Catalina Aguilar Zayas
Expediente 270/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Catalina Aguilar Zayas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas o que les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años,???????? contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA SENTENCIA QUE EN SINTESIS DICE: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 270/2020, promovido por ****, contra los actos del 1. Director Responsable de la Clínica Hospital 300700 en Orizaba, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otras autoridades, los que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 8 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de junio de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Director Responsable de la Clínica Hospital Número 300700 en Orizaba, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE), con residencia en Orizaba, Veracruz. Delegado Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad de México. ACTO RECLAMADO: ".4.- LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- La negativa por parte de las autoridades señaladas en el apartado anterior, de suministrar a la suscrita los medicamentos denominados INSULINA GLARGINA y ERITROPOYETINA SOLUCIÓN en los plazos y términos prescritos por médicos de la Clínica Hospital número 300700 en la Ciudad de Orizaba dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo que conculca mi derecho a la salud preceptuada a manera de Derechos Humanos en el artículo 4 de nuestra Carta Magna así como en diversos Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte.". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de once de junio de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio de amparo, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107, 108 y 123 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados carecen de ejecución material y la demanda de amparo se presentó ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: -La negativa de suministrarle los medicamentos denominados insulina glargina y eritropoyetina solución en los plazos y términos prescritos por médicos de la clínica hospital número 300700 en la ciudad de Orizaba, Veracruz, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que sostiene afecta de manera significativa su salud al poner en riesgo su integridad física y su vida. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, 1. Director de la Clínica Hospital Número 300700 en Orizaba, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE), con residencia en Orizaba, Veracruz, y 2. Delegado Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, por conducto del Encargado de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Xalapa, al rendir informe justificado, reconocieron la existencia de los actos reclamados. Por su parte, el 3. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, fue omiso en rendir su informe justificado; sin embargo, de conformidad con los artículos 268 de la Ley del Seguro Social y 66 del Reglamento Interior del referido Instituto, se advierte que cuenta con atribuciones para ejercer las funciones en materia de presupuesto, por lo que la distribución de los recursos que le son asignados, se encuentra directamente relacionada con el abasto y suministro de los medicamentos en todas las unidades médicas de dicho organismo. De ahí que se presuma cierta la omisión que se reclama. CUARTO. Causa de improcedencia. Por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las autoridades responsables, en su informe justificado, invocan la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica de la impetrante de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido substituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En ese entendido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Además, cabe destacar que la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija, lo cual en la especie aconteció. En el caso, el acto reclamado consiste en la negativa de suministrar a la quejosa los medicamentos denominados insulina glargina y eritropoyetina solución en los plazos y términos prescritos por médicos de la clínica hospital número 300700 en la ciudad de Orizaba, Veracruz, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que manifiesta afecta de manera significativa su salud al poner en riesgo su integridad física y su vida. Ahora, las autoridades responsables, 1. Director de la Clínica Hospital Número 300700 en Orizaba, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE), con residencia en Orizaba, Veracruz, y 2. Delegado Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al rendir informe justificado por conducto del Encargado de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Xalapa, reconocieron la existencia de los actos reclamados, y remitieron copia certificada de las recetas médicas de quince de junio de dos mil veinte, con serie números ***** y *****, en las que consta la entrega de los mismos a la quejosa *****; documentales que se dejó a vista de la parte quejosa mediante proveído de once de diciembre dos mil veinte, sin que la peticionaria realizara manifestación alguna a efecto desvirtuar su contenido o alcance; por lo que al tratarse de documentos públicos hacen prueba plena de los hechos plasmados por las autoridades, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por mandato del numeral 2° de la Ley de Amparo, al haber sido expedidos por un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones. En tales condiciones, si la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de suministrarle los medicamentos prescritos para su padecimiento, los cuales le fueron entregados el quince de junio de dos mil veinte, entonces, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia citada. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página número 38, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, se cita el contenido que informa la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, tomo XXIII, correspondiente al mes de febrero de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguiente "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de once de junio de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, por tanto, se tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, por los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero, y por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Director de la Unidad de la Clínica Hospital 300-700 de Orizaba, Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de la nota médica de quince de junio de dos mil veinte; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Director de la Unidad de la Clínica Hospital. de Orizaba, Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de las recetas médicas con serie. por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se observa que es omiso en remitir copia certificada de la nota médica de quince de junio de dos mil veinte; en consecuencia, se requiere a la referida autoridad para que de manera INMEDIATA remita dicha constancia, o bien, manifieste si tiene alguna imposibilidad para hacerlo. Apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
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