumulado al ******************** del índice de la Junta responsable, y del que conoce este Órgano Jurisdiccional en el presente juicio de amparo 162/2022, ordenó remitirlo a este Juzgado para que se acordara lo procedente. CUARTO. Admisión de incompetencia y acumulación. Mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de amparo 154/2022, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, del que al advertir el acto reclamado en aquél juicio deriva del expediente laboral ******************** que fue acumulado al ******************** del índice de la Junta responsable, y del que conoce este Órgano Jurisdiccional en el presente juicio de amparo 162/2022, se aceptó conocer del mismo, radicándolo con el número 254/2022, asimismo, se ordenó su acumulación al citado juicio de amparo 162/2022. En nueve de marzo de este año, con dicha circunstancia se dio vista a las partes, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Al efecto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral ******************** y su acumulado 87/2017, del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número 32 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa toda vez que de su informe se advierte que a la fecha la responsable no ha dictado laudo en el expediente laboral ******************** y su acumulado 87/2017 de su índice. Lo que así se corrobora con las documentales que al efecto anexó a su informe, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo establezca, lo que además es acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, foja 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio. Es infundado el argumento que hace valer la parte quejosa en el capítulo de conceptos de violación de su demanda, relativo a que la Junta responsable, al omitir el dictado del laudo en el juicio de origen, transgrede en su perjuicio el derecho de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo. Expuesto lo anterior, debe tomarse en cuenta que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El aludido precepto constitucional, consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés que se les presenten. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes; de esta manera se puede afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce cuando las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, que son elementos que se introducen en la secuela procedimental, para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad que juzga, para que pronuncie su resolución dentro de un determinado espacio temporal. Así las cosas, de la copia certificada exhibida por la Presidenta de la Junta responsable, la cual ya fue valorada con anterioridad, se advierte que existe la abstención de dictar el laudo en el juicio laboral. Sin embargo, la omisión de dictar laudo, no es un acto inconstitucional en sí mismo; y para tener por demostrada esa inconstitucionalidad, deben ocurrir diversas circunstancias, esto es: Que la quejosa sea parte en el juicio laboral; Requisito que se encuentra acreditado, pues de la constancia remitida por la Junta responsable, se acredita que la aquí quejosa es la parte actora en el expediente de origen. Por lo que respecta a los otros dos requisitos: Que en éste se haya declarado cerrada la instrucción, y se hayan turnado los autos a proyecto de resolución; y, Que la junta responsable haya omitido dictar el fallo dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. No se acreditan como se expondrá enseguida. Por su parte, los artículos 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. ." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. ." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que haya concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado ser hará constar en acta." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnara el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." La interpretación de los transcritos artículos conduce a determinar, que en términos de la Ley Federal del Trabajo vigente, una vez cerrada la instrucción, el auxiliar dentro de los diez días siguientes debe formular por escrito el proyecto de laudo, del que entregará una copia a cada uno de los integrantes de la Junta, a efecto de que estos dentro de lo cinco días siguientes a dicha recepción, en su caso soliciten el desahogo de las diligencias que estimen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; que una vez transcurrido el término de cinco días posteriores a la entrega del proyecto de laudo, o en su caso, desahogadas las diligencias que se hubieran solicitado, y dentro del término de diez días, los integrantes de la junta serán citados para la discusión y votación del proyecto referido; de ser aprobado éste sin adiciones ni modificaciones, será elevado a la categoría de laudo y será firmado de inmediato por los miembros de la Junta, y para el caso de haber modificaciones o adiciones, el secretario de inmediato redactará el laudo de acuerdo con lo aprobado. En el caso, la autoridad responsable en su informe indicó que si bien en el expediente laboral ******************** no se ha dictado el laudo, no obstante que en seis de diciembre de dos mil dieciocho, se cerró la instrucción en dicho expediente, ello obedece a que al citado expediente se acumuló el expediente laboral ******************** de su índice, en el cual aún se encuentran pendientes pruebas por desahogar, como así se advierte de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, específicamente de la diligencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, relativa al expediente laboral ********************, de la que se advierte, existe pendiente por desahogar la prueba pericial en vía de objeciones, ya que señaló el veinticuatro de marzo del año en curso, para que el perito oficial por parte de esa Junta rinda su dictamen respectivo, por tanto, no se ha cerrado la instrucción. De lo expuesto se colige que no se encuentran satisfechos los dos restantes requisitos mencionados, pues no se exhibió prueba alguna que acredite que se haya cerrado la instrucción en el expediente laboral ********************, por el contrario, con las documentales remitidas por la responsable se advierte, se encuentra pendiente el desahogo de pruebas, por lo que dicho juicio no se encuentra en un estado que amerite formular el proyecto de resolución y por ende, tampoco dictarse el laudo. En esa tesitura, se declara infundada la alegación vertida por la parte quejosa, porque como quedó de manifiesto, es cierto que no se ha dictado laudo en el juicio de origen; sin embargo, ello no es un acto inconstitucional en sí mismo, y dado que aún no existe cierre de instrucción, no ha comenzado a transcurrir el término que la Junta responsable tiene para emitir su fallo; por lo que no existe trasgresión a los derechos fundamentales de la parte promovente. Ilustra a lo anterior, por los motivos que la forman, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 304, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997. Materia Laboral, Novena Época, del tenor literal siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa ********************. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo en expediente laboral ******************** y su acumulado 87/2017, atribuido a la Junta Especial Número 32 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, por las razones que quedaron precisadas en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, por medio del cual transcribe el proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de antecedentes relativo al juicio 154/2022 de su índice; de cuyo contenido se desprende, en auto de cuatro de marzo actual, dicho Juzgado ordenó la remisión del citado juicio de amparo 154/2022, por conocimiento previo a este Órgano Jurisdiccional, así también, de los autos se advierte la acumulación del juicio de amparo 254/2022 del índice de este Juzgado (formado con el diverso juicio 154/2022 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca), al presente juicio de amparo 162/2022; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintidós. Del estado de los autos se advierte, en proveído de cuatro de marzo actual, se agregó el informe justificado de la autoridad responsable Presidenta por ministerio de Ley de la Junta Especial Número 32 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Ahora bien, de conformidad con la certificación de la secretaría se advierte, en auto de ocho de marzo actual, se decretó la acumulación del juicio de amparo 254/2022, del índice de este órgano Jurisdiccional, al presente juicio de amparo 162/2022; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha circunstancia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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