Cassandra Yaret Manuel Acosta
Expediente 1034/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cassandra Yaret Manuel Acosta
- Cassandra Yaret Manuel Acosta y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado que rinde el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, sin que se haga mayor pronunciamiento en virtud que el mismo se tuvo por recibido vía electrónica el pasado ocho de noviembre. En otro punto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que exhibe consistente en copia certificada del expediente ******************** de su índice; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; con lo anterior, dese vista a las partes. Por otra parte, dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordena formar el tomo I de pruebas, el cual no formará parte del expediente electrónico relativo a este juicio; asimismo, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición cuando lo soliciten. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito que remite *** representante especial de la quejosa menor de edad de iniciales ** y en atención a su contenido se provee: Téngase al representante especial señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** con cédulas profesionales **, por estar debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo, como sus autorizados en términos a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Amparo, a las demás personas que refiere. Por otro lado, como lo solicita, se autoriza el uso del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el referido usuario **, por lo que, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente. Finalmente, respecto al correo electrónico y números telefónicos que señala, únicamente se tomarán como medios de contacto con este órgano jurisdiccional y no como vía para recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se desprende que mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido vía correo electrónico el informe justificado rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca y se indicó que se está a la espera de las constancias que la autoridad refirió envió en apoyo a su informe. Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1034/2023, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********************, en contra de los actos de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la quejosa, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio 277/2023, del índice Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, se decretó a su favor, en forma provisional, la guarda y custodia de su hija ******************** Refiere que permitió que su hija continuara conviviendo con su progenitor José Luis Huerta Lagunes, entregándosela el veintiuno de septiembre del año en curso, pero que al comunicarse con él, el veinticuatro posterior, le dijo que tenía una orden para no entregársela. Asimismo, que desconoce la fecha exacta, pero sabe que el padre de su hija compareció al mencionado juzgado porque él mismo le manifestó vía telefónica el veinticuatro de septiembre del dos mil veintitrés, que tenía una orden del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, para no entregarle a su hija, por lo que acudió con la autoridad responsable para que le fuera proporcionado el expediente y procediera a verificar tal circunstancia, sin poder hacerlo, ya que el expediente lo tenían en firma con la autoridad responsable, por lo que no pudo presentar alguna inconformidad o recurso alguno. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida vía electrónica ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el seis de octubre del año en curso. La quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, y como acto reclamado: El resguardo provisional y/o la guarda y custodia provisional otorgada al señor José Luis Huerta Lagunes, dentro del Juicio de Controversias del Orden Familiar número 277/2023, del índice Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, sin que haya sido revocado el auto de fecha cuatro de agosto del dos mil veintitrés, en el que se le concedió la guarda y custodia en forma provisional de su hija menor hija de iniciales ******************** La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, el nueve de octubre del año en curso donde quedó registrada con el número 1034/2023 y fue admitida el trece de octubre siguiente, previo al cumplimiento de la prevención decretada en auto inicial. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión, donde se negó la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: El resguardo provisional y/o la guarda y custodia provisional otorgada al señor José Luis Huerta Lagunes, dentro del Juicio de Controversias del Orden Familiar número 277/2023, del índice de la responsable, sin que haya sido revocado el auto de fecha cuatro de agosto del dos mil veintitrés, en el que se le concedió la guarda y custodia en forma provisional de su hija menor hija de iniciales ******************** V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe previo, el secretario de acuerdos encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, negó la existencia de los actos reclamados, al indicar que no ha dejado sin efectos el acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, en el que se le concedió la guarda y custodia provisional de su menor hija. Sin embargo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en atención al numeral 2° de la Ley de Amparo, que al rendir la autoridad responsable su informe justificado, informó que en audiencia de dieciocho de octubre del año en curso, celebrada dentro del expediente 277/2023 de su índice, se decretaron cuidados provisionales de la menor de edad iniciales ********************, a favor de su progenitor José Luis Huerta Lagunes, con el propósito de asegurar el bienestar y salud de la nombrada. Por tanto, se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable y se tienen por ciertos los actos reclamados. Ante la certeza de los actos reclamados, procede efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. VI. NEGATIVA DE SUSPENSION DEFINITIVA SOLICITADA Este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de trece de octubre de dos mil veintitrés, donde se negó la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para afirmar la necesidad de negar la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. Como se dijo entonces, en principio cabe destacar que, para establecer la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista solicitud del quejoso. