Catalina de Jesús Díaz y/o Dias Ulloa

Expediente 70/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
70/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2017

Partes del expediente

  • Catalina de Jesús Díaz y/o Dias Ulloa

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, siete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese

  2. Principal

    ... Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA; ASIMISMO POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza y da fe, licenciado Pedro Francisco Luna González, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que la promoción que generó el presente acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE DEL AMPARO, LA RESOLUCION DE TRECE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de febrero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través de la Secretaria Auxiliar de Amparos, por el que remite copia certificada de constancias relativas al expediente J/O/***/2007, de su índice, promovido por ***. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar su escrito de catorce de noviembre del año dos mil dieciséis, en el que solicita se dé cumplimiento a lo ordenado por la propia Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en las resoluciones interlocutorias emitidas el cuatro de diciembre de dos mil quince y diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el expediente J/O/***/2007. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. . De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dar contestación al escrito de catorce de noviembre del año dos mil dieciséis, en el que solicita se dé cumplimiento a lo ordenado en las resoluciones interlocutorias dictadas el cuatro de diciembre de dos mil quince y diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el expediente J/O/***/2007. Al rendir informe justificado la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de dos de febrero del año en curso, dictado en el expediente laboral J/O/766/2007, donde dio contestación al escrito de catorce de noviembre del año dos mil dieciséis y ordenó se dictara nueva resolución de la audiencia de remate de primera almoneda de fecha diecinueve de junio de dos mil quince debidamente fundada y motivada. Lo expuesto permite evidenciar que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo dio contestación a la petición formulada mediante escrito de catorce de noviembre del año dos mil dieciséis, en el expediente J/O/***/2007; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión de dar contestación al escrito de catorce de noviembre del año dos mil dieciséis, en el que solicita se dé cumplimiento a lo ordenado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en las resoluciones interlocutorias emitidas el cuatro de diciembre de dos mil quince y diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el expediente J/O/***/2007, lo que en el caso se subsana con el proveído dictado por la autoridad. De ese modo, se concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistentes en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dar contestación al escrito de catorce de noviembre del año dos mil dieciséis, en que solicita se dé cumplimiento a lo ordenado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en las resoluciones interlocutorias emitidas el cuatro de diciembre de dos mil quince y diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el expediente J/O/***/2007, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. . Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA; ASIMISMO POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y CÚMPLASE

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DICINUEVE DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de quien se ostenta como RAMÓN GÓMEZ ORTEGA; de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE ESCRITO DE DEMANDA FIRMAS DEL ESCRITO DE CUENTA Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de la misma persona, por lo que no hay forma de saber si es voluntad del peticionario de amparo de interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. En esa medida, no se tiene la certeza de que fue su voluntad presentar el escrito, pues las firmas que contiene el ocurso de cuenta son notoriamente distintas a la que aparece al calce del escrito inicial de demanda. A efecto de estar en posibilidades de proveer lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo número dos mil seiscientos cuarenta y uno (2641), Edificio A, Planta Baja, Palacio de Justicia Federal, Colonia Las Palmas de esta ciudad, con identificación oficial vigente y manifieste si ratifica o no la firma que calza el escrito de cuenta e indique si la reconoce como suya, apercibido que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia número doscientos cincuenta y ocho, visible en la página 174, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la ley de amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la ley de amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. es de importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, Titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza y da fe licenciado Arturo Gómez Castro, a quien además certifica que la promoción que genero el presente acuerdo y el mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe. NMB

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