CARTRO, S.A.P.I. de C.V.
Expediente 321/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- CARTRO, S.A.P.I. de C.V.
Actuaciones
- Principal
VI... Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término que refiere el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de veintitrés de marzo del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 288, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia. Finalmente, en razón de que obra un documento exhibido por la parte quejosa, con apoyo en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo Plenario, dígase que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días a recogerlo, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista de estrados a la quejosa CARTRO, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, por conducto de quien legalmente le represente, el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en el al juicio de amparo 321/2022-VI, que dice: ".Vista la demanda de amparo promovida por Cartro, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, por conducto de su apoderada Adriana Maciel Reyes, personalidad que acredita con copia certificada de escritura pública once mil doscientos cincuenta y ocho, pasada ante la fe del Notario Público número Ciento Setenta y Nueve del Estado de Michoacán; contra actos del Titular de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 321/2022-VI. DESECHAMIENTO Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud que se evidencia la contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, esté último a contrario sensu. Lo anterior dado que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a) fracción III del artículo 107 Constitucional. Ahora, el acto que reclamado consiste en: La sentencia dictada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dentro del toca 62/2022 del índice de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, con motivo de la apelación interpuesta por Genaro Castillo Aguilar, parte demandada en el juicio natural, en la que determinó declarar fundados los agravios expresados por el apelante y revocó el auto impugnado, admitiendo a trámite el incidente de nulidad de actuaciones. En ese sentido, se considera que el acto reclamado no constituye un acto de ejecución irreparable, en virtud de que supone una afectación estrictamente formal, con efectos intraprocesales, que incide únicamente dentro del procedimiento con vista a la obtención de una sentencia favorable que de lograrse, los haría subsanables; por tanto, no produce una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de las partes -libertad personal, integridad, propiedad-, de modo que no se actualiza la procedencia de la demanda de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo requisito de procedibilidad se ciñe a que se trate de actos de juicio que tengan sobre las personas o las cosas efectos que sean de imposible reparación. De ahí que, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional, esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En congruencia con lo anterior, la resolución emitida el veintiuno de febrero del año en curso relativa al recurso de apelación interpuesta por la parte demandada en el juicio natural, en la que declaró fundados los agravios expresados, ordenando revocar el auto impugnado y admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, no vulnera derechos sustantivos, pues no constituye una violación sustantiva, pues si bien impide el ejercicio de algunas acciones, lo cierto es que esas cuestiones son de carácter meramente procesal que no afectan de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; por tanto, resulta improcedente el juicio constitucional3 . Por consiguiente, no se desprende que el acto reclamado, de momento, infrinja algún derecho de la parte quejosa. Además, cabe la posibilidad de que la resolución que emita el juez natural respecto del incidente de nulidad de referencia, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso lo que ahora estima le causa perjuicio quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora, en caso contrario, si dicha resolución no le favoreciera, los actos reclamados podrán combatirse como violaciones al procedimiento al momento en que se promueva el juicio de amparo indirecto en contra de dicha determinación. Lo anterior es así, ya que el artículo 172 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso j), comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio indicado en el escrito de demanda, a fin de notificarle el presente proveído a la parte quejosa, y a su vez le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano federal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo AUTORIZADOS Se tiene por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, siempre que tenga debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES: Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID- 19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese personalmente." Lo anterior en atención al aviso de veinticuatro de marzo del año en curso.
- Principal
VI... Vista la demanda de amparo promovida por Cartro, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, por conducto de su apoderada Adriana ...
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