Casimiro Mendez Jimenez

Expediente 1136/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1136/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Casimiro Mendez Jimenez

Actuaciones

  1. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, Base Silao de la Victoria, mediante la cual rinde su informe previo, en ese sentido, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para que se impongan del contenido del informe, sin perjuicio de hacer relación de este en la audiencia respectiva. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, quien se ostenta como defensor particular de los imputados ***** y *****, dentro de la causa penal ***** contra actos que reclama del Juez de Control en Materia de Oralidad Penal de la II Región con base en la ciudad de Silao, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1136/2023. ACUMULACIÓN DE AUTOS De la certificación de cuenta se aprecia que en este mismo juzgado de Distrito, se encuentra en trámite el juicio de amparo indirecto 1113/2023, promovido por ***** como defensor particular de *****, en el cual se reclama: La medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta por el Juez de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato con sede en Irapuato, base Silao, en audiencia para debatir medidas cautelares de ocho de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal *****, y su ejecución. Luego, en el presente juicio 1113/2023, ***** y *****, coacusados en esa causa penal, a través de su defensor particular, también acuden a reclamar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta por el citado Juez, en audiencia para debatir medidas cautelares de ocho de octubre de dos mil veintitrés en el mismo proceso penal. Es decir, en ambas demandas se reclaman los mismos actos, derivados del mismo juicio penal; por tanto, al existir identidad del acto reclamado y la autoridad a la que se lo atribuyen, dada la conexidad de las demandas, debe decretarse de oficio la acumulación del más reciente al más antiguo, esto es, acumular el juicio 1136/20023 al 1113/2023, de conformidad con los artículos 34 al 39 y 74 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Esto, porque el objetivo primordial de la acumulación de autos es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo en donde se reclama el mismo acto o actos que guarden estrecha relación y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias. Tal figura procesal consiste en la fusión de dos o más juicios promovidos en distintos momentos, pero vinculados entre sí por existir entre éstos las coincidencias previstas por la ley, sea con relación a las partes, o bien, en la materia de la litis, que se justifica porque mediante ella se logran dos propósitos: a) Evitar que dos o más sentencias diferentes resuelvan una misma cuestión de diverso modo, es decir, prevenir la emisión de sentencias contradictorias sobre un mismo caso en particular, lo que traería graves consecuencias al momento de cumplimentarlas; y b) Cumplir con el principio de economía procesal, en cuanto al manejo de recursos del Estado, ya que, en lugar de seguirse varios juicios por separado, con notorio desgaste de insumos humanos y materiales, se tramitaría uno solo con evidente economía de gastos, incluso de tiempo. Sobre esa base, si bien la figura de la acumulación de juicios no se encuentra prevista en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el máximo tribunal del país abordó el tema de su regulación al sustentar la contradicción de tesis 27/2015, de la que derivaron las jurisprudencias de rubros: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL" y "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES", siendo la primera aplicable en el caso en estudio. Sentado lo anterior, siguiendo el procedimiento previsto en el criterio de rubro "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL" y, con base en las anteriores premisas es que procede resolver de plano, la acumulación del juicios 1136/2023 al diverso 1113/2023, por ser el más antiguo. Por tanto, todas las comunicaciones para los juicios de amparo 1136/2023, deberán dirigirse al 1113/2023 (y su ahora acumulado 1136/2023) del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta localidad. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. ADMISIÓN DE LA DEMANDA En ese orden, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan a su desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan a este juzgado conocer de la presente demanda de amparo, por tanto, SE ADMITE. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y otorgar la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vía electrónica, con el presente proveído. Asimismo, se autorizan, tanto la consulta electrónica del presente expediente, así como las facultades que permite dicho sistema, en el presente juicio de amparo. Se comunica al representante social que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Sin perjuicio de lo anterior, se deja a su disposición el expediente físico para su consulta. