Casimiro Martínez Flores

Expediente 323/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
323/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • Casimiro Martínez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    El once de abril de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro al diez de abril de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintisiete de marzo de los corrientes, dentro del juicio de amparo 323/2017.- DOY FE. En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintisiete de marzo del año en curso por el que se desechó la demanda de derechos promovida por Casimiro Martínez Flores; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2, de la propia ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla

  2. Principal

    El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Casimiro Martínez Flores, registrada con el número de folio 4196 y copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados J. Luis Aparicio de la Torre y Manuel Solís Rodarte cuentan con cédula profesional con números 1065058 y 1768750, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así el pasante de derecho José Luis Aparicio Trujillo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Casimiro Martínez Flores; contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Juez Primero del Ramo Mercantil, ambos con sede en esta ciudad, por considerar que se transgrede en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 323/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: De la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el siguiente acto: "La resolución de fecha primero de marzo del año dos mil diecisiete, dictada dentro del Toca de Apelación número 557/2016, donde se declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la Licenciada Claudia Ivette Ramírez Rosas en su carácter de apoderada legal de Seguros Atlas, S.A. y se establece que el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital es incompetente para seguir conociendo de la secuela procedimental del Juicio Ordinario Mercantil marcado con el número 148/2016 promovido por el suscrito en contra de la persona moral Seguros Atlas S.A. y que debe de seguir conociendo el Juez Competente en la Ciudad de México." Del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas: "La ejecución material del acto." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VIII del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el primero textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción VIII, de la citada ley dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y ." Del numeral en cita, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Es decir, las cuestiones de competencia se dilucidan entre órganos jurisdiccionales sin intervención de las partes y será hasta que se resuelva dicho planteamiento que pueda determinarse si la resolución dictada le irroga o no perjuicio al quejoso. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la resolución en la que se declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria dentro del juicio ordinario mercantil 148/2016 en el que el peticionario de amparo es parte actora; y su ejecución. Así pues, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emite la determinación de incompetencia, es inconcuso que la resolución en la que la Sala responsable determina que el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas es legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio ordinario mercantil 148/2016, y declina competencia al juez residente en la Ciudad de México, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, en virtud de que es un planteamiento en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Además, el acto reclamado no es de ejecución irreparable, pues no afecta materialmente derechos sustantivos, ya que el juez al que se declinó la competencia, aún no se ha pronunciado sobre ésta, pudiendo también estimar que no sea competente, generándose incluso un conflicto competencial entre ambos jueces. De ello se sigue que la resolución reclamada, no es un acto de imposible reparación, al no determinarse aún, en la época de la promoción del amparo, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que asuma la competencia la autoridad a la que se le declinó, o se resuelva, en su caso, el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo. En tales condiciones, debe concluirse que el acto combatido no se encuadra en lo previsto por el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo en vigor: es decir, no puede considerarse de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa al no tratarse de la resolución en la que se acepte la competencia declinada. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por el Casimiro Martínez Flores. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En otro aspecto, como lo solicita el impetrante de amparo, téngase como autorizados para recibir notificaciones en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a J. Luis Aparicio de la Torre y Manuel Solís Rodarte ya que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; únicamente para oír y recibir notificaciones a José Luis Aparicio Trujillo por así haberse solicitado; y, como domicilio para tal fin, el ubicado en calle Segunda Constitución de 1917, número 101 interior 9 (plaza Kristal Zacatecas), colonia Lomas de la Soledad, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla

