Catalina Carrillo Ulloa
Expediente 961/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Catalina Carrillo Ulloa
Actuaciones
- Principal
Causa estado, archivo y destruible...
- Principal
Téngase por recibido el escrito aclaratorio, presentado vía electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, signado por Salvador Sánchez Zúñiga en el carácter de asesor particular de Catalina Carrillo Ulloa por el cual da cumplimiento a la prevención realizada en nueve de octubre actual, a través del cual expone bajo protesta decir verdad su calidad de asesor particular dentro de la carpeta de investigación CI-CAR-4490/2017... Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: ******.... Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo presentada por la quejosa, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que destaca como acto reclamado: ".1.- LA DILACIÓN PROCESAL EN INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CI-CAR-4490/2017 2.- LA OMISIÓN DE REALIZAR LAS DIVERSAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN EN LA CARPETA CI-CAR-4490/2017, SIGUIENDO LOS PRECEPTOS NORMATIVOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 3.- LA OMISIÓN DE REALIZAR LA INVESTIGACIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CI-CAR-4490/2017, ya que entre diversas actuaciones que no se han realizado esta, la investigación en el lugar de los hechos, entrevistarse con personas que estuvieron en el día y en el lugar de los hechos, buscar indicios para establecer quien sea el probable responsable de la comisión del delito. 4.- LA ILEGAL DEVOLUCIÓN DEL OBJETO DEL DELITO, consistente en un vehículo de la marca internacional, color blanco, con un rotulo en la parte trasera derecha que decía AUTOTRANSPORTES DE LA CRUZ, S.A. DE C.V., número económico 10 y sin placas de circulación, al cual hasta el presente fecha no se le han realizado todas las diligencias necesarias, en este sentido diversas pruebas periciales, así como tampoco se nos dio aviso de la devolución del mismo, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. 5.- VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES consagradas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 Constitucional apartado C, así como los preceptos establecidos en la CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, mejor conocida como PACTO DE SAN JOSÉ." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Al caso, se configura el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.] "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derecho de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la victima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." De ahí que, la parte quejosa previamente a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa previsto en los artículos 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues la parte disconforme tiene la calidad de víctima u ofendido en la carpeta de investigación CI-CAR-4490/2017, de la cual emana el acto reclamado en esta vía constitucional. Pues reclama medularmente: 1. La dilación procesal de integrar la carpeta de investigación; así como la omisión de allegarse y desahogar los medios de pruebas necesarios para su integración. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018, con número de registro 2017641, Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 945 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido a la letra establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De ahí que, si los actos que reclama la parte quejosa son aquéllos que puede ser agotados a través del recurso correspondiente, entonces debe entenderse, en relación con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que previamente a acudir a éste, debió impugnarse a través del referido medio ordinario de defensa. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. Es aplicable la tesis aislada CCLXXV/2012; emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de catorce de noviembre de dos mil doce, México, Distrito Federal, quince de noviembre de dos mil doce, que a la letra dice: ****... En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución. Sobre la base de lo antes expuesto, LO PROCEDENTE ES DESECHAR LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional...
- Principal
Radicación de la demanda... Análisis de la demanda... Se previene la demanda para que manifieste bajo protesta de decir verdad que tiene el carácter de asesor particular de la directa quejosa *******, en la carpeta de investigación 4490/2017...
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