Casiviani Salinas Lima y Otros.

Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
833/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Casiviani Salinas Lima y Otros.
  • Jose Salinas Lima

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que los quejosos Casiviani Salinas Lima y José Salinas Lima, no interpusieron recurso de queja, contra el proveído de siete de noviembre del presente año, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Ahora bien, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), este expediente es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese electrónicamente.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós Se tiene por recibido y se ordena agregar a sus autos el libelo de cuenta signado por **y ** contra actos del Juez de Control en lo Penal, con residencia en El Espinal, Oaxaca, y otras autoridades. ANOTACIONES Fórmese expediente y anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 833/2022 V-B, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial y de ampliación a fin de determinar si colman los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a). Del Congreso de la Unión, el Decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, particularmente el artículo 319, párrafo segundo, aplicado por vía de los incisos marcados con las letras c y d de los actos reclamados. b). Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del Decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, particularmente el artículo 319, párrafo segundo, aplicado por vía de los incisos marcados con las letras c y d de los actos reclamados. c). Del Fiscal de la Agencia del Ministerio Público de Juchitán, Oaxaca, el acto de aplicación del segundo párrafo del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la continuación de la investigación y posterior solicitud de audiencia de formulación de imputación contra los quejosos, recepcionado por el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán, Oaxaca, el veintisiete de septiembre del año en curso, bajo la carpeta de investigación número 27844/IS/JUCHITAN/2019 y con numero de causa penal 374/2022 por el delito de despojo. d). Del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán, Oaxaca, el acto de aplicación del segundo párrafo del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en el señalamiento e 29/09/23 16:53:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.cd CAROLINA LIMA JORGE hora y fecha para el verificativo de la audiencia de formulación de imputación (doce horas del diez de noviembre del presente año), por el delito de despojo. Ahora, atinente al acto consistente en la integración y trámite de una carpeta de investigación seguida en su contra, lo cual culminó con la solicitud de audiencia de incial, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que, entre otros requisitos, la procedencia del juicio de amparo necesita de la emisión de algún acto de autoridad o bien que incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales y las prerrogativas constitucionales del gobernado, lo que implica necesariamente, que el proceder del órgano de gobierno para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de agraviar jurídicamente a los gobernados, lo que de no actualizarse en el caso concreto es evidente que acarreará la improcedencia del juicio de amparo. 29/09/23 16:53:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.cd CAROLINA LIMA JORGE ??????????????? Lo anterior es así ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación de los promoventes, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones; así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho; de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, la Primera Sala del referido Tribunal, consideró que, la reforma del artículo 107, de nuestra Constitución, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; así como que, no obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Así, el quejoso en el juicio de amparo, debe ser aquel quien resiente en su esfera jurídica un acto lesivo. Bajo esa perspectiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tanto la integración, averiguación (actos de investigación), consignación o determinación de una investigación ministerial, no son actos que hasta ese momento irroguen perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, y por ende, no son susceptibles de violar derechos fundamentales, siendo en todo caso la consideración que adopte la autoridad judicial que conozca de la consignación, la que materializaría perjuicios a la parte impetrante, y por tanto, la que puede ser susceptible de combatir a través del juicio biinstancial. 29/09/23 16:53:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.cd CAROLINA LIMA JORGE Ahora, si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación actúa, como autoridad, en atención a que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, así como la emisión de la resolución que dé lugar a la judicialización de dicha carpeta, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado. Lo anterior patentiza que el acto destacado como reclamado no afecta los derechos humanos de los promoventes, ya que el inicio de una carpeta de investigación con motivo de una denuncia, así como los actos de investigación, en sí mismos, no constituyen acciones que invadan o vulneren su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juzgador que llegue a conocer de la carpeta de investigación; de manera que, como se ha establecido, tales actos no les causa un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, así como propiamente los actos tendentes a la averiguación de los delitos, entre otras, cuestiones de orden público. En ese sentido, es indudable que los actos relativos al trámite de la investigación inicial por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante el juicio de amparo indirecto, porque no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse ante el Juez de Control. Entonces, la sola integración de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica de los quejosos, máxime que en el caso, no se está frente actos que pueden desarrollarse dentro de la aludida integración que comprometan algún derecho humano. Ello es así, pues el acto materia de estudio es una actuación tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico de los quejosos, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de Derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. 