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Fórmese el incidente de suspensión, por así solicitarlo en relación con el acto reclamado consistente en la medida de prisión preventiva justificada. INFORME JUSTIFICADO Se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en un plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que se le notifique este acuerdo y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, para que remita las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo. En el entendido de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a la autoridad responsable que puede proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remitan de manera física. Se les apercibe que de no hacerlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se presumirá la certeza del acto reclamado y le será impuesta MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". REQUIERE CERTIFICACIÓN De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Control en Materia de Oralidad Penal de la II Región con Base en la ciudad de Silao, Guanajuato, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita la certificación en que haga constar si *****, tiene el carácter de defensor particular de los directos quejosos ***** y *****. Se apercibe a la autoridad requerida que de hacer caso omiso a esta solicitud en los términos indicados o no acreditar el impedimento que tuviere, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga. Dependiendo de lo que se informe, en su oportunidad se resolverá sobre la ratificación o no de demanda que prevé el artículo 14, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues será hasta que la autoridad requerida en términos de los párrafos que anteceden informe lo conducente, que se proveerá lo que en derecho corresponda. OBLIGACIÓN DE INFORMAR CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes que, si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán de comunicarlo de inmediato, en términos del numeral 64 de la Ley de Amparo; en el entendido que, de ser omisas en realizarlo, se les impondrá una MULTA DE TREINTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. TERCEROS INTERESADOS Resérvese proveer respecto de la designación de los terceros interesados hasta que se reciban las constancias que remitan las autoridades responsables como sustento de su informe con justificación, pues hasta entonces este juzgado estará en condiciones de verificar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del local de este juzgado, pero por otro lado, en su escrito de cuenta señaló un usuario electrónico para que se le permita la consulta del expediente electrónico. En ese sentido, en atención a que el nombre de usuario se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autorizan las notificaciones y la consulta electrónica del presente expediente, así como las facultades que permite dicho sistema, en el presente juicio de amparo. FALLAS SOBRE EL SISTEMA E INFORMACIÓN SOBRE EL SOPORTE TÉCNICO Se informa a los usuarios que para la resolución de dudas sobre el uso del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, podrán contactarse al Escritorio de Soporte a través del correo electrónico escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx, o bien, comunicarse a los números telefónicos: (55) 5449 9500 extensión 1507. (55) 5647 6050. 800 836 95 25 (Lada sin costo). Por otra parte, en caso de que el Sistema presente fallas técnicas que impidan el envío de documentación y la consulta de las actuaciones judiciales, deberán informar sobre la respectiva problemática en el vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", o bien, de no poder utilizar dicha herramienta, levantar un reporte al correo electrónico: soportejuridicopslpjf@correo.cjf.gob.mx, para que el área correspondiente rinda un informe en que precise la existencia o no de la falla reportada y, de ser el caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó, a efecto de que este juzgado provea lo conducente. De modo que, este juzgado no podrá pronunciarse sobre la existencia de fallas que llegaran a alegar las partes, sin que medie el informe que rinda el área correspondiente, por lo que es obligación del usuario dar aviso a dicha unidad administrativa en los términos señalados en el párrafo que antecede. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento que el expediente físico queda a su disposición para su consulta. Además, se le comunica que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *****, ***** y *****, se les tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de lo asentando en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte promovente proporcionó un número telefónico y un correo electrónico, los cuales constituyen una forma especial y expedita de contacto, por lo que serán considerados para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. No obstante lo anterior, se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. PROMOCIONES O SOLICITUDES QUE SE GREGARÁN SIN MAYOR PROVEÍDO. De igual manera, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. CALIDAD DE DEFENSOR Por otro lado, téngase por recibida la copia certificada de la promoción con número de registro 13356/2023 signada por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, Base Silao de la Victoria, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en el presente juicio e informa que el promovente *****, tiene el carácter de defensor de ***** -aquí quejoso- en la causa penal de origen. Por tanto, de conformidad con el numeral 14 de la Ley de Amparo, se reconoce a ***** el carácter de defensor de *****. Notifíquese; y vía electrónica al fiscal adscrito.

