Catalina del Carmen Delgado Durán

Expediente 116/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
116/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Catalina del Carmen Delgado Durán

Actuaciones

  1. Principal

    En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a/J.63/2015 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro digital 2010089, publicada el dos de octubre de dos mil quince, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente depurable en un plazo de tres años, toda vez que se trata de un juicio de amparo en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, por tanto, se procede a calificar este expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.1.1, 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como susceptible de DEPURACIÓN. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente, al ser depurable, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez transcurrido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, así como la sentencia que puso fin al juicio, y el proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 3. Original del incidente de suspensión es destruible en un plazo de tres años. Por otra parte y, en virtud que en el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente, así como el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, deberán ser DESTRUIDOS una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Expediente destruible en un plazo de seis meses. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el original, por lo que una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir el duplicado del cuaderno incidental y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención. Protección de datos. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO ENNCURSO QUE EN SINTESIS DICE: con fundamento en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA. Por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DOS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, dos de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo promovida en contra del acto que atribuye al Juez Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y otras autoridades. Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno bajo el expediente 116/2022-III-B. Sin embargo, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor publicado el dos de abril de dos mil trece. Ahora bien, en la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley", en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal. En la especie, del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado consiste en acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, en el que se ordena llevar a cabo la ejecución de la sentencia dictada en el expediente en cita, consistente en la entrega material del bien inmueble. De ahí, que se tenga que el acto reclamado en esta vía constitucional resulte un acto dictado después de concluido el juicio de origen, precisamente en la fase de ejecución de sentencia, además que no concurren ninguna de las dos hipótesis en las que procede el juicio de amparo indirecto en el procedimiento de ejecución de sentencia, esto es, no se trata de un acto que goce de autonomía propia, ni de la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución. Las consideraciones anteriores sirven de sustento para estimar, que en el caso se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, puesto que el acto reclamado en esta vía constitucional, en la medida en que se expuso, no constituye la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia. De lo anterior, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda de cuenta, es manifiesto, pues del contenido de la misma se advierte que el acto reclamado no es la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución del juicio de origen. Además, es indudable, puesto que esa circunstancia no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia del juicio constitucional. Notifíquese personalmente.

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