Casimiro Castillo López
Expediente 913/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Casimiro Castillo López
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ese auto ha quedado firme. Archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Destino final de los autos.Se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido, por tanto, una vez transcurrido el término previsto en el artículo décimo primero del invocado acuerdo general se procederá a su destrucción.El presente expediente no es de relevancia documental.Este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha, en el entendido de que una vez cumplido este plazo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista al quejoso, el auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en el que: "Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 913/2017-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que el promovente del amparo reclama el auto dictado en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el expediente laboral, mediante el cual se admitió una prueba consistente en un informe a cargo de la moral Caviarq, Sociedad Anónima de Capital Variable, -respecto de lo cual refiere- a pesar de resultar ociosa por no guardar relación con los hechos controvertidos; además, ordenó notificar personalmente a los testigos ofrecidos por los demandados, -a su decir- sin que obre causa justificada para que su oferente se haga responsable de presentarlos el día y hora que se señaló para el desahogo de la prueba testimonial. En el caso concreto, este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última disposición aplicada a contrario sensu, porque el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ahora bien, en un juicio los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no es irreparable, porque constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, al existir la posibilidad legal de que la resolución que ponga fin al juicio natural sea favorable a la parte quejosa, pues en este caso los efectos intraprocesales que ha generado esa actuación desaparecerían. En efecto, en el auto reclamado, en lo interesante se admitió una prueba consistente en un informe a cargo de la moral Caviarq, Sociedad Anónima de Capital Variable; además, se ordenó notificar personalmente a los testigos ofrecidos por los demandados, para que comparezcan el día y hora que se señaló para el desahogo de la prueba testimonial a su cargo; por ende, es indudable que sólo produce efectos de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esa determinación no priva en forma actual el ejercicio de un derecho, pues únicamente lesiona bienes jurídicos cuya fuente proviene de reglas adjetivas o procesales, esto es, la afectación que produce es de naturaleza meramente formal, la cual no puede ser sujeta al análisis constitucional inmediato a través del juicio de amparo indirecto. En efecto, si el acto reclamado por la agraviada en el presente juicio lo constituye, un auto en el cual se admitió una prueba consistente en un informe a cargo de la moral que se indica, y se ordenó notificar personalmente a los testigos ofrecidos por los demandados, para que comparezcan el día y hora que se señaló para el desahogo de la prueba testimonial, es indudable que no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, pues sólo produce efectos de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esa determinación no priva del derecho de defensa a las partes. Por tanto, al tener efectos procesales, el acto reclamado podrá impugnarse a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se haga valer en contra de la resolución culminatoria que en ese asunto se llegue a dictar, en el supuesto de que la violación alegada trascienda a su resultado, conforme a lo dispuesto por el artículo 172, fracciones III y VII, de la Ley de Amparo. En tal guisa, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual en la especie no acontece. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de garantías. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas señaladas en el escrito de demanda, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente a la promovente.
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