  3. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal con copia simple de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, fórmese en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo, derivado de la demanda de amparo, promovida por *****, quien se ostenta como defensor particular de los imputados ***** y *****, contra actos que reclama del Juez de Control en Materia de Oralidad Penal de la II Región con base en la ciudad de Silao, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INFORME PREVIO Requiérase a la autoridad responsable para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciba el oficio correspondiente, rinda su informe previo, en el que manifieste si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso, las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a las autoridades responsables que pueden proporcionar una cuenta de correo electrónico para establecerlo como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para que la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se les reclama y se impondrá por omisas, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente. Para efecto de lo anterior, remítase a la responsable copia simple de la demanda de amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". AUDIENCIA INCIDENTAL Por otra parte, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR -FIJACIÓN DE LOS ACTOS A PARALIZAR- El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que la quejosa señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicitó la medida cautelar contra los actos privativos o restrictivos que reclama, los cuales hizo consistir en: - La medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta por el Juez de Control en Materia de Oralidad Penal de la II Región con base en la ciudad de Silao, Guanajuato, en audiencia para debatir medidas cautelares de ocho de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal *****. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, salvo que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa desvirtúen su existencia, pues no puede partirse del supuesto de que los actos son ciertos cuando el propio inconforme lo reconoce en los hechos de la demanda; sin que ello prejuzgue sobre su procedencia, pues para tal efecto se deben analizar los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para efectos de la suspensión provisional, el acto en estudio debe tenerse por cierto con base en la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realizan los quejosos en relación con su emisión e inminencia, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, con lo que cualquier afectación sobre sus derechos se presumen ciertos. Ello, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/93 Página: 12 "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, de la demanda se aprecia que los quejosos solicitan la suspensión provisional en contra de los actos reclamados, sin especificar efecto alguno. Con relación a lo anterior, debe destacarse, como se adelantó, los quejosos señalan como acto reclamado la imposición de la medida de prisión preventiva justificada, asimismo, del contenido integral de la demanda se advierte que, a su juicio, la responsable no justificó o no justificó debidamente la citada medida. De ahí que, el pronunciamiento de la presente suspensión versará respecto de la medida impuesta al impetrante. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO. Respecto de los efectos y consecuencias de la medida cautelar impuesta, sí es factible otorgar la suspensión solicitada. Para ello, en primer lugar debe decirse que por su naturaleza el acto resulta paralizable, en virtud de que tiene efectos positivos, que consisten en un hacer de la responsable, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, la ejecución coactiva de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, emitida en la causa penal de origen. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, Materias(s): Constitucional, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". PONDERACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR SOBRE EL INTERÉS SOCIAL Y LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cuando se trate de actos privativos de libertad, la suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar a los quejosos con la ejecución del acto, los últimos deban prevalecer. En mérito de lo anterior, se estima que se satisface dicho requisito con las precisiones que se desarrollarán en esta resolución; pues bajo ciertos lineamientos, con la concesión de la suspensión solicitada no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de ésta y sus consecuencias de los actos en estudio sobre ese derecho humano puesto que recaen en la propia persona de los quejosos, en tanto no se examine la constitucionalidad de tal mandato. Sin que se soslaye que en términos de lo dispuesto en el artículo 128, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por la autoridad judicial, y que en términos de lo dispuesto en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales la prisión preventiva justificada participa de la naturaleza de una medida cautelar. Sin embargo, esa circunstancia es insuficiente para asegurar que debe negarse la suspensión en el juicio de amparo. Lo anterior es así, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 62/2016, estableció que una interpretación al penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, permitía establecer que dicha norma no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos, tratándose de técnicas de investigación y de medidas cautelares en el procedimiento penal por la autoridad judicial; sino que dicha norma tiene que ser leída en consonancia con lo establecido en los artículos 166 y 129 de la propia ley, entendiendo que tal estipulación constituye la regla general al analizar la suspensión respecto de los actos que se impugnen en amparo; por lo que pueden existir excepciones a esa regla general (como la contenida en el numeral 166), siendo al juzgador de amparo a quien le corresponderá analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa, atendiendo a la naturaleza del acto, al interés social y, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de establecer si alguna determinada técnica o incluso alguna medida cautelar puede ser suspendida, y con qué efectos. Aunado a que la determinación de la prisión preventiva es una medida que, en parte, atiende al interés social, desde la perspectiva de que la colectividad está interesada en que respecto de ciertos hechos que la ley señala como delito y/o bajo determinadas circunstancias que se determine ameritan cautela; la persona involucrada como imputado en un procedimiento penal, permanezca privado de su libertad. Siendo que, al menos en principio, se considera que para decretar esa medida de tal gravedad, que afecta el derecho a la libertad personal, se actualizó alguno de esos supuestos de excepción que, además, atienden a normas de orden público dado que salvaguardan derechos colectivos importantes para la vida en común. INTERÉS SUSPENSIONAL -ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO-. