Casimiro Vazquez Basaves

Expediente 1672/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1672/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos.
  • Casimiro Vazquez Basaves

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado de los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa por auto de seis de agosto de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede al estudio de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. [.] V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima CUMPLIDA la ejecutoria de amparo, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia amparadora. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. [.] VII. Asimismo, se destaca que en el presente juicio de amparo no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado; así como, no existe tomo de pruebas por separado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. QSJA

  2. Principal

    MESA VII.-...se tiene por recibido el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en Matera de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual acusa recibo y comunica que ha ordenado la diligenciación del exhorto ***********, deducido del presente asunto, por el que se solicitó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplazara al tercero interesado ************. De lo anterior, queda enterada la suscrita juzgadora para los efectos legales a que haya lugar. CSH

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito de Lizette García Vázquez, quien se ostenta como apoderada legal de Casimiro Vázquez Basaves, mediante el cual subsana la prevención formulada en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que realiza las aclaraciones y manifestaciones que considera pertinentes. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III de la Constitución Federal, 37, 107, fracción V y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. En términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de la Materia, dese al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde, y, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable; quien deberá rendirlo en el término de quince días, apercibida que en caso de no hacerlo, o lo haga sin remitir, en su caso copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, u omita referirse a la representación que aduce la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta ley; se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha unidad es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, constituye delito el hecho de que al rendir informe exprese un hecho falso o niegue la verdad. Se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. De igual manera, informe si la promovente tiene el carácter con el que se ostenta, esto es como apoderada legal de Casimiro Vázquez Basaves, y de ser así remita las constancias que lo acrediten. En el caso, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, equivalente a $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha unidad es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 251 de la ley de la materia. Así también, requiérase a la responsable para que, junto con su informe justificado, señale si la parte quejosa o alguna otra persona han promovido diverso juicio de amparo dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. Sin que en el caso haya lugar a emplazar a la parte tercero interesada, toda vez que, como se desprende de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el escrito aclaratorio de demanda, aún no ha sido emplazada en el juicio natural; por tanto, no tiene afectación alguna en su esfera jurídica o en sus derechos, que puedan defender en este juicio de amparo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 67/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, Materia Común, Número de Registro 167160, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Cabe señalar que la jurisprudencia antes mencionada, conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basa en la interpretación de los artículos 5º, fracción III, inciso a) y 167 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al de los numerales 5º, fracción III, inciso b) y 176, de la Ley de Amparo vigente. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Del mismo modo, se previene a la parte quejosa que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en la demanda, se tendrá por inexistente, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación, lo anterior como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, primera parte, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable. Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a presentar, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo que el juzgador está obligado a comunicarles de manera personal; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que en esos casos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Iliana Fabricia Contreras Perales, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de la Secretaria Ana María Jiménez Rivera, que autoriza y da fe.

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