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Los que a continuación se estudian: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse En efecto, para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. Como se indicó en el apartado que antecede, en el expediente de origen existe la audiencia de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en la cual la autoridad responsable decretó cuidados provisionales a favor de José Luis Huerta Lagunes, medida decretada con el propósito de asegurar el bienestar y salud de la menor de edad ********************; de ahí que, en la especie, los efectos y consecuencias del acto reclamado, por su naturaleza, tienen el carácter de positivos, pues se presentan con la imposición de obligaciones al individuo que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades, esto es, implican una acción, una orden, una privación o una molestia. En esas condiciones, por su naturaleza, los actos reclamados son susceptibles de suspenderse, en sus efectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y efectividad que exige la medida cautelar. b) Que exista la solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, examinado en el inciso que antecede, se continúa con el estudio del requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece, que la suspensión se decretará: "cuando la solicite el quejoso". Lo anterior implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, se cumple con el citado requisito, al existir petición expresa de suspensión y además, la solicita quien resulta directamente agraviada con los actos reclamados, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que es madre de la menor y que tiene la custodia de ésta en virtud de la determinación que emitió el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, dentro del Juicio de Controversias del Orden Familiar número 277/2023, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público Luego, en lo atinente al último de los requisitos precisados, esto es, c) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, es importante señalar que, al respecto, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Por su parte, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece en forma enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, los casos en que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público y en los que la negativa de la medida cautelar resulta consecuencia necesaria. Así se tiene que la fracción VIII del artículo 129 de la Ley de amparo establece lo siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; [.]" Tomando en cuenta que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Lo anterior, en el entendido de que el principio de interés superior del menor constituye un elemento interpretativo de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos, por lo que el derecho de un menor contempla el ser atendido con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. En las condiciones apuntadas, debe concluirse que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo a un principio básico: el interés superior del niño. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materia constitucional, página 270, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." Así como, con la tesis 1a. CVIII/2014 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Civil, página 538, del rubro siguiente: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." En esa tesitura, se precisa que los efectos y consecuencias del acto reclamado consisten, esencialmente, en que el juez de origen otorgó la guarda y custodia provisional de ******************** al padre José Luis Huerta Lagunes (aquí tercero interesado), con el propósito de asegurar el bienestar y salud de la menor, después de escuchar al nombrado en las diligencias de veintidós y veintisiete de septiembre del año en curso. En la especie, se estima que el requisito en estudio no se cumple, dado que se encuentra vinculado de manera directa el interés superior de la menor ********************, pues se parte de la premisa que para decretar los cuidados provisionales de dieciocho de octubre del año en curso, el juez señalado como autoridad responsable tuvo elementos que lo hicieron tomar esa decisión en favor de dicha menor de edad, bajo la presunción de legalidad que tienen las resoluciones judiciales. Lo anterior, se corrobora con los informes rendidos por la autoridad responsable, al señalar que José Luis Huerta Lagunes, en comparecencias espontáneas de veintidós y veintisiete de septiembre del año en curso, realizó diversas manifestaciones respecto a las condiciones en que se encontraba la menor; asimismo, en audiencia de dieciocho de octubre del año en curso, celebrada dentro del expediente 277/2023, se decretaron cuidados provisionales de la menor de edad iniciales ********************, a favor de José Luis Huerta Lagunes. En ese contexto, los artículos 429 del Código Civil para el Estado el Oaxaca, así como el 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado el Oaxaca, establecen lo siguiente: Código Civil para el Estado el Oaxaca. "Artículo 429.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quien atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de que no se pongan de acuerdo sobre éste punto, el Juez, teniendo siempre en cuenta los intereses de los hijos, designará a la persona que deba hacerlo. Los hijos habitarán con el ascendiente al que se encargue la custodia. En todo caso, los hijos tienen derecho de convivir con el progenitor que esté separado, para lo cual, en caso de discenso (sic) entre el padre y la madre, el Juez regulará el régimen de visitas y convivencia que mejor atienda a los intereses de los hijos. Para tomar su decisión, deberá oír a los menores." Código de Procedimientos Civiles para el Estado el Oaxaca. "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna." "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento." "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea." De cuyos preceptos se advierte la obligación que tiene el juez familiar de emitir determinaciones urgentes, como lo es el cambio de custodia, cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley; así como velar por el intereses superior del menor en sus determinaciones. Sin que hasta el dictado de la presente resolución, la parte quejosa haya exhibido prueba alguna que desvirtuara la presunción de legalidad con la que se dictaron los cuidados provisionales a favor del padre de la menor involucrada, el pasado dieciocho de octubre. Por tanto, al no contar con mayores constancias en este momento procesal, se presume que la determinación del juez señalado como autoridad responsable fue con el fin de proteger el interés superior de la menor de edad ********************, por lo que de conceder la suspensión definitiva se actuaría contra dicho intereses. En consecuencia, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, con apoyo en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129 fracción VIII, 138 y 139 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********************, por las razones expresadas en el apartado que antecede. NOTIFÍQUESE.
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