Casimiro Varguez Pech
Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eustaquio Cen Yah
- Casimiro Varguez Pech
- Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán
- Virgilio Emilio Canul
- Eustaquio Cen Yah y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se agrega a este expediente para que obre como corresponda el oficio del Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con el que acusa recibo del diverso oficio 939/2022, de las copias certificadas del expediente laboral 92/2007 y del acuerdo dictado en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA II. Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada en este asunto, se sobreseyó en este juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no obre en autos la constancia de notificación de la sentencia de mérito, respecto del tercero interesado Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, toda vez que considerando el sentido en que se resolvió este asunto, con el dictado de este auto no se le vulnera derecho alguno. Por otra parte, se ordena devolver al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, autoridad responsable, las copias certificadas del expediente laboral 92/2007, que en su oportunidad remitió, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 87/2021-II, promovido por Eustaquio Cen Yah, Casimiro Várguez Pech, Margarita Dzul Hoil, María Angélica Ek Cardeña, Virgilio Emilio Canul, Juana Gabriela Uicab Mex en su carácter de beneficiaria y cónyuge supérstite del trabajador quien en vida se llamó Cecilio Isidro Couoh Pech, Jesús Emanuel Canche May y Lourdes Guadalupe Canché May, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por estimarlos violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Eustaquio Cen Yah, Casimiro Várguez Pech, Margarita Dzul Hoil, María Angélica Ek Cardeña, Virgilio Emilio Canul, Juana Gabriela Uicab Mex en su carácter de beneficiaria y cónyuge supérstite del trabajador quien en vida se llamó Cecilio Isidro Couoh Pech, Jesús Emanuel Canche May y Lourdes Guadalupe Canché May, solicitaron el amparo y protección contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en razón del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto omisivo a una autoridad con residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que de la lectura integra de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable en esencia el siguiente acto: La omisión de proveer en relación a la solicitud de dictar el auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio 92/2007 del índice de la autoridad responsable, solicitada mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Tercero. Actos Existentes. Al rendir su informe justificado, el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por ministerio de ley, en ausencia de su titular, negó la existencia de los actos que se reclaman, no obstante, del contenido de dicho informe se advierte la existencia de los mismos, por lo tanto se tienen por existentes, lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias adjuntas, que por ser instrumentos públicos se les concede pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en términos de su numeral 2; por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable. Cuarto. Causal de improcedencia advertida de oficio. En cuanto al acto reclamado, este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes; sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo, no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, por lo que debe atenderse al escrito que se presentó ante la responsable. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte en esencia que la parte quejosa reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, la falta de acuerdo a su escrito presentado ante su potestad el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual solicitó se dicte el auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio 92/2007 de su índice. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable que obran en los presentes autos, a las que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio laboral 92/2007, en atención al escrito presentado por la parte actora el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante auto dictado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la responsable se pronunció en relación al requerimiento de pago relativo al laudo solicitado por la parte actora, realizó la actualización de las cantidades correspondientes en relación a dicho laudo, requirió al cabildo del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán (parte demandada), a fin de que a su vez solicite al Congreso del Estado, una partida extraordinaria en su presupuesto para poder cubrir la cantidad en relación al laudo emitido en el juicio laboral antes citado, y en caso de no ser aprobado lo anterior, presenten ante la responsable un programa de cumplimiento de pago, así como ésta hizo efectivo un apercibimiento e impuso una multa a la citada demandada, girando el oficio correspondiente a la autoridad competente para hacer efectiva la misma, proveído que fue notificado a la parte actora, aquí quejosa, el tres de febrero del año en curso. Lo anterior con posteridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el quince de enero de dos mil veintiuno, por lo que cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en el que la autoridad responsable emitió el auto referido en el párrafo que antecede; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la conducta omisiva que se impugnó, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Resta señalar que no debe perderse de vista que la parte quejosa refirió en su demanda de amparo que en el juicio de origen, la responsable había sido omisa en proveer respecto de lo solicitado en su escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte; por tanto, este asunto debe resolverse con base en la función del acto reclamado y la etapa procedimental en la cual se encuentra el juicio de origen; de ahí que si a la fecha ya se emitió el acuerdo en atención al escrito en cuestión, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia en estudio. Tiene aplicación al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro I, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, Registro 2005151, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Eustaquio Cen Yah, Casimiro Várguez Pech, Margarita Dzul Hoil, María Angélica Ek Cardeña, Virgilio Emilio Canul, Juana Gabriela Uicab Mex en su carácter de beneficiaria y cónyuge supérstite del trabajador quien en vida se llamó Cecilio Isidro Couoh Pech, Jesús Emanuel Canche May y Lourdes Guadalupe Canché May, en contra del acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
MESA II. AUDIENCIA LEVANTADA.
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