Cassandra Herrera Arteaga

Expediente 252/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
252/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Cassandra Herrera Arteaga
  • Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 7804/2023, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con domicilio en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual transcribe el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, en el que declara firme el diverso de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano el recurso de revisión que interpuso la parte quejosa contra la sentencia dictada en este asunto; asimismo, remite el original del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, intégrese al expediente el cuadernillo de antecedentes; acúsese recibo. En tal situación, nada habiendo que cumplimentar, archívense las actuaciones como asunto concluido. .... se determina que el presente expediente es destruible, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, del mismo ordenamiento, al haberse SOBRESEÍDO en el juicio, por lo que se considera sin valor jurídico, y por ende sin relevancia documental. En relación al incidente de suspensión, se establece que este cuaderno es destruible, al haberse negado la suspensión definitiva, conforme al artículo 20, fracción III, del mismo Acuerdo General, por lo que, se considera con valor jurídico; se estima sin relevancia documental; por ende, insértese este acuerdo en dicho incidente. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesario que continúen a disposición de este Juzgado las copias certificadas que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvansele las mismas, para los efectos a que haya lugar

  2. Principal

    Intégrese el oficio 6443/2023, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual transcribe el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, del que se advierte que se desechó de plano el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en este asunto; el cual quedó registrado con el número 303/2023; de lo que queda enterado este Juzgado para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese el escrito firmado por la quejosa Cassandra Herrera Arteaga, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la sentencia dictada en este asunto; en ese contexto, con apoyo en los artículos 80, 81 fracción I inciso e), 82, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; distribúyanse copias del ocurso que se provee y previa constancia de esto último, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Turno, en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para la substanciación del recurso, acompañándole el escrito original de expresión de agravios; en su oportunidad, fórmese el expediente provisional

