Casas Industriales de Ensenada, S.A.
Expediente 887/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2018
Partes del expediente
- Casas Industriales de Ensenada, S.A.
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que envía copias certificadas del expediente 887/2018 y 846/2017, testimonio de la resolución dictada en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en la Q.P. 193/2018; en consecuencia, acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes que dicho órgano determinó: "ÚNICO, Se declara infundada la presente queja.". Es susceptible de destrucción.
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Vista la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 887/2018. La parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "*" Este órgano de control constitucional estima que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De los numerales transcritos es de destacarse que el arábigo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Que también el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del ministerio Público, el archivo temporal, abstenerse de investigar y pronunciarse, si ejercita o no la acción, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado de que se duele ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control. En ese orden, sería la resolución del Juez de Control que decida sobre las acciones u omisiones atribuidas a la autoridad responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Con la precisión de que al asunto en estudio no le son aplicables las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse actos del agente del Ministerio Público en la integración de una carpeta de investigación, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la instancia constitucional. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, SE DESECHA el ocurso de garantías. Como lo solicita el promovente, de conformidad con el arábigo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, previa reproducción autorizada que obre en autos, devuélvase los instrumentos notariales a que alude, dejando razón por su recibo."
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