29/09/23 16:53:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.cd CAROLINA LIMA JORGE ??????????????? En el actual sistema procesal de corte acusatorio la investigación se divide en fases, dentro de la cual la solicitud de la fiscalía para la celebración de audiencia inicial es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, adquieren el carácter de actos de autoridad pero de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación de la representación social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no puede considerarse como generadora de afectación al interés jurídico del quejoso, pues no existe en tal sentido ningún derecho particular que pueda ser oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico estado democrático de derecho. Al respecto, en lo conducente y por las razones que la conforman, resulta aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, en materia Penal, de la Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Igualmente, resulta aplicable la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), dictada por la Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, visible a página 1947, libro 48, noviembre de 2017, tomo II, en materia Común y Penal, de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la 29/09/23 16:53:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.cd CAROLINA LIMA JORGE Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." También resulta aplicable la diversa tesis XXVII.3o.47 P (10a.), pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, publicada en la página 1959, libro 48, noviembre de 2017, tomo III, en materias Común y Penal, de la Décima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda 29/09/23 16:53:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.cd CAROLINA LIMA JORGE ??????????????? suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, es evidente que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente. Sirve de apoyo la tesis II.2o.P.51 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que 29/09/23 16:53:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.cd CAROLINA LIMA JORGE en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja penal 343/2018, en sesión de nueve de agosto de dos mil diecinueve, lo cual se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Brinda sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, página 10, registro 2017123, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 29/09/23 16:53:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.cd CAROLINA LIMA JORGE ??????????????? disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En diverso aspecto, por lo que hace al acto consistente en la citación a audiencia inicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones 29/09/23 16:53:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.cd CAROLINA LIMA JORGE cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo. (.)" Asimismo, el numeral 141, fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I.Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, [...]" La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del agente del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse la comparecencia forzosa del investigado, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De acuerdo con lo anterior, se advierte que si los quejosos reclaman la orden de citación a la audiencia incial, se está en presencia de un acto judicial que no afecta la libertad personal de los agraviados, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que en su caso se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. En ese orden, la orden de citación a audiencia inicial, no constituye un acto que implique una imposible reparación, en virtud de que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, pues no tiene por objeto privar de la libertad a los aquí quejosos, ni siquiera temporalmente, toda vez que, como lo establece el artículo 141 del Código Nacional adjetivo penal, podrá ordenarse la presentación a través de la fuerza pública, únicamente en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna. En efecto, el acto reclamado por los impetrantes de amparo no transgrede de manera cierta, directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales, sino que sus efectos son de naturaleza eminentemente formal o procesal, susceptibles de ser reparados con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, con lo cual, desaparecería "sin dejar ninguna huella" en la esfera jurídica de los promoventes, por lo que, no se está en presencia de un acto que tenga ejecución irreparable. Tiene sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 78/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, Tomo I, Diciembre 2018, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo" De ahí que, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación que debe ser impugnado a través del juicio de amparo; pues dicho acto como tal no afecta la libertad personal de los quejosos, al tratarse únicamente de la comunicación del Juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desahogo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se rige en su contra y se formulará la imputación respectiva, en la cual, podrán o no ser vinculados a proceso. Similares consideraciones rigen por lo que respecta a la constitucionalidad del artículo 319, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, ya que el acto de aplicación del cual hacen pender su constitucionalidad parte de actos respecto de los cuales la demanda de amparo se desecha, razón por la cual no se pueda desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, pues es precisamente dicho acto el que les causaría perjuicio. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el diverso 5, fracción I, 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción IV, todos ellos de la Ley de Amparo; en términos del artículo 113, de la citada ley, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. REPRESENTANTE COMÚN Ahora bien, con fundamento en el arábigo 13 de la Ley de la materia, téngaseles nombrando a ***, como representante común dentro del presente juicio. AUTORIZADO Téngase señalando como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan García Jiménez, quien tiene reconocida su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, y por autorizados en términos simples a que alude el artículo último párrafo del citado numeral la Ley de Amparo a las personas que señala en su demanda. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el nombre de usuario "Lic.Juan1585", se encuentra relacionado al correo electrónico garcia_lex15@hotmail.com, por tanto, como lo solicita, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, se autorizan las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto, al referido usuario. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el actuario tenga a bien notificar por tal medio la totalidad de las resoluciones que se dicten en este expediente, sin ulterior pronunciamiento. 29Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Notifíquese

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