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por la quejosa Cassandra Herrera Arteaga, mediante el cual refiere que amplía su demanda de amparo. Ahora bien, en el escrito de cuenta, la quejosa amplía su demanda respecto del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad; señalando el siguiente acto reclamado: "a) La abstención u omisión para ejecutar orden en el juicio 985-1/2001, del índice del Juez Tercero de lo Familiar en el juicio incidente de modificación de convenio, (sic) pactamos en convenio de fecha 08 de enero del año 2019, y ratificamos el día 11 de enero del año 2011 y elevado como sentencia definitiva debidamente ejecutoriada, para el cumplimiento y aseguramiento del pago de la pensión alimenticia. " Establecido lo anterior, a efecto de determinar si es procedente la pretensión de la parte quejosa, en cuanto a la admisión de la ampliación de demanda, es importante destacar que el amparo es un medio de control constitucional instituido para proteger a los gobernados que lo soliciten contra los actos de las autoridades que violan sus garantías individuales, cuya tramitación, decisión y ejecución está supeditada a la observancia de actos y formas concatenados entre sí, de modo que la estructura del juicio de amparo guarda particularidades que escapan al examen bajo las perspectivas o lineamientos del sistema de la teoría general del proceso o del derecho procesal clásico, en la medida en que está regulado por normas jurídicas especiales y distintas a las que rigen otros ordenamientos procesales. En esa tesitura, los elementos procesales que constituyen la materia del litigio se integran con los conceptos de violación formulados en el escrito de demanda (y por extensión en el escrito de ampliación), los fundamentos del acto reclamado y los aducidos en el informe con justificación que vincula al órgano jurisdiccional a emitir pronunciamiento sobre las cuestiones debatidas. Ahora bien, el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Del numeral transcrito se desprenden como reglas para la procedencia de la ampliación de demanda las siguientes: 1. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no se hayan rendido los informes justificados. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda. 2. Después de rendidos los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de los informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama. La ampliación, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo previsto en la Ley de Amparo para la demanda principal. 3. Que en ninguno de los supuestos señalados se haya celebrado la audiencia constitucional. De lo anterior se obtiene que la condición fundamental para ejercer la ampliación de la demanda, por regla general, estriba en que no hubieran transcurrido los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, según se trate, a partir de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, y de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional. Ahora bien, la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, de lo expuesto en el escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolverse, siempre que su inclusión se estime indispensable para dar una solución adecuada al conflicto que se le plantea, por lo cual forma parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial. Asimismo, debe tenerse en consideración que los hechos sobrevenidos son aquellos susceptibles de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al presentarse la demanda o al entablarse la litis; por tanto, debe determinarse si el hecho de que se trate se encuentra comprendido en el núcleo de los actos originalmente combatidos, surgido, incluso, de una autoridad distinta a las señaladas como demandadas, a efecto de establecer si efectivamente se trata de un hecho superveniente o de un acto derivado de un hecho nuevo, aun cuando se le atribuyan los mismos vicios de inconstitucionalidad que a los reclamados en la demanda relativa. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ahora bien, en el presente juicio de garantías se advierte que la peticionaria del amparo reclamó en su escrito de demanda y el de su desahogo, esencialmente, el oficio 4745 de ocho de diciembre de dos mil veintiuno girado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con el cual ordenó al Jefe de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la cancelación de la pensión alimenticia provisional decretada en el expediente 406-2/2018 del índice del referido juzgado. Señalando como autoridades responsables al Juez Cuarto de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares y al Jefe de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Por tanto, se advierte que la ampliación de demanda que pretende la referida impetrante de garantías, no tiene relación con el acto reclamado en la demanda de amparo y su desahogo, dentro del juicio de amparo en que se actúa. Por lo cual, en este caso, debe promover un nuevo juicio de amparo y no ampliar la litis inicialmente propuesta, atendiendo básicamente a que se tratan de actos desvinculados entre sí, pues son diversos a los señalados en este juicio de amparo, ya que son actos totalmente independientes uno del otro y no se pueden considerar estrechamente relacionados. Aunado a esto, no estamos en presencia de hechos supervenientes, entendidos como aquéllos susceptibles de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al presentarse la demanda o al entablarse la litis; que pudieran presentarse o advertirse después de rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, sino como se ha señalado en el presente acuerdo, se reclaman actos distintos. En tales condiciones la ampliación es improcedente, pues la quejosa pretende impugnar nuevos actos por considerarlos directamente vinculados con el señalado inicialmente, a los que se atribuyen violaciones específicas e independientes de aquéllas planteadas en la demanda de amparo primigenia. Luego, lo que antecede es revelador de que los actos reclamados en la demanda de amparo como en la ampliación de que se trata, contrario a lo que señala la quejosa, no se encuentran vinculados entre sí, aun cuando guarden cierta relación, pues a cada acto se le atribuyen vicios propios; de modo que se está en presencia de planteamiento de nuevos conceptos vinculados con actos distintos a los reclamados en la demanda de amparo, y respecto de los cuales no es legalmente factible considerar que pudieran formar parte de la litis constitucional ya integrada, sino que debieron ser combatidos a través de un nuevo juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación por analogía y en lo conducente, la tesis aislada I./9o.A.1 K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1283, libro XV, Tomo 2, diciembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, del texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO PRETENDEN IMPUGNARSE NUEVOS ACTOS POR CONSIDERARLOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL SEÑALADO INICIALMENTE, PERO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS. De la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", se colige que la citada figura procede en el amparo indirecto, en los siguientes casos: 1. Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; 2. Cuando se fundamente o motive el acto reclamado en el informe justificado; y, 3. Cuando el quejoso tenga conocimiento, por cualquier medio, de actos de autoridad vinculados con los reclamados, y puede recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia. En ese orden de ideas, dicha ampliación es improcedente cuando pretenden impugnarse nuevos actos por considerarlos directamente vinculados con el señalado inicialmente, pero se reclaman por vicios propios -verbigracia, por encontrarse indebidamente fundados y motivados-, pues es claro que se trata del planteamiento de nuevos conceptos vinculados con actos distintos a los reclamados inicialmente que no pueden formar parte de la litis constitucional pues, aceptar lo contrario, facilitaría innumerables ampliaciones, en perjuicio de la garantía de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio de garantías." Atendiendo a lo reseñado, y toda vez que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos en sesión de 9 de diciembre de 2020, aprobó el punto de acuerdo 104/2020 relativo a la "Interpretación de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales". Una parte considerativa de la determinación señala: "De la justificación de [la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.)] se observa que, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, se debe enviar a la Oficina de Correspondencia Común (OCC) para que se le dé el trámite de una demanda nueva e independiente, ya que sólo puede desecharse ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla. [.] Lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), plantea un cuestionamiento novedoso en cuanto al turno administrativo que debe dársele a una nueva demanda cuyo trámite proviene de una determinación jurisdiccional consistente en que la materia de la ampliación en una demanda de amparo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo. [.] Al respecto, esta Comisión considera que el turno administrativo que corresponde a una nueva demanda proveniente de una determinación de tener por no interpuesta la ampliación es el relacionado. Tal situación se justifica en el hecho de que el último antecedente registrado en la OCC será el del Juez de Distrito que haya determinado que se tiene por no interpuesta la ampliación de la demanda, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En este sentido, es de la mayor relevancia tener presente que el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo señala que procede el recurso de queja en contra de las resoluciones que "admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación". En este sentido, en contra de la determinación a través de la cual se da tratamiento de demanda nueva a una ampliación de la demanda, procede el recurso de queja. En éste, el Tribunal Colegiado correspondiente podrá declarar infundada la pretensión del recurrente pero, si la declara fundada, la jueza o el juez tendrá que dejar insubsistente el auto que ordena el turno de la demanda como asunto nuevo y emitir uno nuevo, en el que tenga por ampliada la demanda. De ser así, conviene que sea el mismo órgano jurisdiccional el que tenga conocimiento de la nueva demanda, con la finalidad de que la misma Litis planteada sea resuelta por la misma juzgadora o juzgador. Aunado a ello, si la demanda nueva se turnara con base en el turno aleatorio, podría ser que una jueza o juez distinto al que tiene el juicio que originalmente se promovió (y que según la quejosa está relacionado con la demanda originaria) se pronuncie sobre la suspensión. Esto podría generar que, sobre la misma materia, hubiera dos pronunciamientos, que pudieran ser discordantes entre sí. Lo anterior es así, independientemente de si los actos reclamados son los mismos o no, pues esa cuestión es un tema de valoración jurisdiccional que corresponde al juzgado del conocimiento o, en su caso, al órgano revisor. En consecuencia, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracción XIII, segundo y tercer párrafos, considera que corresponde al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua el conocimiento del juicio 350/2020, pues es éste el que tiene el último antecedente registrado. [.] Posteriormente, el punto de acuerdo concluyó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. El turno administrativo que corresponde a una nueva demanda proveniente de una determinación de tener por no interpuesta la ampliación es el relacionado. SEGUNDO. El último antecedente registrado en la Oficina de Correspondencia Común será el del Juez de Distrito que haya determinado que se tiene por no interpuesta la ampliación de la demanda. TERCERO. Corresponde el conocimiento del amparo [.], al Juzgado [.]. CUARTO. Comuníquese esta determinación por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a los titulares de los órganos jurisdiccionales involucrados, a los Titulares de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información, a las Oficinas de Correspondencia Común que dan servicio a los mencionados órganos, para los efectos conducentes." QUINTO. Comuníquese la presente determinación mediante circular a todos los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación." En consecuencia, remítase el referido escrito de ampliación de demanda que se provee a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que por su conducto sea enviada al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guerrero, residente en la ciudad, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, señalado en líneas que anteceden, lo remita al órgano jurisdiccional que corresponda, previa copia simple del mismo que se deje en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

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