  3. Principal

    El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Casimiro Martínez Flores, registrada con el número de folio 4196 y copias de ésta que se adjuntan. b) La circunstancia de que los licenciados J. Luis Aparicio de la Torre y Manuel Solís Rodarte cuentan con cédula profesional con números 1065058 y 1768750, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así el pasante de derecho José Luis Aparicio Trujillo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Casimiro Martínez Flores; contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Juez Primero del Ramo Mercantil, ambos con sede en esta ciudad, por considerar que se transgrede en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 323/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: De la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el siguiente acto: "La resolución de fecha primero de marzo del año dos mil diecisiete, dictada dentro del Toca de Apelación número 557/2016, donde se declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la Licenciada Claudia Ivette Ramírez Rosas en su carácter de apoderada legal de Seguros Atlas, S.A. y se establece que el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital es incompetente para seguir conociendo de la secuela procedimental del Juicio Ordinario Mercantil marcado con el número 148/2016 promovido por el suscrito en contra de la persona moral Seguros Atlas S.A. y que debe de seguir conociendo el Juez Competente en la Ciudad de México." Del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas: "La ejecución material del acto." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VIII del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el primero textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción VIII, de la citada ley dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y ." Del numeral en cita, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Es decir, las cuestiones de competencia se dilucidan entre órganos jurisdiccionales sin intervención de las partes y será hasta que se resuelva dicho planteamiento que pueda determinarse si la resolución dictada le irroga o no perjuicio al quejoso. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la resolución en la que se declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria dentro del juicio ordinario mercantil 148/2016 en el que el peticionario de amparo es parte actora; y su ejecución. Así pues, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emite la determinación de incompetencia, es inconcuso que la resolución en la que la Sala responsable determina que el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas es legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio ordinario mercantil 148/2016, y declina competencia al juez residente en la Ciudad de México, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, en virtud de que es un planteamiento en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Además, el acto reclamado no es de ejecución irreparable, pues no afecta materialmente derechos sustantivos, ya que el juez al que se declinó la competencia, aún no se ha pronunciado sobre ésta, pudiendo también estimar que no sea competente, generándose incluso un conflicto competencial entre ambos jueces. De ello se sigue que la resolución reclamada, no es un acto de imposible reparación, al no determinarse aún, en la época de la promoción del amparo, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que asuma la competencia la autoridad a la que se le declinó, o se resuelva, en su caso, el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo. En tales condiciones, debe concluirse que el acto combatido no se encuadra en lo previsto por el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo en vigor: es decir, no puede considerarse de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa al no tratarse de la resolución en la que se acepte la competencia declinada. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por el Casimiro Martínez Flores. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En otro aspecto, como lo solicita el impetrante de amparo, téngase como autorizados para recibir notificaciones en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a J. Luis Aparicio de la Torre y Manuel Solís Rodarte ya que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; únicamente para oír y recibir notificaciones a José Luis Aparicio Trujillo por así haberse solicitado; y, como domicilio para tal fin, el ubicado en calle Segunda Constitución de 1917, número 101 interior 9 (plaza Kristal Zacatecas), colonia Lomas de la Soledad, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Casimiro Martínez Flores, registrada con el número de folio 4196 y copias de ésta que se adjuntan. b) La circunstancia de que los licenciados J. Luis Aparicio de la Torre y Manuel Solís Rodarte cuentan con cédula profesional con números 1065058 y 1768750, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así el pasante de derecho José Luis Aparicio Trujillo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Casimiro Martínez Flores; contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Juez Primero del Ramo Mercantil, ambos con sede en esta ciudad, por considerar que se transgrede en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 323/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: De la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el siguiente acto: "La resolución de fecha primero de marzo del año dos mil diecisiete, dictada dentro del Toca de Apelación número 557/2016, donde se declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la Licenciada Claudia Ivette Ramírez Rosas en su carácter de apoderada legal de Seguros Atlas, S.A. y se establece que el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital es incompetente para seguir conociendo de la secuela procedimental del Juicio Ordinario Mercantil marcado con el número 148/2016 promovido por el suscrito en contra de la persona moral Seguros Atlas S.A. y que debe de seguir conociendo el Juez Competente en la Ciudad de México." Del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas: "La ejecución material del acto." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VIII del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el primero textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción VIII, de la citada ley dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y ." Del numeral en cita, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Es decir, las cuestiones de competencia se dilucidan entre órganos jurisdiccionales sin intervención de las partes y será hasta que se resuelva dicho planteamiento que pueda determinarse si la resolución dictada le irroga o no perjuicio al quejoso. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la resolución en la que se declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria dentro del juicio ordinario mercantil 148/2016 en el que el peticionario de amparo es parte actora; y su ejecución. Así pues, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emite la determinación de incompetencia, es inconcuso que la resolución en la que la Sala responsable determina que el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas es legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio ordinario mercantil 148/2016, y declina competencia al juez residente en la Ciudad de México, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, en virtud de que es un planteamiento en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Además, el acto reclamado no es de ejecución irreparable, pues no afecta materialmente derechos sustantivos, ya que el juez al que se declinó la competencia, aún no se ha pronunciado sobre ésta, pudiendo también estimar que no sea competente, generándose incluso un conflicto competencial entre ambos jueces. De ello se sigue que la resolución reclamada, no es un acto de imposible reparación, al no determinarse aún, en la época de la promoción del amparo, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que asuma la competencia la autoridad a la que se le declinó, o se resuelva, en su caso, el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo. En tales condiciones, debe concluirse que el acto combatido no se encuadra en lo previsto por el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo en vigor: es decir, no puede considerarse de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa al no tratarse de la resolución en la que se acepte la competencia declinada. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por el Casimiro Martínez Flores. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En otro aspecto, como lo solicita el impetrante de amparo, téngase como autorizados para recibir notificaciones en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a J. Luis Aparicio de la Torre y Manuel Solís Rodarte ya que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; únicamente para oír y recibir notificaciones a José Luis Aparicio Trujillo por así haberse solicitado; y, como domicilio para tal fin, el ubicado en calle Segunda Constitución de 1917, número 101 interior 9 (plaza Kristal Zacatecas), colonia Lomas de la Soledad, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla"

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