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". Se considera que los quejosos demostraron el interés suspensional que tienen para que se les conceda la medida de que se trata con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realizan en el sentido de que les fue impuesta por el Juez de Control en Materia de Oralidad Penal de la II Región con base en la ciudad de Silao, Guanajuato, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro de la causa penal *****; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, por tanto, cualquier afectación sobre sus derechos les afecta. Ahora bien, tratándose de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 36/2023, estableció que, tratándose de la suspensión del acto reclamado en aquellos casos en donde se reclame la prisión preventiva, si bien sus efectos se encuentran tasados, ello es compatible con lo previsto en los artículos 1o., 17 y 107, fracción X, constitucionales, y el diverso 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo cual estimó de esa manera porque el propio artículo 107, fracción X constitucional, establece que los actos reclamados en el amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. De ahí que, bajo una interpretación conforme, el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo no impide que, en tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, el juzgador de amparo aplique los parámetros que respecto de la concesión de la suspensión establece el propio artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, ello en correlación a lo dispuesto en los artículos 138 y 147 de la Ley de Amparo; es decir, determinar si la naturaleza del acto lo permite y ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con el interés social. Por tanto, en el caso debe realizarse una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, a efecto de que en la porción normativa que establece que tratándose de la prisión preventiva justificada, cuando el quejoso se encuentre materialmente detenido, el efecto de la suspensión será el establecido en la fracción I de dicho numeral, esto es, que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiere a su libertad y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; sea leída acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación al 107, fracción X, constitucional, de limitarse al efecto señalado, podría suceder que no represente ningún beneficio y no proteja el derecho humano a la libertad personal. Por ello, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano de amparo debe realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) y analizar si el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), y - La relación del quejoso con ese hecho. En el entendido que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad de los quejosos, dado que ello será decidido por un juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. En tal virtud, a fin de realizar el análisis preliminar del acto respecto del cual se solicita la suspensión -prisión preventiva justificada- se establece que los quejosos solamente precisaron en su escrito de demanda, específicamente, en el tercero de los antecedentes y segundo párrafo en el primer concepto de violación, que el Juez de Control para imponer la medida de prisión preventiva justificada el ocho de octubre de dos mil veintitrés, consideró que se actualizaban los supuestos de la fracción II del artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que si llegaran a ser puestos en libertad podría existir el riesgo de influir para que los coimputados se pudieran comunicar entre sí y que informen falsamente o se comporten de manera reticente al momento de llevar a cabo el juicio, concluyendo que no existía otra medida que permitiera garantizar el desarrollo de la investigación. Por ende, con base en la información proporcionada, de forma preliminar procede analizar la prisión preventiva justificada impuesta a los quejosos, para fines de la concesión de la medida suspensional y sus efectos, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con registro digital 2026999. En primer orden, se advierte que la medida cautelar impuesta a los quejosos fue dictada dentro de la causa penal ***** donde tienen la calidad de imputados, esto es, que se les sigue en su contra, lo que permite arribar a que existen presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y la relación de los impetrantes con ese hecho, aspectos que se advierten colmados con la sola manifestación de los impetrantes. En cuanto a la convencionalidad de la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que tal medida cautelar es convencional, siempre que se emita atendiendo a ciertos criterios relacionados con su justificación, idoneidad y necesidad entre otros, y que en el caso, al tratarse precisamente de una prisión justificada, su sola imposición no debe reputarse como inconvencional, aunado a que con los datos con los que se cuenta hasta ahora, se advierte que para emitir el acto se tomaron en cuenta elementos que, a criterio de la persona juzgadora, justificaron la medida de privación de la libertad, la cual como medida justificada sí es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se consideró que fue adoptada por ser la idónea para cumplir con el fin perseguido a fin de evitar que las personas imputadas obstaculizaran el desarrollo de la investigación. De momento, con los únicos datos que arroja la demanda, ésto es lo que se puede advertir que llevó a imponer la prisión preventiva en forma justificada, sin que existan más datos para constatar con un análisis mayor y más particularizado, lo atinente a la proporcionalidad y necesidad de la medida. Por lo que se concluye, de manera preliminar, que respecto de la medida reclamada y en contra de la cual se solicitó la suspensión, en el caso, es factible que se conceda para los efectos previstos en el artículo 166, párrafo segundo, pues de momento; atendiendo a los alcances del análisis que en esta interlocutoria se realiza, no es factible imprimirle un efecto distinto al que dicho numeral establece. En tales condiciones, se estima que se satisfacen los requisitos señalados en el presente acuerdo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que no se ejecute dicha medida cautelar, reclamada en el juicio de amparo del que emana el presente incidente; ello, desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad de ese mandato. Por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de ese derecho fundamental y los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal. En ese orden con apoyo en los numerales 163 y 166 segundo párrafo, de la ley de la materia, se concede a los incidentistas ***** y *****, la suspensión provisional que solicitan, para el efecto de que queden a disposición de esta autoridad de amparo por lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en que se encuentren recluidos y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento; hasta en tanto las responsables reciban comunicación sobre la suspensión definitiva que se dicte en la presente incidencia. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Con apoyo en el artículo 168 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en caso de resultar ciertos los actos reclamados, proporcionen los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el alcance de la suspensión y monto de la garantía, esto es, informen la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute, si éste es o no grave y las características personales y situación económica de la parte quejosa. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. Notifíquese, vía electrónica al fiscal adscrito.

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